Muchos brasileños lo pensaban desde que Lula da Silva logró recuperar sus derechos políticos: “Él es la alternativa más realista para vencer a un líder que ha mostrado desdén por la democracia”, escribió, en marzo del 2021, la periodista Carol Pires en The New York Times. Este domingo, Brasil tomó una decisión importante: dudar de un presidente con rasgos autoritarios, que debilitó la institucionalidad y aceleró la pobreza extrema.
En esta segunda vuelta, con una votación reñida que ya preveían los analistas, Luiz Inácio Lula da Silva, con su Partido de los Trabajadores (PT), ganó las elecciones de Brasil. Su victoria la confirmó el Tribunal Supremo Electoral: con el 98,86 % de los votos escrutados, el líder izquierdista obtuvo el 50,83 % de los apoyos, mientras que Bolsonaro perdió la contienda con el 49,17 % de los sufragios. El reto para Lula era complicado, pues el mandatario ultraderechista obtuvo en la primera vuelta de las presidenciales un fuerte apoyo que ninguna de las principales encuestas del país detectó.
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La ultraderecha en Brasil resultó más fuerte de lo que nos imaginamos en ese primer encuentro electoral: Bolsonaro obtuvo el 43 % de los votos, a cinco puntos de distancia de Lula da Silva. El líder del PT debía convencer a uno de los sectores del electorado que más se le resisten: los evangelistas, la principal fuerza para Bolsonaro.
“Este es un terreno extremadamente resbaladizo para el izquierdista, porque buena parte de los líderes de las iglesias protestantes más pujantes están firmemente implicados en una campaña contra él”, explicó Naira Galarraga, de El País, de España. Hasta hace unos días, Bolsonaro tenía el 66 % de las intenciones de voto entre los evangélicos, contra el 28 % de Lula. Esto era clave en un país donde casi un tercio de la población es evangélica.
Pero también había otra parte importante de los brasileños que había que convencer: “Movilizar al São Paulo periférico, el que trabaja, pero no duerme en la zona de rascacielos del centro, era crucial”, escribió hace unas semanas Jon Martín Cullell, de El País, de España. Este asunto es fundamental, pues Lula tendrá que entrar a barrer los escombros de una administración que gobernó a medias, sobre todo cuando hablamos de hambre y pandemia.
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“Tiene a su favor el hecho de que el actual presidente destruyó completamente lo que fue el gran logro del gobierno Lula: sacar a Brasil del mapa del hambre”, nos explicó hace un par de meses Ana Tereza Duarte, politóloga y doctoranda en Ciencia Política de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE). Y justamente ese es uno de los puntos en su plan de gobierno: “Restaurar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población brasileña —los que sufren la crisis, el hambre, el alto costo de vida— tanto por medio de acciones de emergencia como de políticas estructurales”, dice el documento.
Lula afirma que quiere impulsar la inversión pública y mejorar el salario mínimo para restaurar el poder adquisitivo de los brasileños frente a la inflación. También propuso una nueva legislación laboral para ampliar la protección social a todas las formas de ocupación, así como una reforma tributaria “para que los pobres paguen menos y los ricos paguen más”. Aquí otras de sus propuestas económicas y sociales:
- Quiere trazar un plan para reindustrializar Brasil y revertir la privatización de empresas paraestatales, como Correos y Eletrobras.
- Para combatir la inflación, en palabras de Cullell, propone regular las existencias de productos agrícolas y ‘brasileanizar’ los precios de los combustibles acorde a los costos nacionales.
- Planea rescatar el famoso programa Bolsa Familia de ayudas para los más necesitados. La idea es tener una renta básica universal para cada ciudadano.
- Dice también que quiere trazar un plan para reducir el endeudamiento que afecta a casi el 70 % de las familias en Brasil.
- Quiere garantizar los derechos de las minorías. “Para los pueblos indígenas, por ejemplo, afirmar su posesión de las tierras para evitar actividades predatorias”, explicó Cullell.
- Y esto último, a la vez, va ligado con sus propuestas medioambientales, un pilar fundamental en su programa de gobierno.
- Lula promete combatir la minería ilegal, los incendios y la deforestación en la selva amazónica, fortaleciendo los órganos de preservación y control, debilitados durante la gestión de Bolsonaro.
- Pretende, asimismo, destrabar los recursos millonarios del Fondo Amazonía, financiado por Noruega y Alemania, y paralizado desde 2019.
- Promete cumplir las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidas en el Acuerdo de París y asegurar la transición energética de Brasil.
Una segunda vuelta en la que las tensiones, de nuevo, fueron protagonistas
El desarrollo de la segunda vuelta electoral no estuvo exento de reparos y fuertes tensiones. Desde la mañana del domingo se empezaron a escuchar denuncias de algunos seguidores de Lula da Silva con respecto a las acciones de la Policía de Carreteras, acusada de impedir el paso a algunos vehículos que transportaban votantes afines al líder del Partido de los Trabajadores.
Ante el revuelo, Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral, afirmó que hubo “innúmeras” operaciones de la Policía Federal de Carreteras, basadas en el Código de la Circulación. “En algunos casos retrasaron la llegada de los votantes, pero en ningún caso impidieron a los votantes llegar a sus secciones”. A través de un comunicado publicado después de que la entidad incumpliera la orden del Tribunal Supremo Electoral de prohibir los operativos contra el transporte público de votantes, la Policía mencionó que se mantuvo fiel a su “objetivo constitucional: garantizar la seguridad de la sociedad”. Agregó que colaboró con el proceso electoral, citando el acompañamiento de 794 urnas y la incautación de 4,5 millones de reales en doce hechos, informó el medio Folha. Ese mismo periódico dijo que, hacia las 12:35 p.m. del domingo, se registraron cerca de 514 inspecciones de la Policía, un número 70 % superior al registrado en las elecciones del pasado 2 de octubre.
Al respecto, Matías Alejandro Franchini, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, le comentó a este diario que “se escucharon denuncias, sobre todo de la campaña de Lula, de que esto pudo ser una maniobra deliberada para retrasar a las personas o evitar su llegada a los sitios de votación. Esto podría ser potencialmente una situación grave, si se confirma que fue una maniobra de parte del gobierno para retrasar o limitar el derecho a sufragar de cierta parte del electorado brasileño. Hay que ver cómo evoluciona esto”.
Franchini reconoce que “la situación es preocupante”. Para él, independientemente de los resultados de los comicios, esto marca, probablemente, otro capítulo en el enfrentamiento entre Bolsonaro y el Tribunal Supremo Electoral, específicamente con Moraes, “con quien se ha venido enfrentando sistemáticamente en los últimos tiempos”. A su parecer, esto es una confrontación más entre los poderes de Brasil, que marca un hecho “lamentable y preocupante para la democracia del país”.
Al preguntarle cómo afecta esto la legitimidad de los comicios a la doctora Ana Mauad, directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, la docente respondió: “La legitimidad sigue igual, pero si la diferencia es pequeña y se llega a comprobar que eso impactó el resultado final —lo que no creo—, ahí se podría cuestionar el resultado. La elección sigue legítima, pero hay un daño muy grande al proceso y a la democracia brasileña. Lo qué pasó fue muy grave y hay que investigar”.
La violencia en Brasil
La inseguridad alimentaria, el desempleo y garantizar los derechos de las minorías no son los únicos temas que debe tener Lula en la cabeza. De hecho, a corto plazo hay un temor más tangible que se sintió con fuerza en los últimos meses: que se desate una ola de violencia a raíz de una polarización desafiante. “Llevo 22 años analizando este país y nunca lo vi tan asediado por el peligro de una intentona de guerra civil, dado el calado de odio que Bolsonaro ha conseguido inyectar en todos los estratos de la sociedad”, escribió Juan Arias, corresponsal de El País, de España. Por su parte, el consultor político Caio Manhanelli le dijo a El Espectador: “Tenemos un país donde la violencia política se ha nacionalizado. Bolsonaro ha dejado un Brasil fragmentado”.
En el estado de Ceará, por ejemplo, un sospechoso entró en un bar, preguntó quién era votante de Lula y apuñaló a un hombre, que murió poco después en el hospital. Mientras que en Santa Catarina, un simpatizante de Bolsonaro murió a cuchilladas durante otra riña en un bar. El mismo PT recibió correos electrónicos amenazando a Lula: “El cuchillo ya está afilado”, se leía en uno de ellos.
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Todo esto en un país con unos índices de violencia preocupantes. Hubo 20.100 asesinatos en los primeros seis meses de este año, lo que representa una caída del 5 % con respecto al mismo período del año pasado, según datos publicados por el medio local Globo.com. “Aun así, la cifra es alta: en promedio, más de 111 brasileños fueron asesinados por día en el primer semestre de 2022″, se lee en la publicación.
En materia de seguridad, Lula propone dar un tratamiento especial a los feminicidios y a los crímenes contra la comunidad LGBT. Dice que es necesaria una nueva política sobre drogas que sustituya el actual modelo “bélico” de combate al narcotráfico con estrategias que privilegien la investigación y la inteligencia para desarticular las organizaciones criminales.
Las divisiones en su partido y un pasado turbulento, los otros desafíos
Juan Arias comentó hace unos días que si Lula ganaba las elecciones, no sería esta vez un gobierno de izquierda, “ya que tendrá que repartir el poder entre todas las fuerzas que lo arropan”. Esto podría tener sus pros y contras.
“Que Geraldo Alckmin sea su fórmula vicepresidencial fue una jugada inteligente por parte de Lula, porque eso transmite una idea de moderación, de liberalismo, y que no será una izquierda radical”, nos comentó Ana Tereza Duarte, quien agregó hace un par de meses que, en su opinión, si Lula da Silva llegaba a la Presidencia era probable que fuera un líder pragmático. “Nunca gobernó de una manera populista; conversó con los empresarios y tuvo a los banqueros a su lado. Incluso, diría que él sería capaz de hacer privatizaciones si fuera necesario”, agregó la analista.
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Por su parte, Arias dice que esto podría ser un problema. “El hecho de que Lula deba repartir el poder entre sus aliados ha generado cierto malestar y preocupación entre los miembros del PT, que tendrán que asimilar esta distribución entre quienes no solo no son de izquierdas, sino que fueron enemigos acérrimos de ella”, escribió en el diario español.
Y es que muchos seguidores de Lula no están de acuerdo con la designación de Alckim como su fórmula, pero saben que es un “mal necesario” para derrotar a Bolsonaro. Entre ellos está la activista de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), Bruna Benevides, quien afirma que la historia, si gana Lula en segunda vuelta, no terminará acá. “Sacar a Bolsonaro del poder no será suficiente”.
“Cuando Bolsonaro fue elegido en 2018, trajo consigo una lista de políticos alineados con su forma y su visión, una política antiderechos humanos, contra la comunidad LGBTIQ+, contra la protección de las personas indígenas, así como una política racista. En 2018 se eligieron muchos “bolsonaros” en varios niveles del Estado. Esto es muy importante, porque sacarlos del poder requiere una organización y una fuerza más larga en términos de tiempo. No creemos que sacar a Bolsonaro solucione los problemas de Brasil, pero es una respuesta a todo lo malo que él representa”, aseveró Benevides.
¿Y los señalamientos que tuvo por corrupción?
El escándalo que llevó a Lula a la cárcel puso sobre la mesa algunas irregularidades que contribuyeron a frenar una era de prosperidad en Brasil. El líder del PT fue declarado culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en el 2021 el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó esas condenas, pues a Lula no se le habían respetado sus derechos durante el proceso, que llevó a cabo el juez Sergio Moro. Él dice que esa decisión es una prueba de su inocencia y afirma que fue perseguido durante el Lava Jato.
“Muchos de los proyectos que Da Silva puso en marcha [en sus gobiernos anteriores], según los críticos, eran insostenibles, suponían un despilfarro y estaban contaminados por la corrupción”, se lee en una publicación de The New York Times. De ahí que algunos expertos digan que uno de los mayores desafíos de Lula será impulsar proyectos estructurales serios que logren sacar a los brasileños del desempleo y la pobreza.
“Si bien los problemas económicos no explotaron en sus manos, sí en los de su sucesora; Lula se enfocó en el aumento del consumo, pero poco en reformas importantes. Y es justamente eso lo que se le reclama ahora: debe impulsar reformas profundas y no superficiales”, nos comentó hace unos meses Hugo Borsani, profesor de la Universidad del Estatal del Norte Fluminense e integrante de Latinoamérica 21.
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