Argumentos colombianos ante la Corte

El 4 de febrero de 1980, la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, en un acto sin precedentes en la historia del derecho internacional, formuló ante el cuerpo diplomático acreditado en Managua “una declaración” en la que pretendía denunciar el tratado Esguerra-Bárcenas (1928) por el cual se fijaron los límites marítimos de Colombia con este país centroamericano. Para fundamentar su posición, dio a conocer el llamado Libro blanco, donde estaban consignados los argumentos que, a juicio de los entonces sandinistas, demostraban la invalidez de aquel tratado.

Sostenían, por ejemplo, que este era nulo porque “se había firmado en secreto” y “violando su Constitución Nacional” y que las circunstancias históricas que había vivido Nicaragua desde 1909 habían impedido “una verdadera defensa” de su plataforma continental, aguas continentales y territorios insulares”. En otras palabras, Colombia se había aprovechado de esas circunstancias para apropiarse del archipiélago de San Andrés y Providencia y ejercer una soberanía cuestionable.

Tras la aprobación del acuerdo de delimitación de frontera marítima de Colombia con Honduras, firmado a finales de 1999, el entonces presidente nicaragüense Arnoldo Alemán volvió a insistir en que el tratado Esguerra-Bárcenas carecía de validez y denunció una supuesta conspiración de Colombia para apropiarse de 130 mil kilómetros de aguas territoriales de Nicaragua, en contubernio con Honduras.

Aunque el país ha demostrado con argumentos históricos y jurídicos su soberanía sobre San Andrés, Nicaragua los ha desestimado al punto de que ahora el litigio se reanuda en la Corte Internacional de La Haya. Si bien desde los años ochenta los distintos cancilleres colombianos han desestimado las pretensiones nicaragüenses, éstas no dejan de ocasionar un malestar diplomático entre los dos gobiernos. Con el tratado Esguerra-Bárcenas, Nicaragua reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y Colombia hizo lo propio con Nicaragua respecto de la costa de Mosquitos, desde el cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan y las islas Mangles.

“Se trataba de dos territorios históricamente colombianos: el archipiélago de San Andrés y la costa de Mosquitos”, asegura el internacionalista Enrique Gaviria Liévano, “pues así lo dispuso la real orden del 30 de noviembre de 1803, en la cual el monarca español resolvió que las islas de San Andrés y la parte de la costa de Mosquitos desde el cabo Gracias a Dios, inclusive hacia el río Chagres, quedara segregada de la Capitanía General de Guatemala y fuera dependiente del Virreinato de Santa Fe”.

La real orden de 1803 no fue un acto aislado, sino el coronamiento de muchos otros. Empezando por la real cédula del emperador Carlos V, del 2 de marzo de 1537, en la que toda la provincia de Veragua, descubierta por Cristóbal Colón y cuyo límite se fijaba al norte, en el cabo Gracias a Dios, quedaba bajo la jurisdicción de tierra firme o Panamá, territorio este que fue englobado al año siguiente en la Audiencia y Cancillería Real de Panamá y de la cual formó parte toda la provincia de Veragua durante sus anexiones a las audiencias de Guatemala, primero, y del Perú después.

De acuerdo con Gaviria Liévano, al revivirse el Virreinato de Santa Fe (creado provisionalmente en 1717), España ordenó en la cédula de 1739 conservar como estaban las audiencias de Quito y Panamá y las hizo depender directamente del virreinato. “Lo anterior explica que el rey de España hubiera expedido la real orden de 1803 ordenando que la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés y Providencia se agregaran al virreinato, disposición que nunca fue derogada, sino, por el contrario, confirmada mediante la expedida en Aranjuez el 26 de mayo de 1805”.

En 1825, las Provincias Unidas de Centroamérica —a las que pertenecía Nicaragua— reconocieron la validez de la real orden de 1803 y aceptaron que Colombia ejercía soberanía sobre la costa de Mosquitos y la isla de San Andrés, puesto que se acogían al uti possidetis iuris de 1810, es decir, el criterio según el cual los límites entre estados hispanoamericanos se determinarían con base en los títulos de demarcación territorial que poseyeran las antiguas colonias españolas en 1810. Como para ese entonces Mosquitos y San Andrés eran parte del Virreinato de Santa Fe, estos territorios pasaron a dominio de Colombia al constituirse ésta en un Estado independiente de España. Y en efecto, Colombia ejerció soberanía sobre la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés desde 1803. Sin embargo, en 1914, por el tratado Chamorro-Bryan, Nicaragua entregó en arriendo las islas Mangles a Estados Unidos, en un hecho ilegal y arbitrario. Lo curioso es que, aparentemente, el gobierno colombiano no se dio por enterado de semejante atropello a la soberanía del país y sólo protestó años más tarde.

En 1924, por presión de Estados Unidos, Nicaragua sometió a arbitraje internacional la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y pidió la ayuda e intervención de ese país. No obstante, dice Gaviria Liévano, “las gestiones de los Estados Unidos fracasaron, nuestra Cancillería rechazó la intervención estadounidense en el asunto. Era insólito pensar que Colombia fuese a someter al arbitraje la propiedad de un territorio sobre el que tenía título intachable desde 1803 y sobre el cual venía y sigue ejerciendo soberanía”.

Aún así, y sin que se conozcan claramente las razones (algunos historiadores aseguran que Estados Unidos metió la mano), Colombia firmó en 1928 el tratado Esguerra-Bárcenas, por el cual cedió a Nicaragua la costa de Mosquitos y las islas Mangles a cambio de que este país reconociera la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés. El tratado fue ratificado en 1930 y rige desde entonces.

Sin embargo, el país tiene un as bajo la manga para demostrar, más allá de los títulos jurídicos e históricos, que el archipiélago de San Andrés es colombiano. En una entrevista que concedió en 2001 a la edición centroamericana del desaparecido semanario Tiempos del Mundo, el expresidente Alfonso López Michelsen sostenía la tesis de que hacia 1635, soldados españoles y criollos de Cartagena de Indias recuperaron las islas de manos de los ingleses, que se habían apropiado de ellas durante veinte años, lo cual significaba —de hecho— que ya desde entonces la Nueva Granada ejercía dominio sobre ella.

“Con el nombre de Santa Catalina se conocía el conjunto de islas, cayos y bancos que, en la actualidad, Nicaragua nos disputa. Era una pieza estratégica, clave en el período colonial, porque permitía interceptar los galeones españoles que transportaban el oro de América del Sur hacia La Habana, con destino a Cádiz. Medio presupuesto español dependía de la llegada del oro americano a las arcas del monarca”.

Los ingleses, según López Michelsen, no tardaron en valorar la importancia de esta ruta marítima y, por medio de una colonización emprendida por un grupo de puritanos —la Society of Merchants and Adventurers of Providence Islands Plantation— se apoderaron del archipiélago, cambiándole los nombres y fortificando a Providencia hasta convertirla en un baluarte inexpugnable. Dos expediciones intentaron desde Cartagena de Indias reconquistar las islas. La primera, en el año de 1635, se realizó bajo el mando del gobernador Nicolás de Judice, y la otra en 1640, comandada por don Antonio Maldonado y Tejada; pero ambas fracasaron. “(A estos últimos) el gobernador inglés, de apellido Carter, les ofreció perdonarles la vida si se entregaban, pero, lejos de cumplir con su promesa, procedió a ejecutarlos sin fórmula de juicio”, aseguró el expresidente.

Fue esta razón, el atropello contra los soldado rendidos, lo que originó la contraofensiva española. El almirante Francisco Díaz Pimienta pidió autorización a la Corona para vengar a sus compatriotas y partió con una expedición de mil hombres desde Cartagena para apoderarse del archipiélago a cualquier precio. Y triunfó. “Es ésta la explicación de por qué San Andrés y Providencia entraron a formar parte de las Indias Occidentales españolas, en contraste con Jamaica, Granada, San Vicente y la propia Trinidad”.

Sea como fuere, en caso de que la demanda de Nicaragua prosperara, caso hipotético, y se declarara nulo el tratado de 1928, la situación tendría que retrotraerse a la que existía antes de celebrarse el Esguerra-Bárcenas. Como ha repetido Enrique Gaviria Liévano, Colombia “además de conservar la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, volvería a ser dueña de la costa de Mosquitos, desde el cabo Gracias a Dios hasta el río San Juan, y de las islas Mangles”. Pero el tratado de 1928 está vigente, puesto que se suscribió y ratificó voluntariamente, observando las normas del derecho de gentes, y es ley para las partes según el principio pacta sunt servanda. La posición, pues, de Nicaragua de disputar la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina es tan absurda que en el caso de que se anulara el tratado Esguerra-Bárcenas, lo que pasaría es que, conforme a la cédula real de 1803, la costa de Mosquitia sería colombiana y Nicaragua perdería todo el litoral que tiene sobre el mar Caribe.

La posición nicaragüense

El principal argumento que Nicaragua ha utilizado desde que entabló la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido que el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 (que otorga a Colombia la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) fue firmado bajo “apropiación ilegal” de estos territorios, debido a la ocupación “política y militar” en la que se encontraba el país centroamericano.

“Estamos hablando de 300.000 kilómetros cuadrados, de los cuales Colombia quiere encerrarnos en menos de 100.000 kilómetros cuadrados y quedarse con más de 200.000 kilómetros cuadrados. Ese es el principal tema que está en juego”, asegura Carlos Argüello, agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.

Esta semana en La Haya

Alegato de Nicaragua

El lunes Nicaragua comenzó a exponer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus alegaciones contra la soberanía que ejerce Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, en el mar Caribe, desde hace más de 80 años, que consideró una “apropiación ilegal”.

Reclamo de soberanía

El martes fue el segundo día en el que el embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos José Argüello Gómez, argumentó y explicó mediante mapas y otros documentos gráficos cuál debe ser la delimitación marítima correcta según Managua y que otorgaría a su país la soberanía de los territorios en conflicto.

¿Apropiación ilegal?

Colombia preparó el miércoles su intervención. El embajador nicaragüense había dicho que el Tratado Esguerra-Bárcenas firmado en 1928 y ratificado en 1930, se hizo cuando Nicaragua estaba ocupada militar y políticamente por EE.UU. y llamó “apropiación ilegal” la soberanía del archipiélago que se ejerce desde entonces.

Defensa de Colombia

El país defendió el jueves su histórica soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, parte de la “identidad nacional colombiana durante dos siglos”, incluyendo los cayos caribeños en disputa con Nicaragua. El excanciller colombiano Julio Londoño se encargó de realizar la intervención de apertura.

Managua, sin base legal

El viernes el equipo colombiano alegó que Nicaragua carece de “base legal” para pedir cambios en la frontera marítima entre ambos países. “No hay necesidad de limitar las zonas marítimas, porque están demasiado separadas”, indicó el experto legal Rodman Bundy, en representación de Colombia.