Betssy Chávez, ex primera ministra del Perú, fue condenada a 18 meses de prisión preventiva por un juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia mientras se investiga su presunta participación en el intento de golpe del expresidente Pedro Castillo, quien trató disolver el Congreso de manera inconstitucional en 2022. Hasta ahora, Chávez, quien es acusada de los delitos de rebelión y conspiración, ha negado su participación en este hecho.
El martes, la exfuncionaria peruana fue detenida por la Policía Nacional en un operativo en su residencia en la ciudad de Tacna, al extremo sur del país, mientras ella estaba haciendo una transmisión en vivo en TikTok.
“Esperamos el pronto retorno de la democracia y el estado de derecho”, señaló Chávez antes de ser detenida.
El jefe policial añadió que Chávez no opuso resistencia a la detención, que colaboró “en todo momento” con los agentes y que antes de ser esposada se despidió de su familia. Sin embargo, dos personas son investigadas por agredir a miembros de la prensa durante la detención en la residencia de Chávez. Durante su transmisión en TikTok, la exprimera ministra declaró estar “tranquila” en su casa esperando a la Policía y afirmó que no está sola “sino acompañada por millones de personas”.
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La ex primera ministra estuvo al lado de Castillo en el Palacio de Gobierno cuando el expresidente anunció el cierre del Congreso, un gobierno de emergencia y la intervención del Poder Judicial el pasado 7 de diciembre, y había pedido a todo el gabinete que acuda a la casa de gobierno porque se trataba de un “día histórico”. Por esto, el Congreso había aprobado una acusación constitucional contra Chávez para investigar su participación en los hechos de la jornada del 7 de diciembre.
Hay otros dos exministros de Castillo investigados por el intento de golpe: Willy Huerta, quien tenía la cartera de Interior, y Roberto Sánchez, quien encabezaba el ministerio de Comercio. El pasado 26 de abril, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, había rechazado imponer la prisión preventiva contra los tres exministros de Castillo, entre ellos Chávez, aunque les dictó comparecencia y el pago de una fianza de 100.000 soles (US$27.700).
Este no es el único problema de Chávez con la justicia. La exfuncionaria es investigada por el Ministerio Público por presuntamente haber favorecido a la familia de su pareja, Abel Sotelo, otorgándoles contratos y puestos en el Gobierno cuando era ministra de Cultura.
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