Campaña de represión en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. / Reuters

Foto: REUTERS - CARLOS BARRIA

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, estrechaba el martes pasado la mano del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y posaba sonriente junto a él para las cámaras de los periodistas nacionales y extranjeros acreditados en Managua. Mientras, en el norte del país, el Ejército nicaragüense desataba una cacería de brujas contra pobladores que abiertamente se han declarado opositores al Frente Sandinista, con el fin de dar con los culpables de una masacre registrada el 19 de julio. Ese día, aniversario de la Revolución Popular Sandinista, dos caravanas de simpatizantes del FSLN fueron acribilladas, causando la muerte a cinco personas e hiriendo a otras 19. Familiares de los detenidos aseguran que están desaparecidos desde que fueron capturados, mientras organismos de derechos humanos acusan al Gobierno de fomentar la represión y la impunidad en el país.

El miércoles se informó sobre nuevas capturas en poblaciones consideradas opositoras. Los detenidos son llevados hasta las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional (DAJ), en Managua, conocidas como El Chipote y tristemente célebres por ser el lugar donde se han ejecutado varias violaciones de los derechos humanos desde que Ortega regresó al poder, en 2007, tal y como ha detallado en varios informes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

En las afueras de esas celdas lloraban amargamente los familiares del agricultor Zacarías Cano Angulo, originario de la comunidad de San Ramón, en la provincia de Matagalpa, a 190 kilómetros de Managua. Según relataron sus familiares a la prensa local, Cano Angulo fue detenido por militares, golpeado, encapuchado y arrastrado contra su voluntad. Aura Reynosa García, esposa del campesino, aseguró que pidió a los militares una orden de captura, pero como única respuesta recibió un “nos mandó la Policía”.

La jefa de la Policía nicaragüense, la primera comisionada Aminta Granera, leal funcionaria de Ortega, ya dijo públicamente que no va a escatimar “tiempo, ni esfuerzo, ni sudor, ni sangre” para esclarecer los acontecimientos del 19 de julio. Los organismos de derechos humanos aseguran que Granera está cumpliendo al pie de la letra su promesa, a costa de violaciones de los derechos de los detenidos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó que han sido detenidas 19 personas, pero que cinco de ellas están “desaparecidas”, como el campesino Cano Angulo, y ni la Policía ni el Ejército informan sobre su paradero.

“A los campesinos los acusan 48 horas después del término constitucional. Lo hicieron basados en el abuso, independiente de la gravedad del caso. Nunca les permitieron asistencia legal ni información a la familia”, aseguró Gonzalo Carrión, abogado del Cenidh, en relación a tres acusados de participar en la masacre como “conspiradores”, con la tarea de tirar piedras a las caravanas de sandinistas “para distraerlos”. Se trata de tres campesinos que se han declarado abiertamente sandinistas. Los otros detenidos en la DAJ, según Carrión, están aislados y no se les permiten visitas.

Las redadas en el norte del país han tenido errores. Maritza Ruiz Espino, maestra de profesión y habitante de Ciudad Darío, también en la provincia de Matagalpa, contó a las organizaciones de derechos humanos que su casa fue allanada a las 3 de la madrugada por hombres que calzaban botas de estilo militar e iban armados. La mujer no pudo asegurar si eran militares o policías. Entraron a su casa con violencia, le preguntaron por la ubicación de Wilfredo Balmaceda, exconcejal del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y al darse cuenta de que se habían equivocado de casa la dejaron con un “discúlpenos”. La casa de Balmaceda está al lado de la de la maestra Ruiz. Hacia ella se dirigieron los armados.

Los organismos de derechos humanos denuncian que hombres encapuchados señalan las casas donde supuestamente viven opositores, que luego son allanadas por los oficiales. “Lo que estamos viendo es una persecución, allanamientos ilegales a diferentes ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con este proceso”, dijo Marcos Carmona, director de la CPDH. El norte de Nicaragua siempre ha sido un bastión opositor al sandinismo, escenario de los momentos más sangrientos de la guerra civil de los ochenta entre la llamada Contra, guerrilla que pretendía botar por las armas al primer gobierno sandinista, y el Ejército. Germán Zeledón, que combatió en aquella guerra bajo el seudónimo de Chaparro, dijo que los excontras están vigilados por el Ejército y que temen por sus vidas.