Así persigue y ahoga Nicolás Maduro a las universidades en Venezuela

US$0,045 dólares. Ese fue el pago que recibió una profesora de la Universidad de Zulia en la primera quincena de marzo por su trabajo como docente en esa institución pública. El desembolso de su salario no estuvo a cargo del centro educativo, como siempre había sucedido, sino que fue el mismo Banco Central de Venezuela el responsable de consignar el monto con el que no alcanza ni para comprar un pan.

A las universidades públicas de Venezuela la dictadura les quitó un espacio que les quedaba de independencia: su capacidad de administrar los escasos fondos con los que intentan mantenerse abiertas. El régimen de Nicolás Maduro emitió una directiva por la que el presupuesto de esas instituciones es manejado por el Gobierno, no por cada alma máter.

Ahora, para hacer pagos y desembolsos las instituciones dependen de la intermediación del régimen, un Ejecutivo que lleva siete años afectando los centros de educación superior: estudiantes y docentes detenidos, reducción de recursos y un allanamiento a la Universidad de Carabobo están en la lista de sucesos contra esas instituciones y quienes las dirigen.

Y es que el movimiento estudiantil ha sido epicentro de la oposición: fomentó la resistencia a Hugo Chávez en 2007, también encabezó las manifestaciones contra Maduro de 2014, 2017 y 2019. Los estudiantes y profesores tomaron la consigna democrática en las calles y se convirtieron en otras víctimas de la represión del oficialismo.

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“La autonomía universitaria es esencial para garantizar la libertad académica y el resto de libertades que coexisten con esta. Si la universidad no tiene presupuesto, no puede tomar decisiones autónomas”, afirma Ricardo Villalobos, profesor y coordinador de investigaciones e incidencia internacional de Aula Abierta.

Los cambios se dieron en cuestión de días. A comienzos de marzo la Oficina de Planificación del Sector Universitario notificó que los pagos se harían a través del Sistema Patria y para el primer salario de ese mes ya los colaboradores educativos tenían en sus cuentas bancarias una transacción en nombre del régimen.

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El Sistema Patria es la plataforma mediante la cual Venezuela entrega mercados, auxilios y servicios solo a ciudadanos inscritos. Pero hay un problema: los opositores desconfían y no quieren que sus datos estén en manos del Palacio de Miraflores.

El presupuesto para la educación fue alejado de las instituciones y quedó en manos de terceros. Una acción más contra la universidad pública venezolana que se suma a la imposición de vicerrectores, el aplazamiento de elecciones de autoridades universitarias y la asfixia presupuestaria.

La CIDH detalló en marzo que “este tipo de medidas puede configurar violaciones a la autonomía universitaria y los derechos laborales, inhibiendo el ejercicio de la libertad académica y la libertad de expresión del profesorado y personas trabajadoras de las universidades públicas”.

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Desde 2008 el Gobierno emitió aumentos de presupuesto anual que no iban en línea con la inflación del país. Los bolívares escasearon de manera progresiva hasta que para 2019 el monto asignado a las instituciones fue de alrededor del 1 % del que necesitaban para operar, según reporta Aula Abierta.

Gabriel Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, relata que las aulas virtuales estuvieron, prácticamente, cerradas en 2020 porque los profesores no recibían su salario y la conexión a internet era insuficiente para dar cátedra. Las clases se dictan por WhatsApp, a veces a través de un video pregrabado, y la falta de exámenes ha retrasado el grado de alumnos como Cabrera.

Antes la comunidad educativa tenía comedores gratuitos, transporte subsidiado en buses propiedad de las instituciones, los docentes contaban con respaldo económico del sector público para cursar maestrías y doctorados en el exterior y la inyección de presupuesto hacía de las universidades venezolanas líderes en la región.

Sin embargo, el panorama cambió. El caso de la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, sirve como ejemplo: descendió en el ranking mundial QS de instituciones de educación superior de la posición 551 a la 751. Mientras los profesores siguen comprometidos con dar sus cátedras así los pagos sean irrisorios, el oficialismo deterioró las condiciones que propiciaban un buen entorno educativo.

En 2019 los comedores se quedaron sin alimentos para brindar un almuerzo completo a los alumnos, la escasez de combustible hizo que algunos no tuvieran cómo transportarse hasta sus facultades y la hiperinflación (2.959,8 %, según el Banco Central) dejó a otros sin cómo pagarse la matrícula y pulverizó el salario de los docentes.

Un pago que puede ser de US$0,045 o, como mucho, de US$5, pero que ni siquiera alcanza para un mercado completo.

* Investigadora adscrita al proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.

US$0,045 dólares. Ese fue el pago que recibió una profesora de la Universidad de Zulia en la primera quincena de marzo por su trabajo como docente en esa institución pública. El desembolso de su salario no estuvo a cargo del centro educativo, como siempre había sucedido, sino que fue el mismo Banco Central de Venezuela el responsable de consignar el monto con el que no alcanza ni para comprar un pan.

A las universidades públicas de Venezuela la dictadura les quitó un espacio que les quedaba de independencia: su capacidad de administrar los escasos fondos con los que intentan mantenerse abiertas. El régimen de Nicolás Maduro emitió una directiva por la que el presupuesto de esas instituciones es manejado por el Gobierno, no por cada alma máter.

Ahora, para hacer pagos y desembolsos las instituciones dependen de la intermediación del régimen, un Ejecutivo que lleva siete años afectando los centros de educación superior: estudiantes y docentes detenidos, reducción de recursos y un allanamiento a la Universidad de Carabobo están en la lista de sucesos contra esas instituciones y quienes las dirigen.

Y es que el movimiento estudiantil ha sido epicentro de la oposición: fomentó la resistencia a Hugo Chávez en 2007, también encabezó las manifestaciones contra Maduro de 2014, 2017 y 2019. Los estudiantes y profesores tomaron la consigna democrática en las calles y se convirtieron en otras víctimas de la represión del oficialismo.

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“La autonomía universitaria es esencial para garantizar la libertad académica y el resto de libertades que coexisten con esta. Si la universidad no tiene presupuesto, no puede tomar decisiones autónomas”, afirma Ricardo Villalobos, profesor y coordinador de investigaciones e incidencia internacional de Aula Abierta.

Los cambios se dieron en cuestión de días. A comienzos de marzo la Oficina de Planificación del Sector Universitario notificó que los pagos se harían a través del Sistema Patria y para el primer salario de ese mes ya los colaboradores educativos tenían en sus cuentas bancarias una transacción en nombre del régimen.

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El Sistema Patria es la plataforma mediante la cual Venezuela entrega mercados, auxilios y servicios solo a ciudadanos inscritos. Pero hay un problema: los opositores desconfían y no quieren que sus datos estén en manos del Palacio de Miraflores.

El presupuesto para la educación fue alejado de las instituciones y quedó en manos de terceros. Una acción más contra la universidad pública venezolana que se suma a la imposición de vicerrectores, el aplazamiento de elecciones de autoridades universitarias y la asfixia presupuestaria.

La CIDH detalló en marzo que “este tipo de medidas puede configurar violaciones a la autonomía universitaria y los derechos laborales, inhibiendo el ejercicio de la libertad académica y la libertad de expresión del profesorado y personas trabajadoras de las universidades públicas”.

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Desde 2008 el Gobierno emitió aumentos de presupuesto anual que no iban en línea con la inflación del país. Los bolívares escasearon de manera progresiva hasta que para 2019 el monto asignado a las instituciones fue de alrededor del 1 % del que necesitaban para operar, según reporta Aula Abierta.

Gabriel Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, relata que las aulas virtuales estuvieron, prácticamente, cerradas en 2020 porque los profesores no recibían su salario y la conexión a internet era insuficiente para dar cátedra. Las clases se dictan por WhatsApp, a veces a través de un video pregrabado, y la falta de exámenes ha retrasado el grado de alumnos como Cabrera.

Antes la comunidad educativa tenía comedores gratuitos, transporte subsidiado en buses propiedad de las instituciones, los docentes contaban con respaldo económico del sector público para cursar maestrías y doctorados en el exterior y la inyección de presupuesto hacía de las universidades venezolanas líderes en la región.

Sin embargo, el panorama cambió. El caso de la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, sirve como ejemplo: descendió en el ranking mundial QS de instituciones de educación superior de la posición 551 a la 751. Mientras los profesores siguen comprometidos con dar sus cátedras así los pagos sean irrisorios, el oficialismo deterioró las condiciones que propiciaban un buen entorno educativo.

En 2019 los comedores se quedaron sin alimentos para brindar un almuerzo completo a los alumnos, la escasez de combustible hizo que algunos no tuvieran cómo transportarse hasta sus facultades y la hiperinflación (2.959,8 %, según el Banco Central) dejó a otros sin cómo pagarse la matrícula y pulverizó el salario de los docentes.

Un pago que puede ser de US$0,045 o, como mucho, de US$5, pero que ni siquiera alcanza para un mercado completo.

* Investigadora adscrita al proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.