Anticonceptivos que esconden abusos

El plan de anticoncepción pretendía acompañar el ejercicio de la sexualidad de niñas y adolescentes. / Moris Aldana

Iris sangró. La tía con la que vivía se dio cuenta, y lo atribuyó a su primera menstruación. Pero no. Iris sangró porque su tío político la violó. Tenía 11 años, y vivía con esta pareja desde los 2 años de edad, ya que quedó huérfana de madre, y su padre, un estudiante, no podía hacerse cargo.

Esa primera vez, el tío aprovechó que toda la familia se había ido a un servicio religioso. Después, esperó medio año para volver a violarla y siguió agrediéndola casi a diario. Entonces, la amenazó con que no podía quedar embarazada y, así, se convirtió en usuaria de los métodos anticonceptivos orales suministrados por el Gobierno. No había cumplido ni los 13 años.

En El Salvador hay niñas y adolescentes de 10 a 14 años que recurren a los anticonceptivos por coacción y no como parte del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; con esto, las violaciones se mantienen entre sombras. Son condena y bálsamo. Porque también evitan las consecuencias de un embarazo a una edad y en unas circunstancias inadecuadas

Esta investigación de Glenda Girón para Revista Séptimo Sentido, en alianza con CONNECTAS, encontró que, entre 2009 y 2019, el Ministerio de Salud de ese país registró 31.041 entregas de anticonceptivos inyectables, orales y de barrera hechas a menores de edad entre 10 y 14 años. Ha sido una política sostenida por los últimos tres gobiernos.

Esta entrega sistemática plantea varios conflictos. Uno tiene que ver con el legal. Según las normas locales, “el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad” incurre en un delito de violación y se expone a una pena de 14 hasta 20 años de prisión. Si la pareja está formada por menores de edad, hay una regulación en la Ley Penal Juvenil.

Mario Soriano, médico especialista en Salud y Desarrollo de Adolescentes, con posgrado en Salud Sexual y Reproductiva y coordinador de la Unidad de Atención de Adolescentes del Ministerio de Salud, señala: “En el caso de este grupo de edad, de 10 a 14 años, si tuvo acceso a anticonceptivos, es porque también la situación de relaciones sexuales que ha tenido está tipificada como una violación sexual”. Justifica la política de la cartera, ante la necesidad de actuar frente al embarazo temprano: “No estamos promoviendo el uso de anticonceptivos. Actuamos a la espera de que, cuando venga una chica y reconozcamos la necesidad, ayudemos a la educación y la orientación”.

Todas las relaciones sexuales de adultos con menores de edad giran en torno a delitos: violación, si la víctima tiene hasta 14 años; y estupro, si está entre los 15 y los 18 años. En la práctica, sin embargo, las acciones de investigación y de protección de menores de edad se ejecutan de “manera poco expedita”, según el médico Soriano. Para esta investigación se solicitó, en varias ocasiones y durante semanas, una entrevista con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), pero no fue aprobada.

La Fiscalía General de la República es la encargada de investigar los delitos. La fiscal Marina de Ortega, directora nacional de la mujer, niñez, adolescencia, población LGBTI y grupo en condición de vulnerabilidad, dice no conocer ninguna comunicación institucional que dé cuenta de usuarias del servicio de planificación familiar en edades de 10 a 14 años. Sin embargo, apunta que las instituciones de salud pública están obligadas a alertar a las autoridades cuando tengan indicio de abusos.

Durante el tiempo en que su tío político la violó de manera continuada, Iris buscó ayuda con dos docentes de la institución donde estudiaba. La denuncia, sin embargo, no llegó por esta vía ni por la del personal de salud, sino por su papá, a quien le contó en una de sus esporádicas visitas. El tío fue condenado a más de 30 años de cárcel, pero ya había sido violada desde los 11 años, hasta casi la mayoría de edad.

Son niñas, es delito

Ana, de 17 años, tuvo a sus dos hijos a los 13 y a los 15 años de edad. Sus tres parejas han sido adultos. Como Iris, es usuaria de anticonceptivos. Se inscribió por primera vez a los 14, tras el parto, y recibió asesoría del personal de salud de la clínica de su municipio, pero cuando el padre de su primer bebé emigró, regresó a su hogar y abandonó la planificación familiar.

Estudió hasta tercer grado de primaria. Encarna algo que Hugo González, representante del Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones (UNFPA), describe como fenómeno: “En las más chiquitas, la deserción escolar se da por la unión temprana, aunque el embarazo transita casi paralelo a la unión. Esto las condena a baja educación y a un nivel de empleabilidad que no les garantizará un ingreso que les permita sobrevivir en condiciones dignas”.

A inicios de 2019, el padre del segundo hijo de Ana se fue. Pero, ella no regresó a la casa de su madre y su padrastro. Con su empleo de mesera consiguió pagar un espacio para ella y sus hijos. El ambiente, entre música estridente y alcohol, no era idóneo, ni digno. Allí conoció a su actual pareja, un hombre de 25 que le ofreció techo en una zona de alto riesgo. Hasta este día, ella no dimensiona los delitos de los que ha sido y sigue siendo víctima.

A este conflicto se suma el de los posibles efectos de consumir distintos tipos de anticonceptivos a edad temprana. El informe “Tendencias de embarazos y partos en adolescentes” del Ministerio de Salud de El Salvador para 2013-2017, consigna que, entre los 10 y 12 años, se reporta principalmente el uso de métodos inyectables, seguido por métodos orales, dispositivo intrauterino y de barrera. De 13 a 14 años la proporción es similar, pero también se registra la utilización del método intradérmico.

Algunos de los múltiples estudios sobre los efectos secundarios de los anticonceptivos inyectables demostraron que pueden reducir la densidad mineral ósea de las usuarias, pero se desconoce lo que ocurriría a largo plazo. Sin embargo, instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) no establecen restricciones para el suministro de este y los demás métodos a adolescentes. Al contrario, el acceso y la información sobre ellos se cataloga como un derecho.

En consonancia, las leyes salvadoreñas incluyen artículos en los que establecen que los ministerios de Salud y Educación son instituciones llamadas a crear programas que faciliten información y acceso a recursos en lo relativo a la salud sexual y reproductiva, como los servicios de anticonceptivos. La cartera de Salud, en sus lineamientos, es aún más categórico: “Cualquier método anticonceptivo es más seguro que un embarazo no deseado”.

El enfoque de la información y la educación no alcanza para abordar el problema en El Salvador, pues deja por fuera un factor fundamental: la violencia sexual. En solo cuatro meses de 2019, el Instituto de Medicina Legal recibió 822 casos. En 250 de ellos, las víctimas dijeron tener de 10 a 14 años; en 117 estaban entre los 5 y los 9 años; en 69 consta que las agresiones las sufrieron menores de 1 a 4 años, y 6 no habían cumplido un año.

En El Salvador, el matrimonio está prohibido para menores de edad desde 2017. Sin embargo, las uniones tempranas son una de las causas de la deserción escolar y del embarazo en adolescentes. González, del UNFPA, señala que de cada tres niñas menores de 14 que se registraron encinta, dos estaban en una relación de pareja previa y establecida antes del embarazo.

El año pasado, Verónica Larín, abogada y activista feminista, participó en un programa sobre educación integral en salud sexual desarrollado en 99 centros escolares. Al hacer un diagnóstico de esa experiencia, apunta a dos obstáculos grandes: “El tema religioso y la falta de interés de los padres, porque no quieren que se les hable a los niños de salud sexual”. Un obstáculo que es recurrente en América Latina.

Morena Herrera, defensora de los derechos humanos y fundadora de La Colectiva Feminista, señala que “proporcionar métodos anticonceptivos como parte de una estrategia de prevención de un segundo embarazo es necesario, pero no deben olvidarse otros derechos y otras necesidades de información, de protección, de cambio”.

A su vez Julia Regina de Cardenal, de la Fundación Sí a la Vida, sostiene que las leyes están para proteger a los niños, pero se incumplen y no se castiga al violador. Para ella, “es totalmente incoherente decir que, para prevenir los embarazos en estas niñas, se les tienen que dar anticonceptivos; al contrario, se tiene que velar para que no sigan siendo abusadas”.

Entre Iris y Ana, ambas víctimas, hay distancias. La principal es el reconocimiento. Iris fue atacada y desde el inicio supo que estaba mal. Ana no, ella huyó y sus parejas se volvieron “salvación”. Ana no se siente víctima porque, en su contexto social, otras como ella son víctimas sin poder asumirlo. En ambos casos, también hay similitud: un Estado que las desprotegió y solo estuvo presente en inyectables o pastillas.

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