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La noticia pasó casi inadvertida en Colombia. En medio de la euforia por la posesión presidencial, las promesas de cambio, los desplantes del que se iba, el Gabinete del que llegaba, el simbolismo del vestuario y el tire y afloje por la espada del Libertador. A nadie le quedaba tiempo para revisar lo que ocurría en Guatemala, país de profundas desigualdades sociales en la ya profundamente desigual América Latina.
Algo se sabía de sus afectaciones por la pandemia y el fenómeno migratorio. De sus escándalos, protestas y celebraciones, muy poco.
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Ese 7 de agosto de 2022, había tensión por los Juegos Deportivos Centroamericanos de octubre siguiente, cuya sede vendría a perder Guatemala a escasos dos meses del certamen debido a un pleito judicial de casi un año. ¿La razón? Un lío de novela. El presidente del Comité se postuló para un tercer periodo consecutivo, perdió, no dejó asumir a su sucesor y creó un órgano paralelo para mantenerse en el poder.
El caso terminó en la Corte Constitucional, la cual suspendió los estatutos del Comité y con ello metió al país en un lío con el papá de esas entidades: el Comité Olímpico Internacional. Guatemala fue sancionada, se quedó con dos presidentes de Comité y sin juegos centroamericanos. Ese era el escándalo.
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En ese agosto de 2022 el país centroamericano vivía también en medio de la airada protesta de ONG locales y extranjeras frente a un decreto ley que, con el pretexto de combatir la ciberdelincuencia, amenazaba el ejercicio periodístico. La medida finalmente fue archivada.
Finalmente, desde sectores oficiales se hacían pomposos anuncios para fortalecer la seguridad en Guatemala y celebraban la llegada de 350 motocicletas para la Policía, beneficios para 400 mil integrantes de esa fuerza civil y ascensos para 60 nuevos mandos.
El acuerdo fugaz
Lo curioso es que esa estrategia de seguridad de Guatemala que con algarabía anunciaba el gobierno contemplaba un componente de apoyo colombiano. Durante el gobierno de Iván Duque ambos países habían suscrito un memorando de entendimiento sobre cooperación técnico-policial, el cual fue aprobado por el gobierno de Alejandro Giammattei, elevado a acuerdo ministerial y debidamente publicado en el diario oficial de esa nación centroamericana el 5 de agosto de 2022.
Colombia tiene acuerdos de este tipo con varios países de la región. Dada la historia de violencia del país y los consecuentes retos en materia de lucha contra la criminalidad, el país tuvo que hacer desarrollar un proceso de modernización de sus fuerzas armadas y policiales, que incluyó millonarias inversiones y años de apoyo de países como Estados Unidos.
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Por eso las de Colombia figuran entre las Fuerzas Militares y de Policía mejor entrenadas y capacitadas del continente y hace ya muchos años exportan esos aprendizajes mediante convenios como el firmado con Guatemala. La idea en este caso concreto era “capacitar, transferir conocimientos y formación especializada del personal policial” hacia ese país.
El acuerdo, que era por cinco años, duró apenas tres días. Guatemala lo publicó el sábado 5 de agosto (acuerdo ministerial 384) y al tercer día publicó el acuerdo ministerial 393 mediante el cual derogaba 384. ¿Qué pasó en esos tres días? Casi nada: que Iván Duque salió del Gobierno y la presidencia de Colombia fue asumida por Gustavo Petro, quien de inmediato puso como ministro de Defensa a Iván Velásquez.
El gobierno de Guatemala no ofreció mayores explicaciones sobre la pifia, pero expertos en temas internacionales tienen bien claras las razones que llevaron a Giammattei a echarse para atrás respecto a ese convenio. Lo que no está muy claro es por qué firmaron y publicaron el acuerdo original, pues el 5 de agosto ya era de público conocimiento que Petro había ganado las elecciones en Colombia y que Iván Velásquez sería su ministro de Defensa y, por tanto, la contraparte del Ministerio de Gobernación de Guatemala en la ejecución del convenio para el fortalecimiento de la policía.
Las razones del desacuerdo: Iván Velásquez en Guatemala
Antes de ser ministro de Defensa del gobierno Petro, Velásquez ocupó el que podría ser el cargo de mayor reconocimiento – y problemas- en su hoja de vida. Fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo independiente creado por Naciones Unidas para apoyar al Ministerio Público (Fiscalía) de ese país en la lucha contra la criminalidad.
La CICIG nació en 2006, pero algunos de sus casos más emblemáticos fueron investigados y denunciados durante el mandato Iván Velásquez, entre 2016 y 2019, año en el que el entonces presidente Jimmy Morales canceló de manera unilateral el acuerdo de Guatemala con la ONU.
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En desarrollo de sus funciones, Velásquez lideró -con valientes funcionarios judiciales de ese país- investigaciones en las que resultó enredada buena parte de la élite política y económica de Guatemala. Para no ir tan lejos, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti resultaron condenados a 16 años de prisión y fueron multados con más de un millón de dólares por asociación ilícita y defraudación aduanera. Pérez Molina tuvo que renunciar a la presidencia en 2015, meses después de que lo hiciera su vicepresidenta.
Las maniobras fraudulentas se desarrollaban a través de una sofisticada estructura que incluía tres aduanas a través de las cuales eran canalizados los pagos tributarios de los importadores del país. El sistema estaba diseñado de tal manera que ayudaba a que los particulares tributaran menos si se sometían al soborno.
La investigación recibió el nombre mediático de La Línea, ayudó a que fueran condenadas otras 16 personas, entre particulares y funcionarios públicos y fue posible gracias a la articulación entre la CICIG y la Fiscalía especial contra la corrupción (FECI), cuyos principales investigadores hoy están en el exilio.
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