El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apartó a cuarenta militares destacados en la residencia presidencial luego de prometer una “revisión profunda” del personal tras los ataques del 8 de enero en Brasilia.
La medida, publicada este martes en el diario oficial de la Unión, afecta a funcionarios adscritos a la coordinación del Palacio de la Alvorada, domicilio oficial de los jefes de Estado. Esta decisión fue tomada por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia.
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Los militares apartados son de rangos bajos (soldados, cabos, sargentos). Algunos de los cuales prestaban seguridad al lugar, y seguirán ligados a las fuerzas armadas, aunque en otras actividades, según el portal de noticias G1.
La decisión da continuidad a un anuncio del mandatario de izquierda, de 77 años, que la semana pasada expresó desconfianza sobre algunos uniformados que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno.
Lula, que derrotó al ultraderechista Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre, dijo entonces estar convencido de que hubo complicidad interna y de miembros de las fuerzas de seguridad en el asalto a edificios oficiales en Brasilia, el día en que cumplía una semana de regresar al poder. “Alguien les facilitó la entrada aquí”, dijo Lula el jueves, en referencia a los desmanes en el Planalto.
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El jefe de Estado de Brasil manifestó desde su posesión que buscará privilegiar “funcionarios de carrera, de preferencia civiles”. “No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical”, afirmó.
El cambio de personal se produce además después de un reportaje en el que la primera dama de Brasil, Rosângela “Janja” da Silva, abrió las puertas del palacio para mostrar diversos desperfectos que atribuyó al periodo en que Bolsonaro ocupó la residencia.
La esposa de Lula enseñó a las cámaras de GloboNews muebles dañados, alfombras rasgadas, sofás sucios y parte del piso roto, entre otros percances de los que responsabilizó a la familia Bolsonaro.
📄 Bolsonaro deberá explicar su “documento golpista”
El Tribunal Superior Electoral de Brasil le dio este lunes un plazo de tres días al expresidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros y considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado.
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El plazo fue establecido en una sentencia del magistrado Benedito Gonçalves, de la corte electoral, que ordenó incluir el denominado “documento golpista” en una investigación que se adelanta contra el mandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña a las elecciones presidenciales de octubre.
El texto es el borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. El documento fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido desde el sábado acusado de presunta omisión.
Esto debido a que era el responsable de la seguridad de Brasilia cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Bolsonaro también fue incluido por la Corte Suprema en la lista de investigados por los sucesos violentos del 8 de enero, por su presunta participación como autor intelectual de la intentona golpista.
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