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Argentina, paralizada

Es la cuarta huelga general que atravesó el Gobierno de Cristina Fernández con un “leitmotiv”: reclamo por impuesto a las ganancias, que jaquea el bolsillo de asalariados en medio de fuerte inflación.

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Daniel Avellaneda - Buenos Aires
01 de abril de 2015 - 03:39 a. m.
Los manifestantes cerraron las principales vías de acceso a Buenos Aires. / EFE
Los manifestantes cerraron las principales vías de acceso a Buenos Aires. / EFE
Foto: EFE - David Fernández
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Son las siete de la mañana y la avenida General Paz tiene tránsito rápido, pero no es un día festivo ni nada que se le parezca. Constitución, cabecera de la zona Sur de la ciudad, está desnuda de ómnibuses y a unos metros, en la estación del ferrocarril Roca, que suele ser un hormiguero, las baldosas brillan por la ausencia de gente. Ocurre lo mismo en Retiro, otro de los puntos neurálgicos del transporte. Y la escena se repite en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, donde el Paro Nacional se sintió fuerte aunque tuvo una gran réplica en todo el país. Argentina estuvo detenida en la cuarta huelga que atravesó el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con un leitmotiv: el reclamo por el impuesto a las ganancias, que jaquea el bolsillo de los asalariados en medio de una fuerte inflación.

Como consecuencia de las medidas que tomaron los gremios opositores, no funcionó el transporte público. Por decisión de la UTA (Unión de Tranviarios Automotor) no hubo colectivos. Los maquinistas de La Fraternidad y los señaleros también se plegaron al cese de actividades, motivo por el cual no hubo trenes. Tampoco hubo subterráneo ni aviones. Es más, hubo vuelos internacionales con destino a Ezeiza que tuvieron que ser desviados a Montevideo. Las estaciones de servicio no operaron, por lo cual fue imposible cargar gasolina. No hubo recolección de basura porque también pararon los camioneros, cuyo sindicato está en manos de Hugo Moyano, uno de los principales opositores a la ´presidenta, líder de la CGT (Confederación General del Trabajo). También se paró en los tribunales.

Bajo esta coyuntura, las avenidas se vieron cargadas por autos en hora pico y taxis. De cualquier modo, hubo menos taxistas, por temor a represalias. Por la madrugada, al menos seis choferes sufrieron el asedio de patotas que obligaban a los pasajeros a bajar de los vehículos en los barrios Balvanera y Recoleta. Los grupos de choque no faltaron en la escena. Y para reforzar la medida, militantes del Partido Obrero cortaron durante seis horas el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos a la capital.

“No va a ser un paro, va a ser un parazo”, había advertido Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad. Y hasta se habló de un nuevo cese de actividades de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo para el 30 de abril. Todo indica que habrá nuevas medidas, porque el Gobierno no está dispuesto a subir el mínimo no imponible porque considera que sólo afecta a entre el 10 y el 15 por ciento de los trabajadores, según los parámetros oficiales. “Atacan la política de Estado”, declaró el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, 24 horas antes había presionado a las empresas de transporte para que garantizaran el traslado, porque son subsidiadas por el Gobierno. Sin ir más lejos, el año pasado se invirtieron 121 millones de pesos diarios, más de 1’300.000 dólares según el cambio oficial, sólo en colectivos. Por eso, ayer por la mañana Fernández disparó: “Es inconcebible. El Estado pone la plata y le hacen paro, al final el Estado termina siendo como el cornudo y apaleado. El que quiere ir a trabajar, no puede hacerlo”.

A pesar de que la inflación, por citar sólo el último año, rozó el 40 por ciento, nunca se actualizó la escala de valores del polémico impuesto a las ganancias. Con un límite de exención de 15 mil pesos (unos 1.700 dólares al cambio oficial, 1.190 en el mercado paralelo, a fin de cuentas el que rige la vida cotidiana), aquellos que superan esa cifra destinan entre uno y cuatro salarios anuales en aportes al fisco. Se trata de unos tres millones de personas, incluyendo jubilados, que reciben ingresos superiores al mínimo no imponible. Entre ellos hay transportistas, bancarios, mineros, empleados públicos y de las comunicaciones. Teniendo en cuenta la estadística, el 85 por ciento no está afectado por el punitivo, pero perciben sueldos que no se corresponden con los aumentos de los precios producto de una economía frágil.

Hay una pregunta que se hacen algunos analistas políticos. ¿Por qué se le hace semejante paro a un gobierno que no piensa dar marcha atrás con su política impositiva y que está en plena retirada? Una lectura es que les están marcando el terreno a los dirigentes políticos que ya están en plena campaña por el sillón que dejará vacante Cristina en diciembre. Ajenos a esta contienda, los trabajadores, los que ganan más y los que ganan menos, son rehenes de un país que hace rato perdió el rumbo económico.

Por Daniel Avellaneda - Buenos Aires

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