El gobierno retiró la candidatura de Carolina Olarte a la Corte Penal Internacional (CPI), con lo que no solo Colombia, sino la región se queda sin aspirantes para una de las plazas que próximamente se abrirán en el tribunal. Según expertos en derecho, además, es una decisión “lamentable e innecesaria” que va en contravía de los intereses del país.
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Olarte Bácares, doctora en derecho internacional, se venía desempeñando como embajadora de Colombia ante los Países Bajos; su renuncia protocolaria fue aceptada por el nuevo gobierno el pasado 18 de agosto. Además, formó parte del equipo que defendió al país en el litigio contra Nicaragua en el que el país centroamericano buscaba extender su territorio submarino, pretensión que finalmente en 2023 no fue concedida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En diálogo con este diario, Olarte, cuyo nombre ya no aparece entre las candidaturas a jueza de la CPI en su página oficial, contó que no recibió ninguna notificación por parte del gobierno acerca de la intención o la decisión de retirar su nombre del proceso, una determinación que, dice, respeta. “Me enteré por una llamada que me hizo una representante permanente de un Estado y luego se sucedieron otras llamadas similares para ponerme al tanto”, relató.
Consultada por este diario, la Cancillería respondió que no tiene ningún comentario sobre el retiro de la candidatura.
La Corte Penal Internacional, que se encargar de enjuiciar a individuos por los más graves crímenes, tiene 18 magistrados, que son elegidos por la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma. En diciembre próximo será la elección de seis de ellos. Olarte estaba entre 14 candidaturas que fueron evaluadas: ella quedó el top cuatro, con el concepto de “altamente calificada” para el cargo, junto con España, Suiza y Gambia.
La jurista, que asegura que llegó a tener al menos 120 entrevistas con los Estados miembros en el marco de este proceso, era la única latina en el listado. Sin su nombre en la carrera, ya es seguro que en diciembre solo quedará una jueza de origen latinoamericano, la mexicana Socorro Flores, pues la peruana, Luz del Carmen Ibáñez, termina su mandato.
Para Ricardo Abello, profesor de la Universidad del Rosario, el retiro de la candidatura es una noticia “muy triste”. Explica que, “por primera vez Colombia tenía la oportunidad de tener a una jueza en la Corte Penal Internacional, una persona con unas calidades y cualidades muy altas, en una campaña que, entiendo, iba muy bien”.
Abello fue miembro del Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), que nominó a Olarte para la CPI. La selección fue respaldada por el anterior gobierno y finalmente formalizada a comienzos de este año.
Para él es indiscutible que la decisión se enmarca en el contexto de una campaña internacional contra la CPI, en la que Estados Unidos, que ha encontrado en el gobierno colombiano uno de sus mejores aliados, ha llamado a abandonar la Corte. Versiones que han circulado en distintos medios de comunicación aseguran que es una decisión que Colombia está estudiando.
En respuesta a un derecho de petición enviado por este diario, la Cancillería contestó que, a 21 de septiembre de 2026, “no se ha impartido instrucción o directriz alguna encaminada a denunciar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, es decir, a abandonar el tribunal. “En este sentido, no se ha iniciado, ordenado o proyectado trámite, oficio o notificación alguna dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas con el propósito de denunciar el Estatuto de Roma”, añade el documento.
Abello resalta, en todo caso, que la nominación de Olarte “no la hizo el gobierno anterior”, es decir, el de Gustavo Petro. Insiste en que fue una postulación hecha por el Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, del que formaba parte y que ejerció su mandato hasta el 2 de enero de este año. “Un mandato que empezó durante el gobierno del presidente Iván Duque”, agrega.
Olarte, quien se ha desempeñado como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, regresará al país para dedicar su tiempo a la academia. Sobre el fin de su candidatura, reflexiona que es producto de una “decisión abrupta y sorpresiva” que, no obstante, no cambia “la reputación histórica que tiene el país”. Resalta, sin embargo, que sí “genera muchos cuestionamientos con respecto a cuál va a ser la postura que tendrá Colombia con respecto a la institución”.
Lamenta, además, que la CPI y el mundo se vayan a “privar” de las experiencias que Colombia tiene por compartir sobre sus “tecnologías jurídicas, que muchos Estados no conocen y que han dejado lecciones aprendidas de aquello que funciona y aquello que se debe mejorar”. Se refiere a la trayectoria que tiene el país implementando jurisdicciones como Justicia y Paz, la JEP, entre otras.
Para un jurista experto en derecho internacional que prefirió no ser citado en este artículo, para Colombia era importante seguir en la carrera: “estar y aportar siendo un país con un conflicto armado tan extenso”. Para Fabián Cárdenas, docente de la Universidad Javeriana, con este retiro el gobierno de Abelardo de la Espriella está enviando un mensaje de “debilidad institucional, pues no era asunto de gobierno sino de Estado, pues atendía a intereses estructurales de Colombia”.
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