El puente internacional de Rumichaca, la principal arteria comercial entre Ecuador y Colombia, reabrió sus pasos este lunes 1 de junio, luego de un cierre de 36 horas decretado por Migración Colombia para garantizar la seguridad durante la jornada electoral del domingo. Muchas personas en la frontera estaban esperando con ansias el anuncio, pues detrás había algo más trascendental.
La reapertura coincidió con la entrada en vigor de la resolución 2026-0051-RE del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), que eliminó por completo los aranceles a las importaciones de productos colombianos. Esta tasa, bautizada inicialmente por el gobierno de Daniel Noboa como “tasa de seguridad”, había escalado de manera asfixiante a lo largo del año, pasando de un 30 % en febrero, a un 50 % en marzo, hasta alcanzar el 100 % en mayo.
A primeras horas de la mañana, una fila de 15 vehículos de carga pesada en el sector ecuatoriano evidenciaba la paulatina normalización del transporte de mercancías.
“Es una noticia para celebrar. Los sectores que integran la cadena logística de comercio exterior de Tulcán e Ipiales ya no aguantábamos más”, aseguró Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, al medio Primicias, en referencia a las pérdidas acumuladas por transportistas y agentes aduaneros a raíz del conflicto bilateral.
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Pese al beneficio comercial, las condiciones en las que se dio el desmonte de los aranceles abrieron un nuevo frente de batalla entre ambas naciones en pleno contexto de los comicios colombianos. Hay una doble atmósfera entre el alivio económico de los comerciantes fronterizos y una aguda tensión diplomática entre los gobiernos de Quito y Bogotá.
El pasado viernes, Noboa sacudió el tablero político al asegurar públicamente que la eliminación total de los aranceles se había pactado mediante un acuerdo directo con el candidato presidencial colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, quien sorprendió en la primera vuelta electoral al superar los 10 millones de votos.
La Cancillería de Colombia calificó las afirmaciones de Noboa como “engañosas” y acusó al mandatario vecino de una “intromisión indebida” en el proceso electoral democrático del país. De acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, la medida adoptada por Quito no responde a un acto de buena voluntad política ni a un pacto con De la Espriella, sino al cumplimiento obligatorio de los dictámenes de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), que a inicios de mayo otorgó un plazo a Ecuador para retirar las tasas por vulnerar el Acuerdo de Cartagena
La crisis fronteriza se había detonado en enero pasado, cuando Noboa impuso los primeros aranceles alegando que Colombia no ejercía un control militar y judicial suficiente contra el narcotráfico en la zona común.
La represalia de Bogotá no se hizo esperar y el gobierno Petro suspendió la interconexión eléctrica hacia el territorio ecuatoriano, en medio de la crisis energética de ese país, y bloqueó el ingreso terrestre de productos agrícolas clave como el arroz y el banano. En respuesta, Ecuador elevó drásticamente el costo de transporte de crudo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de sus oleoductos.
“(Esto es una) intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”, señaló la Cancillería colombiana tras la intervención de Noboa, quien no comunicó que la decisión era producto de la orden de la CAN.
Con las aduanas de Rumichaca procesando nuevamente los primeros cargamentos libres de aranceles desde Ecuador, se espera que en las próximas horas el gobierno colombiano oficialice el desmonte recíproco de sus aranceles.
“Vamos, de acuerdo con nuestro ordenamiento, a firmar un decreto mañana (lunes)”, dijeron fuentes del gobierno citadas por Caracol Radio.
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