Argentina pone en marcha impuesto extraordinario a grandes fortunas
Se calcula que la ley permitirá recaudar unos 3.000 millones de dólares adicionales este año que serán destinados a apoyar la lucha contra el COVID-19, otorgar subsidios y ayudas sociales de emergencia en un país donde la pobreza supera el 40%.
La ley, aprobada en diciembre pasado, establece un “aporte solidario” por única vez que gravará en forma progresiva a las personas cuyo patrimonio supere los 200 millones de pesos (2,17 millones de dólares). El impuesto, impulsado por el peronista Alberto Fernández, fue rechazado por la primera fuerza opositora, la liberal Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, al considerarlo “confiscatorio”.
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La poderosa Sociedad Rural, que agrupa a grandes hacendados de este país agroexportador, teme que el tributo, aunque establecido como un aporte extraordinario, se vuelva permanente en un país cuya frágil economía está en recesión desde 2018. El Senado la aprobó el pasado 4 de diciembre por 42 votos a favor y 26 en contra.
Alcances
La Administración Federal de Impuestos (AFIP) quedó habilitada a partir de este viernes para analizar el patrimonio de los contribuyentes y solicitar el impuesto según la base imponible fijada por ley. Se estima que alcanzará a unos 12.000 ciudadanos en este país de 44 millones de habitantes, 40,9 % de ellos bajo la línea de pobreza.
Según la norma, el impuesto aplicará una tasa progresiva de hasta 3,5 % sobre los bienes declarados en Argentina y de hasta 5,25 % sobre los que se encuentren fuera del país. La recaudación extraordinaria será aplicada a fines precisos, según la ley.
Un 20 % será destinado a insumos médicos para la pandemia, otro 20 % a pequeñas y medianas empresas (Pymes), 15 % a desarrollos sociales, 20 % a becas estudiantiles y 25 % a emprendimientos de gas natural para aquellas personas que no están conectadas a la red. Se calcula que la ley permitirá recaudar unos 3.000 millones de dólares adicionales este año.
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El impuesto recae sobre las personas físicas y no sobre las empresas. Aún resta conocer los plazos y formas de tributación, los que serán detallados en resoluciones de la AFIP la próxima semana. La ley permite a los contribuyentes la repatriación de bienes a fin de reducir la alícuota del impuesto.
La economía Argentina está en recesión desde 2018 y registra un desempleo del 11,7%. Entre enero y noviembre de 2020, el PIB acumuló una caída de 10,6%, según datos oficiales.
Desigualdades
El debate sobre el aporte de las grandes fortunas en medio de la crisis global por la pandemia trasciende a Argentina. La Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd), formada por organizaciones de 13 países, propone aplicar un impuesto similar que calculan permitiría recaudar unos 26.000 millones de dólares, suficiente para garantizar la distribución de la vacuna contra el COVID-19, asegura.
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También la oenegé Oxfam renovó su llamado a crear impuestos sobre la riqueza para combatir “el virus de las desigualdades”. En su último informe anual, Oxfam señaló que “en tan sólo nueve meses, las mil mayores fortunas del mundo ya habían recuperado las pérdidas económicas originadas por la pandemia”. Mientras que los más pobres “necesitarían más de una década para recuperarse de los impactos económicos de la crisis”.
La ley, aprobada en diciembre pasado, establece un “aporte solidario” por única vez que gravará en forma progresiva a las personas cuyo patrimonio supere los 200 millones de pesos (2,17 millones de dólares). El impuesto, impulsado por el peronista Alberto Fernández, fue rechazado por la primera fuerza opositora, la liberal Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, al considerarlo “confiscatorio”.
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La poderosa Sociedad Rural, que agrupa a grandes hacendados de este país agroexportador, teme que el tributo, aunque establecido como un aporte extraordinario, se vuelva permanente en un país cuya frágil economía está en recesión desde 2018. El Senado la aprobó el pasado 4 de diciembre por 42 votos a favor y 26 en contra.
Alcances
La Administración Federal de Impuestos (AFIP) quedó habilitada a partir de este viernes para analizar el patrimonio de los contribuyentes y solicitar el impuesto según la base imponible fijada por ley. Se estima que alcanzará a unos 12.000 ciudadanos en este país de 44 millones de habitantes, 40,9 % de ellos bajo la línea de pobreza.
Según la norma, el impuesto aplicará una tasa progresiva de hasta 3,5 % sobre los bienes declarados en Argentina y de hasta 5,25 % sobre los que se encuentren fuera del país. La recaudación extraordinaria será aplicada a fines precisos, según la ley.
Un 20 % será destinado a insumos médicos para la pandemia, otro 20 % a pequeñas y medianas empresas (Pymes), 15 % a desarrollos sociales, 20 % a becas estudiantiles y 25 % a emprendimientos de gas natural para aquellas personas que no están conectadas a la red. Se calcula que la ley permitirá recaudar unos 3.000 millones de dólares adicionales este año.
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El impuesto recae sobre las personas físicas y no sobre las empresas. Aún resta conocer los plazos y formas de tributación, los que serán detallados en resoluciones de la AFIP la próxima semana. La ley permite a los contribuyentes la repatriación de bienes a fin de reducir la alícuota del impuesto.
La economía Argentina está en recesión desde 2018 y registra un desempleo del 11,7%. Entre enero y noviembre de 2020, el PIB acumuló una caída de 10,6%, según datos oficiales.
Desigualdades
El debate sobre el aporte de las grandes fortunas en medio de la crisis global por la pandemia trasciende a Argentina. La Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd), formada por organizaciones de 13 países, propone aplicar un impuesto similar que calculan permitiría recaudar unos 26.000 millones de dólares, suficiente para garantizar la distribución de la vacuna contra el COVID-19, asegura.
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