Un embarazo adolescente (que ocurre entre los 10 y los 19 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud) cambió totalmente la vida de Yolanda, una de las jóvenes apoyadas por la Fundación de Waal que trabaja activamente para prevenir el embarazo temprano en países como Ecuador, Bolivia, El Salvador y Honduras a través de campañas como #YoElijo. Tuvo que dejar sus estudios y comodidades, y aunque luego pudo volver a estudiar, reconoce que es mucho más complicado. Por eso, hoy coincide con Josselyn, otra de las mujeres apoyadas por la fundación, en que urge mejorar la educación sexual y las rutas de prevención de estos casos.
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“Chicas y chicos: todo tiene su tiempo, disfruten de su adolescencia y su noviazgo sanamente. Los proyectos de vida de los jóvenes se ven seriamente amenazados con todos los cambios que implica un embarazo en la adolescencia. Además de los riesgos de salud al que se enfrentan las chicas que quedan embarazadas, sin estar completamente listas, existen una serie de impactos en el desarrollo de sus bebés y de la vida de la pareja, que deben ser analizados con profundidad”, advierte Yolanda.
Durante las últimas décadas, organismos internacionales como la ONU y Unicef han celebrado la caída del embarazo adolescente como una de las grandes conquistas de salud pública del siglo XXI, resultado de más educación sexual, más anticonceptivos y más autonomía para las niñas y jóvenes. A nivel global, el descenso fue de más del 40 % en apenas 30 años, con casos específicos muy aplaudidos. Solo en Argentina, la tasa cayó 72 % entre 2014 y 2024. En Estados Unidos, se desplomó 70 % en dos décadas.
Esto no es solo un tema de derechos humanos. Cuando estas cifras bajan, según cálculos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, por cada USD 1 invertido en prevención del embarazo adolescente se obtiene un retorno de hasta USD 40, lo que lo convierte en una de las inversiones sociales más rentables que existen. En América Latina, según la misma agencia, el costo total de los embarazos adolescentes representa en promedio el 1 % del PIB de la región. Para una persona, como en el caso de Yolanda, esto significa que se reducen sus posibilidades de acceder a un empleo digno y evitar la pobreza intergeneracional. Sin embargo, no todos los sectores están satisfechos con estos hitos.
El pasado abril, el doctor Marc Siegel, analista médico senior de Fox News, lamentó que la tasa de fertilidad entre los 15 y 19 años sigue bajando y criticó a los jóvenes por esperar para tener hijos hasta que tengan una “situación de vida más estable”. No es un comentario aislado, pues otras figuras como Katie Miller, destacada dentro del movimiento del presidente Donald Trump y esposa de su subjefe de Gabinete, Stephen Miller, comparten esa postura.
“Nuestro destino biológico es tener hijos, no esclavizarnos tras un escritorio persiguiendo carreras mientras nuestra civilización muere”, dice Miller, también impulsora de la cultura “trad wife” y quien se declara en contra de los anticonceptivos hormonales a los que califica como “veneno para la mente”.
La analista Arwa Mahdawi de The Guardian también recuerda que hay un grupo de legisladores republicanos que se ha declarado en contra del matrimonio infantil, que sigue siendo legal en varios estados, porque “podría aumentar los abortos y reducir los embarazos”. Y citó al congresista estatal Jess Edwards de New Hampshire, quien aseguró que los 16 años ya era una “edad madura y fértil” para tener hijos”.
Estos discursos no se quedaron solo en palabras. En junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos canceló la mayoría de sus subvenciones para programas de prevención del embarazo adolescente. En su lugar, priorizó financiamiento para programas que promueven “embarazos saludables”.
La medida se suma a la eliminación total del Título X, el único programa federal de planificación familiar del país, que en 2023 llegó a casi 2,8 millones de personas de bajos ingresos con métodos anticonceptivos y controles de salud reproductiva. Desde marzo de 2025, la administración también congeló fondos a nueve filiales de Planned Parenthood, obligando al cierre de clínicas en zonas ya desatendidas, y a partir de 2027 dará prioridad, dentro de las nuevas convocatorias de Título X, a organizaciones que promuevan la “planificación familiar natural” antes que la anticoncepción médica.
Pero la postura a favor del embarazo adolescente ha quedado más manifestada en otros países tradicionalmente más conservadores como Rusia. Allí, desde hace meses, al menos 10 regiones pagan más de 100.000 rublos (casi COP 3.658.000) a colegialas que tengan bebés, ampliando una política que en marzo de 2025 solo aplicaba a mujeres adultas.
La medida busca revertir la caída dramática de la natalidad rusa, que en 2023 llegó a 1,41 hijos por mujer, muy por debajo del 2,05 necesario para mantener la población. Según una encuesta del Centro Ruso de Investigación de Opinión Pública, el 43 % de los rusos aprueba la política, mientras que el 40 % se opone. Es decir, es un tema de mucha fricción en el país.
Sobre una justificación similar se basa también el presidente argentino, Javier Milei, para “exigir”, en palabras de El País de España, que las mujeres “se pongan a parir”. “Estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes. Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos cuesta caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional”, dijo.
Y no cualquier tipo de mujeres, sino mujeres jóvenes. Un informe de La Cocina de los Cuidados, un colectivo intersectorial que analiza el impacto de las políticas públicas en Argentina, encontró que de 50 programas nacionales para embarazadas, niños y familias, solo dos siguen plenamente activos. El resto han sido desmembrados por el gobierno. Estos contribuyeron a que el país llegara a la reducción del 72 % de embarazos adolescentes.
Hace un par de años también circuló en Corea del Sur un informe que planteaba adelantar la entrada escolar de las niñas para que terminen antes sus estudios y así “tengan más probabilidades” de formar familia siendo jóvenes. No terminó como una política estatal, pero evidencia que la idea de intervenir en la biología reproductiva de las más jóvenes circula como hipótesis de política pública en más de un país.
Sin duda, la tendencia es preocupante porque resulta mucho más extremista que las políticas planteadas por gobiernos conservadores como el de Polonia o Hungría para aumentar las tasas de fertilidad. Estas iban desde incentivos económicos dirigidos a mujeres adultas y ya formadas como pareja o familia, o la exención vitalicia del impuesto sobre la renta para madres con dos o más hijos, hasta préstamos sin intereses para familias con tres o más hijos.
Según análisis de centros como el Institute for Family Studies, los adolescentes son una porción tan pequeña de los nacimientos totales que su caída no puede explicar la crisis demográfica. Incluso un centro conservador, el Heritage Foundation, concluyó que el problema es que cada vez menos adultos se casan y forman familia, y que esto se debe a condiciones como el costo de vida, la vivienda y el acceso a cuidado infantil, no a que la gente joven “decidió no tener hijos” por capricho.
Entonces, ¿por qué tanto interés en desmontar las políticas buenas? De entrada, el Journal of Law, Medicine & Ethics ha dicho que este pronatalismo es una coerción reproductiva encubierta que limita la autonomía reproductiva, un punto que no hemos tocado hasta acá. De fondo tenemos lo obvio como respuesta: bajo el modelo capitalista, es más fácil centrarse en el embarazo adolescente con condiciones precarizadas que atacar los problemas estructurales como el costo de vida o la falta de acceso a cuidado infantil. Hay prioridades distintas. Mahdawi concluyó citando a Trump, quien dijo a principios de año que “no hay dinero para guarderías” porque “hay guerras muy costosas que librar”.
Pero luego surgen factores más alarmantes. Un artículo de The Conversation destacó que los gobiernos que adoptan políticas pronatalistas no solo buscan aumentar la población total, sino fomentar la reproducción de ciertos tipos de personas, con una dimensión ideológica ligada a raza, etnia, religión u orientación sexual. Hungría, por ejemplo, solo les da ayuda a familias heterosexuales con ingresos altos. Es decir, ese es el tipo de familia que se busca.
Quisiera concluir destacando que esto nos deja en un mix distópico entre El cuento de la criada y 1984. Pero hay un caso real que casi nadie recuerda. En 1966, el dictador comunista Nicolae Ceaușescu firmó el Decreto 770, que prohibió el aborto y los anticonceptivos para mujeres menores de 45 años con menos de cuatro hijos, con el objetivo declarado de llegar a “25 millones de rumanos para el año 2000”. Los niños nacidos por decreto, conocidos como la “generación decreței”, terminaron en buena parte abandonados en orfanatos estatales, donde sufrieron desnutrición y discapacidades físicas severas. Y esa es solo una parte del peligro de convertir la maternidad en un “deber estatal”.
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