Protestas que dejan cerca de 40 muertos en un mes, investigaciones por presunto genocidio a Dina Boluarte, actual presidenta, y un presidente destituido por incapacidad moral y además detenido bajo la acusación de quebrantar el orden constitucional, es el panorama político y social que vive Perú desde diciembre de 2022.
La fiscalía de Perú abrió este martes una investigación por presunto delito de genocidio contra la presidenta Dina Boluarte, quien impuso toque de queda en Puno por tres días, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, con el fin de frenar las protestas que han dejado cerca de 40 muertos en un mes.
La indagación es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Además de Boluarte, también serán investigados por los mismos crímenes al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas; al ministro de Defensa, Jorge Chávez, Pedro Ángulo, expresidente del Consejo de Ministros; y a César Cervantes, exministro del Interior.
Bloqueos, enfrentamientos con la fuerza pública, heridos y cerca de 40 muertos es el escenario que se vive en las regiones sureñas de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno, regiones en las que Castillo tuvo una alta votación en 2021.
Las manifestaciones estallaron el 7 de diciembre, luego de que Boluarte reemplazara al presidente, Pedro Castillo, destituido el mismo mes por querer instaurar un gobierno de excepción.
Manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien cumple un mes en el cargo; convocar una asamblea constituyente y la liberación de Castillo.
Aunque se considera de izquierda, es vista como traidora por los seguidores del expresidente. Los sectores de derecha que antes promovían su caída, ahora la respaldan.
Para contener la primera arremetida de protestas, la presidenta autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía y declaró un estado de emergencia.
En diciembre, 22 personas murieron en enfrentamientos, varias baleadas en choques con militares y cerca de 600 resultaron heridas.
Esta semana, nuevos enfrentamientos causaron la muerte de al menos 17 personas más en Juliaca, cuando cerca de 2.000 personas intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad, en la región de Puno, razón por la que el mismo gobierno declaró duelo nacional este miércoles, 11 de enero.
La Organización de Naciones Unidas instó al gobierno de Dina Boluarte a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas, ante esto la presidencia publicó en su cuenta de Twitter que sostendría una reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, la situación es mucho más compleja. En Perú, constitucionalmente, Congreso y presidente pueden anularse entre sí, razón por la que Pedro Castillo, elegido presidente en julio de 2021, fue destituido de su cargo y detenido por las autoridades en diciembre del 2022,luego de que se le acusara de rebelión tras declarar su intención de instaurar un gobierno de excepción, además de convocar a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes.
Castillo, además, ya tenía al menos seis procesos en su contra por corrupción, lo que aprovecharon algunos congresistas para argumentar una incapacidad moral del presidente para gobernar.
Pedro Castillo justificó su intento de autogolpe en que el Congreso le impedía gobernar y denunció tratos racistas, y una parte de la población peruana respalda esta idea. ¿Por qué?
Más de la mitad de los 33 millones de peruanos se considera mestizo y una cuarta parte indígena, según el censo de 2017. A Castillo lo respaldan sectores rurales, empobrecidos, postergados, eso explica la mayoría de votos en esos territorios. Quienes lo apoyan consideran que la obstrucción del Congreso lo forzó a hacer lo que hizo. Aseguran que quienes están en su contra obran con criterios racistas y clasistas contra el hombre originario de Chota, Cajamarca, en la sierra norte, que habla con acento andino y que llegó a ser presidente.
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