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En 1781, la ciudad de La Paz sufrió un cerco indígena que impidió el ingreso de alimentos. La población llegó a padecer hambre extrema. Los registros de la época indican que muchos habitantes se alimentaron de mulas, perros y gatos, e incluso existen referencias de casos de antropofagia. Han pasado 245 años y la sede de Gobierno atraviesa una nueva situación de aislamiento. Esta vez, además de las dificultades para el abastecimiento de alimentos, ambulancias quedaron varadas en las carreteras, el oxígeno medicinal y algunos medicamentos comenzaron a escasear, mientras los llamados de emergencia se multiplicaron. Al igual que en el pasado, sectores campesinos acusan al poder central de incumplir compromisos y exigen la salida del mandatario de turno.
El cerco de 1781 se desarrolló en dos etapas y se prolongó durante casi seis meses. En la actualidad, la ciudad vive un mes de bloqueos carreteros que han afectado el abastecimiento y la movilidad. Aunque los contextos históricos son profundamente distintos, ambos episodios comparten un elemento común: la confrontación entre sectores movilizados del área rural y el poder político asentado en La Paz. Más de dos siglos después, los nombres de Bartolina Sisa y Túpac Katari siguen ocupando un lugar central en el debate político boliviano.
El diario de un sobreviviente
En 1781, Francisco Tadeo Diez de Medina era juez de la Corona Española. Había nacido y crecido en Nuestra Señora de La Paz y residía cerca del centro político de la ciudad. Su vivienda, ubicada junto a la Catedral, permanece en pie hasta hoy y funciona como Museo Nacional de Arte.
Cuando Túpac Katari, su esposa Bartolina Sisa y miles de indígenas decidieron cercar la ciudad, Diez de Medina se convirtió en uno de los principales cronistas de aquellos acontecimientos.
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En su Diario del alzamiento de indios conjurados contra la ciudad de Nuestra Señora de La Paz dejó constancia del asedio, que se extendió durante casi seis meses. El primer periodo comprendió del 13 de marzo al 30 de junio y el segundo, del 6 de agosto al 19 de octubre.
Los pueblos de Omasuyos, Pacajes y Sica Sica se levantaron contra la Corona española. El historiador Fernando Cajías de la Vega recordó, en el suplemento Rascacielos, que los diarios de la época reconocen que durante las expediciones militares organizadas para contener la rebelión se pasó “a cuchillo” a unos 300 indígenas.
Bolivia aún no existía y el descontento contra el dominio español se extendía por amplias regiones del Alto Perú. En ese escenario emergió la figura de Túpac Katari como uno de los principales líderes de la insurrección.
En el diario de Diez de Medina aparece frecuentemente rodeado por centenares de seguidores. El cronista lo describió así: “Bajó con mascaroncillos dorados en cada rodilla que llaman mascaipachas, y en cada hombrera, y un sol al pecho como acostumbran los incas”.
Su figura despertaba temor entre las autoridades y los habitantes de la ciudad. Cuando Bartolina Sisa fue detenida y encarcelada, Katari amenazó con reducir La Paz “a cenizas” si ella era ejecutada. La mujer, además de lavandera y tejedora, ejercía liderazgo militar y asumía la conducción del cerco durante las ausencias de su esposo.
Las consecuencias del asedio fueron devastadoras. El 30 de mayo de 1781, Diez de Medina escribió: “La hambre es cada día más sensible y así se ve comer a la gente pobre carne de mulas, de borricos, perros y gatos...”. Cuando los alimentos comenzaron a desaparecer, el hambre alcanzó niveles extremos.
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El fin del cerco
Las estimaciones históricas señalan que decenas de miles de indígenas participaron en el cerco. Diversos investigadores sostienen que las fuerzas rebeldes sufrieron enormes pérdidas frente a un ejército mejor armado.
Sebastián Segurola, comandante militar y gobernador de La Paz, calculó que unas 10.000 personas murieron en la ciudad durante el conflicto, muchas de ellas debido al hambre y las enfermedades. Otras versiones elevan la cifra hasta 15.000 fallecidos.
Tras romper el cerco, las tropas españolas emprendieron la persecución de Túpac Katari. El líder indígena intentó reorganizar a sus seguidores en el altiplano, pero fue capturado el 9 de noviembre de 1781. Condenado a muerte, fue descuartizado.
Bartolina Sisa murió el 5 de septiembre de 1782. Fue ejecutada en la plaza principal de La Paz. Ninguno de los dos cayó en el olvido. Con el tiempo, ambos se transformaron en símbolos de resistencia indígena y lucha social.
El cerco de 2026
Desde el 1 de mayo de 2026, las carreteras que conectan a La Paz con otras regiones del país permanecen bloqueadas por sectores afiliados a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.
Las consecuencias han sido graves. Según reportes oficiales y denuncias públicas, varias personas fallecieron debido a que las ambulancias no lograron atravesar los puntos de bloqueo.
El transporte de oxígeno medicinal desde el oriente hacia el occidente del país también resultó afectado, obligando a hospitales a suspender procedimientos médicos.
El abastecimiento de alimentos se ha convertido en otro problema para los paceños. La compra de carne y verduras es cada vez más difícil y costosa. En algunos mercados, el kilo de pollo supera los 35 bolivianos, mientras en Santa Cruz se comercializa a menos de la mitad de ese precio.
El impacto económico también alcanza al turismo y al comercio. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior estima pérdidas superiores a los mil millones de dólares durante el primer mes de conflicto.
El presidente Rodrigo Paz, que lleva seis meses en el cargo, ha insistido en la necesidad de dialogar con los sectores movilizados. El 25 de mayo declaró: “Yo les pregunto a los dirigentes: ¿están dispuestos a responder ante la historia por cada vida que se perdió esperando una ambulancia?”.
Los dirigentes rechazan esa postura. Jaime Arias, representante de las bases movilizadas, respondió: “Se han firmado varios acuerdos y ninguno se ha cumplido. Ahora quieren hacer firmar otro acuerdo más. La medida seguirá firme hasta que se vaya el presidente Paz”.
En la misma línea, Vicente Salazar, secretario ejecutivo de la Federación Departamental Túpac Katari, afirmó: “El Gobierno se sienta, firma actas, nos da la mano frente a las cámaras y luego se olvida. Llevamos meses exigiendo soluciones para la devaluación que está matando al pequeño productor y solo recibimos promesas vacías”.
Por su parte, el Gobierno sostiene que detrás de las protestas existe una estrategia de desestabilización impulsada por sectores vinculados al expresidente Evo Morales.
Salazar rechaza esa acusación: “Nos tratan de narcos, de masistas, de pagados. Somos pueblos indígenas y estamos sufriendo la crisis económica; las protestas responden al malestar social y a la difícil situación que atraviesan las familias”.
Morales, desde el Chapare, ha pedido la renuncia del mandatario y la convocatoria a nuevas elecciones.
La batalla virtual
La confrontación no ocurre únicamente en carreteras y plazas. También se desarrolla en las redes sociales.
El caso de Rubén Callisaya Marca, mallku de justicia de la comunidad Checa Belén, ilustra esta situación. Aunque falleció el 9 de mayo por causas ajenas al conflicto, posteriormente comenzó a circular información que lo presentaba como la primera víctima mortal de los bloqueos.
Las noticias falsas se han convertido en un combustible adicional para la polarización. En redes circulan versiones sobre supuestas renuncias presidenciales, cargamentos militares ocultos en vuelos humanitarios y otras afirmaciones sin sustento.
El racismo también reaparece en el debate público. Mientras unos son descalificados como “indios”, otros son llamados “kharas”, término utilizado de manera despectiva para referirse a personas consideradas blancas.
Después de un mes de conflicto, las posiciones siguen alejadas. Algunos sectores exigen una intervención más firme del Estado; otros continúan apostando por el diálogo. Entre tanto, los nombres de Bartolina Sisa y Túpac Katari vuelven a instalarse en el centro de una crisis que, aunque distinta a la de 1781, revive viejas tensiones entre el campo y la ciudad.
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Por Antonio Pérez*
