A partir del 5 de enero de 2016 la Asamblea Nacional de Venezuela estará dominada por una inédita mayoría calificada de dos tercios de la oposición. Antes de que comience esa legislatura, ya se adelantan las luchas de poder entre la nueva mayoría opositora y el chavismo. El partido gobernante, PSUV, mueve sus fichas contrarreloj para blindarse ante lo que pueda hacer la oposición.
Los principales anuncios los ha hecho el saliente presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, quien es el número dos del chavismo y seguirá ejerciendo como diputado en el Parlamento. Cabello ha dicho que el oficialismo, que conserva hasta ahora la mayoría en la Asamblea, no caerá en “chantajes” y aprobará las leyes “que sean necesarias” para “proteger” al pueblo. Además, ha utilizado una retórica del miedo y del castigo contra quienes apoyaron a la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) en las elecciones: “El pueblo votó el domingo y dentro de poco vendrá el castigo. El castigo cuando esta Asamblea Nacional no apruebe los créditos adicionales para las pensiones, el castigo cuando esta Asamblea Nacional no apruebe el crédito adicional para la construcción de vivienda”.
En la primera audiencia de la Asamblea después de los comicios, fue aprobada una ley que transfiere a los trabajadores la propiedad del canal de televisión y la radio del Parlamento (ANTV y AN Radio). Esto con el ánimo de “proteger” estas instituciones de la “arremetida fascista” de la oposición. Los líderes opositores, desde antes de las elecciones, han acusado a estos canales de estar al servicio no de la Asamblea sino del PSUV. Por esta razón, el diputado opositor electo Henry Ramos Allup, quien podría ser el próximo presidente de la Asamblea, ha dicho que en el periodo que comienza en enero los directivos de los medios de comunicación de la AN serán removidos de sus cargos.
Otra polémica medida que ha tomado el chavismo en la AN es la designación de la jueza Susana Barreiros, quien condenó a Leopoldo López a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, como Defensora Pública General de Venezuela. Barreiros tendrá entre sus funciones, según la web de la Defensoría Pública, “prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica”. El nombramiento de Bareiros se puede leer como una ofensa a la oposición, pues ha sido fuertemente cuestionada desde que el fiscal acusador de Leopoldo López, Franklin Nieves, viajó a EE.UU. para denunciar que todo el juicio contra el opositor había sido un montaje orquestado desde el Ejecutivo.
Quizás la medida más cuestionada que ha anunciado el chavismo es la designación a última hora de 18 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La oposición sostiene que ese nombramiento sería inconstitucional y que busca dejar en el poder judicial magistrados afines al chavismo.
No sólo la oposición ha rechazado enfáticamente esta intención. También la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y 26 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, mediante comunicados exigieron detener la designación anticipada de los magistrados. Según el documento de la Academia de Ciencias Política y Sociales, “una elección apresurada de magistrados, cuando los períodos de los que deben sustituir no se encuentran vencidos, realizada por una mayoría transitoria de diputados con mandatos a punto de fenecer y mediante un procedimiento que no garantiza una selección y elección pública, objetiva, transparente e imparcial de los candidatos, sería violatoria del orden constitucional”,
La instrumentalización del poder judicial por parte del chavismo no constituye una preocupación nueva. Durante más de una década, de manera reiterada, múltiples activistas y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) han expresado su preocupación ante la falta de independencia de jueces y la falta de mecanismos para garantizarla (estabilidad laboral, ejercicio libre de sus funciones, seguridad y protección, entre otras).
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que ahora “Venezuela puede comenzar a revertir más de una década de autoritarismo restableciendo la independencia del Tribunal Supremo”, pero “esta oportunidad (...) será desperdiciada si Diosdado Cabello consigue copar políticamente una vez más el tribunal con adeptos”.
Respecto a la designación de nuevos magistrados, según la Constitución, el partido con la mayoría calificada de dos tercios en la próxima Asamblea Nacional, es decir la oposición, tendrá la capacidad de remover a estos magistrados de sus cargos y hacer nuevos nombramientos, lo mismo con otros funcionarios de los máximos poderes del Estado. No obstante, un TSJ afín al chavismo podría entorpecer mucho la labor de la Asamblea en sus inicios. Como ha dicho Vivanco, “si el Tribunal integrado con nuevos incondicionales del actual Gobierno actúa como lo ha hecho en la última década, es casi seguro que intentará frenar tales esfuerzos, y esto podría provocar una profunda crisis constitucional que contribuirá a socavar más aún el estado de derecho en Venezuela”.
Por Redacción Internacional
