California le arma la "guerra" a Washington para proteger inmigrantes
En el estado de la costa oeste viven alrededor de una cuarta parte de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, por lo que en octubre del año pasado Brown lo declaró un "estado santuario", en un claro reto contra la administración de Trump.
Agencia Afp
El conflicto entre California y Donald Trump por la inmigración ilegal se ha convertido en una "guerra", en palabras del gobernador californiano Jerry Brown, que criticó la demanda interpuesta por Washington contra su política de "estado santuario".
"Básicamente, esto es una guerra contra el estado de California, el motor de la economía estadounidense", afirmó Brown.
El gobernador californiano estaba visiblemente enfadado después de que el fiscal general, Jeff Sessions, acusara al estado durante un discurso en Sacramento de obstruir la aplicación de la ley federal al ofrecer a los inmigrantes indocumentados un santuario de protección para eludir arrestos y deportaciones.
"California usa todo el poder que tiene para frustrar la aplicación de ley federal. Por lo que pueden estar seguros de que voy a usar todo el poder que tengo para detenerlos", advirtió Sessions ante un grupo de funcionarios.
El departamento estadounidense de Justicia demandó el martes por la noche tres estatutos de California que dificultan a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtener la cooperación de funcionarios locales y empresarios privados para realizar arrestos.
"La ley de inmigración es terreno del gobierno federal", aseguró Sessions.
"Una negativa de aprehender y deportar a aquellos, especialmente a los criminales, va en contra de la ley de inmigración... Y eso crea un sistema de fronteras abiertas. Abrir las fronteras es una idea radical e irracional que no podemos aceptar", agregó.
Lea más: Gobierno de EE.UU. demanda a California por sus leyes pro inmigrantes
"Estado santuario"
La demanda, presentada en la corte federal en Sacramento, intensifica la batalla del presidente Trump para reducir la inmigración legal y aumentar las deportaciones de los inmigrantes sin papeles.Una batalla que amenaza a millones de personas que, aunque no tengan papeles legales, han construido durante décadas sus vidas, sus familias y sus empresas en el país.
California, uno de los estados más grandes, más ricos y más progresistas, ha batallado contra la administración Trump desde que llegó al poder por el tema de la inmigración.
En el estado de la costa oeste viven alrededor de una cuarta parte de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, por lo que en octubre del año pasado, Brown lo declaró un "estado santuario", en un claro reto contra la administración de Trump.
Después de California, varias ciudades y condados se han declarado santuarios de inmigrantes, lo que implica que no cooperan con los agentes migratorios federales para buscar y capturar inmigrantes indocumentados.
Esos estatutos "reflejan un esfuerzo deliberado de California de obstruir el cumplimiento en Estados Unidos de la ley federal de inmigración", según la demanda.
La Constitución estadounidense "no permite a California obstruir la capacidad de Estados Unidos de hacer cumplir leyes que el Congreso ha aprobado o tomar acciones que la Constitución le encarga".
El Departamento de Justicia, con Sessions a la cabeza, ha amenazado con retirar fondos federales a las jurisdicciones que sirven de santuarios.
Brown es mencionado como demandado en el litigio, junto con el fiscal general estatal Xavier Becerra.
Le puede interesar: Una "stormy" amenaza a Trump
El DACA continúa
El gobierno de Trump libra varias batallas legales sobre el asunto migratorio.En enero, por ejemplo, un juez de San Francisco bloqueó la derogación por parte de Trump de un estatuto temporal que protegía de la expulsión a unos 700.000 jóvenes -conocidos como "dreamers"- que fueron llevados de niños a Estados Unidos.
Este mismo miércoles el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la protección a esos jóvenes continúa, dos días después de la fecha fijada por Trump para la extinción del programa DACA, que les protege.
El presidente y una mayoría de demócratas y republicanos del Congreso se han comprometido a aprobar una legislación que ofrezca una solución para los "dreamers" y, posiblemente, a otro millón de personas más que entraron ilegalmente al país cuando eran niños y crecieron en el país.
Pero Trump ha fallado en conseguir apoyos suficientes para sacar adelante varios proyectos de ley, por vincular una solución al DACA con una reducción de la entrada de inmigrantes y con la financiación para construir un muro en la frontera de México.
El conflicto entre California y Donald Trump por la inmigración ilegal se ha convertido en una "guerra", en palabras del gobernador californiano Jerry Brown, que criticó la demanda interpuesta por Washington contra su política de "estado santuario".
"Básicamente, esto es una guerra contra el estado de California, el motor de la economía estadounidense", afirmó Brown.
El gobernador californiano estaba visiblemente enfadado después de que el fiscal general, Jeff Sessions, acusara al estado durante un discurso en Sacramento de obstruir la aplicación de la ley federal al ofrecer a los inmigrantes indocumentados un santuario de protección para eludir arrestos y deportaciones.
"California usa todo el poder que tiene para frustrar la aplicación de ley federal. Por lo que pueden estar seguros de que voy a usar todo el poder que tengo para detenerlos", advirtió Sessions ante un grupo de funcionarios.
El departamento estadounidense de Justicia demandó el martes por la noche tres estatutos de California que dificultan a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtener la cooperación de funcionarios locales y empresarios privados para realizar arrestos.
"La ley de inmigración es terreno del gobierno federal", aseguró Sessions.
"Una negativa de aprehender y deportar a aquellos, especialmente a los criminales, va en contra de la ley de inmigración... Y eso crea un sistema de fronteras abiertas. Abrir las fronteras es una idea radical e irracional que no podemos aceptar", agregó.
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"Estado santuario"
La demanda, presentada en la corte federal en Sacramento, intensifica la batalla del presidente Trump para reducir la inmigración legal y aumentar las deportaciones de los inmigrantes sin papeles.Una batalla que amenaza a millones de personas que, aunque no tengan papeles legales, han construido durante décadas sus vidas, sus familias y sus empresas en el país.
California, uno de los estados más grandes, más ricos y más progresistas, ha batallado contra la administración Trump desde que llegó al poder por el tema de la inmigración.
En el estado de la costa oeste viven alrededor de una cuarta parte de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, por lo que en octubre del año pasado, Brown lo declaró un "estado santuario", en un claro reto contra la administración de Trump.
Después de California, varias ciudades y condados se han declarado santuarios de inmigrantes, lo que implica que no cooperan con los agentes migratorios federales para buscar y capturar inmigrantes indocumentados.
Esos estatutos "reflejan un esfuerzo deliberado de California de obstruir el cumplimiento en Estados Unidos de la ley federal de inmigración", según la demanda.
La Constitución estadounidense "no permite a California obstruir la capacidad de Estados Unidos de hacer cumplir leyes que el Congreso ha aprobado o tomar acciones que la Constitución le encarga".
El Departamento de Justicia, con Sessions a la cabeza, ha amenazado con retirar fondos federales a las jurisdicciones que sirven de santuarios.
Brown es mencionado como demandado en el litigio, junto con el fiscal general estatal Xavier Becerra.
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El DACA continúa
El gobierno de Trump libra varias batallas legales sobre el asunto migratorio.En enero, por ejemplo, un juez de San Francisco bloqueó la derogación por parte de Trump de un estatuto temporal que protegía de la expulsión a unos 700.000 jóvenes -conocidos como "dreamers"- que fueron llevados de niños a Estados Unidos.
Este mismo miércoles el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la protección a esos jóvenes continúa, dos días después de la fecha fijada por Trump para la extinción del programa DACA, que les protege.
El presidente y una mayoría de demócratas y republicanos del Congreso se han comprometido a aprobar una legislación que ofrezca una solución para los "dreamers" y, posiblemente, a otro millón de personas más que entraron ilegalmente al país cuando eran niños y crecieron en el país.
Pero Trump ha fallado en conseguir apoyos suficientes para sacar adelante varios proyectos de ley, por vincular una solución al DACA con una reducción de la entrada de inmigrantes y con la financiación para construir un muro en la frontera de México.