Así se tomó el Chavismo las tres ramas del poder en Venezuela

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por una mayoría opositora que se había declarado en desacato frente al régimen de Maduro, tenía los días contados.

 Después del 30 de julio, cuando se llevaron a cabo las elecciones para escoger a las personas que se encargarán de reescribir la Constitución de Venezuela, era claro que el nuevo organismo, con facultades extraordinarias y compuesto por las figuras más leales del chavismo, se encargaría de allanar el camino para garantizar la supervivencia de la Revolución Bolivariana.

El primer blanco de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue la líder del Ministerio Público. Luisa Ortega fue una de las primeras voces que alzaron la voz contra la intención del régimen de acaparar las tres ramas del poder.

No contento con ejercer el control de la rama ejecutiva del Estado, el chavismo llevaba años infiltrando a la rama judicial. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el organismo judicial de mayor autoridad en Venezuela, está compuesto por una mezcla de antiguos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), exfuncionarios e incluso familiares de personas que trabajan para el Gobierno.

Luis Ortega, que llevaba años siendo una chavista fiel, se convirtió en la piedra en el zapato de Maduro a finales de marzo de este año. Ese mes, el TSJ hizo pública la sentencia 156, con la que buscaba atribuirse las funciones del Parlamento y la fiscal fue una de las primeras en describir la acción de la justicia venezolana como un “golpe a la institucionalidad”.

Los intentos del TSJ para limitar el poder legislativo vienen de mucho más atrás. En 2016, los magistrados fieles al chavismo empezaron a atribuirse funciones de los parlamentarios cuando decidieron el presupuesto nacional y por si esa intromisión no fuera suficiente, la TSJ también se convirtió en un obstáculo insalvable para la legislación que pasaban los parlamentarios.

Frenaron una ley que buscaba amnistía para los presos políticos, una ley de Emergencia Económica, argumentando inconstitucionalidad y más adelante, impidieron que se nombrara nuevos funcionarios en el Consejo Nacional Electoral, otra de las instituciones controladas por el chavismo.

A pocos días de haberse inaugurado, la primera decisión de Asamblea Nacional Constituyente fue deshacerse de la fiscal y remplazarla con el hasta entonces defensor del pueblo Tarek, otra ficha del régimen.

No contento con el control del Ministerio Público el siguiente paso del chavismo era tomarse el poder legislativo anulando la Asamblea Nacional, algo que logró el viernes 18 de agosto cuando, mediante un decreto la Constituyente anunció que asumiría "las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos (...) Así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley ".

Con esto, los Constituyentes terminan de anular el poder del Parlamento y el chavismo se queda con el control del poder ejecutivo, a la cabeza de Nicolás Maduro, el legislativo, con la Asamblea Nacional prácticamente anulada y, finalmente, con el control de la justicia, a manos de la TSJ.

El chavismo acapara todo el poder en Venezuela, pero las cosas prometen ponerse peor. La semana pasada, los constituyentes anunciaron la creación de una Comisión de la Verdad. La idea,m según el ficialismo, es impedir que las personas que incitaron a la violencia en las jornadas de protestas que azotaron al país durante meses no se puedan participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Con la excusa de la Comisión de la Verdad el chavismo puede lograr marginar a la oposisión de las administraciones regionales con lo que por fin, se quedaría con el monopolio absoluto del poder. 

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por una mayoría opositora que se había declarado en desacato frente al régimen de Maduro, tenía los días contados.

 Después del 30 de julio, cuando se llevaron a cabo las elecciones para escoger a las personas que se encargarán de reescribir la Constitución de Venezuela, era claro que el nuevo organismo, con facultades extraordinarias y compuesto por las figuras más leales del chavismo, se encargaría de allanar el camino para garantizar la supervivencia de la Revolución Bolivariana.

El primer blanco de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue la líder del Ministerio Público. Luisa Ortega fue una de las primeras voces que alzaron la voz contra la intención del régimen de acaparar las tres ramas del poder.

No contento con ejercer el control de la rama ejecutiva del Estado, el chavismo llevaba años infiltrando a la rama judicial. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el organismo judicial de mayor autoridad en Venezuela, está compuesto por una mezcla de antiguos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), exfuncionarios e incluso familiares de personas que trabajan para el Gobierno.

Luis Ortega, que llevaba años siendo una chavista fiel, se convirtió en la piedra en el zapato de Maduro a finales de marzo de este año. Ese mes, el TSJ hizo pública la sentencia 156, con la que buscaba atribuirse las funciones del Parlamento y la fiscal fue una de las primeras en describir la acción de la justicia venezolana como un “golpe a la institucionalidad”.

Los intentos del TSJ para limitar el poder legislativo vienen de mucho más atrás. En 2016, los magistrados fieles al chavismo empezaron a atribuirse funciones de los parlamentarios cuando decidieron el presupuesto nacional y por si esa intromisión no fuera suficiente, la TSJ también se convirtió en un obstáculo insalvable para la legislación que pasaban los parlamentarios.

Frenaron una ley que buscaba amnistía para los presos políticos, una ley de Emergencia Económica, argumentando inconstitucionalidad y más adelante, impidieron que se nombrara nuevos funcionarios en el Consejo Nacional Electoral, otra de las instituciones controladas por el chavismo.

A pocos días de haberse inaugurado, la primera decisión de Asamblea Nacional Constituyente fue deshacerse de la fiscal y remplazarla con el hasta entonces defensor del pueblo Tarek, otra ficha del régimen.

No contento con el control del Ministerio Público el siguiente paso del chavismo era tomarse el poder legislativo anulando la Asamblea Nacional, algo que logró el viernes 18 de agosto cuando, mediante un decreto la Constituyente anunció que asumiría "las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos (...) Así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley ".

Con esto, los Constituyentes terminan de anular el poder del Parlamento y el chavismo se queda con el control del poder ejecutivo, a la cabeza de Nicolás Maduro, el legislativo, con la Asamblea Nacional prácticamente anulada y, finalmente, con el control de la justicia, a manos de la TSJ.

El chavismo acapara todo el poder en Venezuela, pero las cosas prometen ponerse peor. La semana pasada, los constituyentes anunciaron la creación de una Comisión de la Verdad. La idea,m según el ficialismo, es impedir que las personas que incitaron a la violencia en las jornadas de protestas que azotaron al país durante meses no se puedan participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Con la excusa de la Comisión de la Verdad el chavismo puede lograr marginar a la oposisión de las administraciones regionales con lo que por fin, se quedaría con el monopolio absoluto del poder.