¿Se ha preguntado cómo sería dejar de existir? Por supuesto que lo ha hecho. Esa debe ser una de las preguntas más comunes que se hacen los seres humanos desde que nacen, junto con el sentido de la vida y la identidad. Hay algunas personas que nos pueden ayudar a contestar concretamente esa inquietud con sus testimonios. Eso sí, no será una respuesta al debate filosófico metafísico que se ha dado desde la antigua Grecia, sino desde la experiencia que tuvieron el pasado febrero, cuando fueron despojados de su cédula por la Registraduría Nacional. Cuando, en pocas palabras, “dejaron de existir”.
Para una persona los efectos de “no existir” ante el Estado pueden ser devastadores. Al existir en el registro nacional se me otorga un número, una identificación por la que se me reconoce y a través de la cual puedo acceder a diferentes servicios y derechos. Pero si no existo, si no hay constancia de mi estado civil para el país en el que vivo, difícilmente me van a prestar los servicios que requiero en el sistema de salud, por ejemplo.
De eso da fe Miguel*, quien le dijo a la BBC que no fue atendido en el hospital al que acudió para hacerse unos exámenes de rutina como paciente de VIH, pues su identificación había sido “anulada”. Había “dejado de existir”. Gabriela Arenas, afectada por la misma situación, le comentó a este diario hace unos meses que no podía trabajar como lo hacía el año pasado y que tenía miedo de perder sus inversiones y sus propiedades. Sin documento no puede acceder a servicios financieros. Mientras que Marcos* le confesó a la BBC que no sale de su casa por temor a ser arrestado por las autoridades, pues al ser despojado de su identificación quedó en un estado de “migrante irregular”.
“No existir” para el Estado, concretamente no aparecer en los registros, es la razón por la que las personas migrantes indocumentadas en todo el mundo tienen miedo de ir a una consulta médica, que además de ser rechazadas en los centros de salud, estas personas pueden llegar a ser fichadas, denunciadas y deportadas por su condición de indocumentados. También es el motivo por el que no suelen salir de casa y viven con temor de ser expulsados.
En Colombia, 43 mil personas “dejaron de existir” para el Estado de un día para otro, entre estas Miguel*, Marcos* y Gabriela. Es un grupo extenso de colombo-venezolanos de segunda y tercera generación. Es decir, son personas nacidas en Venezuela, pero hijos e hijas de padres colombianos. Por eso tienen derecho a la nacionalidad colombiana, según establece el artículo 96 de la Constitución. Lo único que deben hacer para reclamar este derecho es cumplir con la documentación requerida y formalizar el proceso ante la Registraduría. Y así lo hicieron.
Algunos dicen haberlo hecho incluso hace una década. Sin embargo, en junio de 2021, la Registraduría y la Superintendencia de Notariado formularon un proyecto llamado “Verificación de registros civiles de nacimiento y matrimonio para su posible anulación, por no cumplir con los requisitos de la ley bajo la garantía del debido proceso”. A través de este, los registradores especiales, notarios, inspectores de policía y delegados departamentales recibieron la instrucción de verificar los registros para encontrar si había extranjeros que obtuvieran la nacionalidad colombiana por adopción de manera irregular.
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En febrero de 2022, luego de meses de una revisión escueta que faltó al debido proceso, según varias ONG y consultorios jurídicos, la Registraduría informó que a 43 mil colombianos nacionalizados se les anuló su cédula porque supuestamente incurrieron en un delito del cual la mayoría no fueron informados: fraude de identidad o adulteración de documentos y falsos testigos. Fueron castigados sin opción de defenderse.
“Hay unas violaciones grandísimas al debido proceso con estas cancelaciones. La primera es que no se les informa a estas personas de la cancelación, sino que se dan cuenta por otros medios. Cuando empezamos a notificar esta violación masiva, pensamos en posicionar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que consideramos que tiene la relevancia para que internacionalmente se hagan actos de veeduría y actos de garantía a los derechos humanos para la defensa de esta población vulnerable”, comentó Camila Becerra Sandoval, consultora jurídica en la línea de movilidad humana de Race and Equality, una de las organizaciones que han abogado por la población afectada.
Como bien apunta Becerra, hay que recordar que estas personas vienen de un país donde hay una violación masiva a los derechos humanos en donde no pueden acceder a salud o justicia, entre otros, y en donde son perseguidos. Hay que tener un perfil de protección reforzada para estas personas, como ha dicho la Corte Constitucional en varios pronunciamientos. Y, de hecho, así se pensó en un momento.
“La Registraduría había omitido el requisito de la apostilla para el registro de nacimiento de las personas que solicitaban el reconocimiento de la nacionalidad colombiana que provenían de Venezuela porque este procedimiento es casi imposible para los venezolanos, ya que puede costar más de US$400, y que además requiere la presencialidad. Es decir, para muchos requiere regresar al país. Sin embargo, a finales de 2020, se revierte esta decisión pensando que el sistema virtual facilitaría el apostillado, pero esto no sucedió”, comenta Becerra.
A las personas colombo-venezolanas a las que se les canceló la cédula se les dijo que enviaran los requisitos faltantes para completar de nuevo el proceso, como un registro civil apostillado, y así podrían tener su cédula de nuevo. Esto es prácticamente imposible, dadas las dificultades para acceder al apostillado en Venezuela. Es por eso que Race & Equality y otra docena de organizaciones quieren que la CIDH medie para llegar a una solución a este problema, como lo ha hecho en casos similares, como el de República Dominicana y Haití.
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La CIDH celebró hace dos semanas una audiencia pública sobre el caso en el que dejó claro, tras una evaluación, que la Registraduría no siguió el debido proceso porque no puede probar que hizo un análisis caso a caso que sustente las acusaciones que hizo. “Si yo presento un testigo falso, lo mínimo que requiero es que la Registraduría me diga por qué intuye que es un testigo falso. Pero no hay manera de comprobarlo. Por lo tanto alertamos que no hay motivación en los actos”, explica Becerra.
Por esto, la CIDH solicitó al Gobierno colombiano actuar. Pero las acciones no deberían limitarse a corregir lo que ocurrió con estas 43 mil personas: se necesita que el gobierno entrante preste mayor atención a las políticas para los colombianos retornados y los colombo-venezolanos. “Son 980.000 personas que empiezan un proceso de regularización en Colombia, muchos de ellos nunca habían vivido en Colombia, porque son hijos o nietos de colombianos que tienen derecho a la nacionalidad y entran a un país que no es el suyo o que no era el suyo, pero en el cual tienen derechos, incluso derecho a la participación política”, señaló Ronal Rodríguez, politólogo de la Universidad del Rosario, a Voz de América, resaltando que es importante reformular la Ley de Retorno para que casos como el de las 43 mil cédulas anuladas no se repitan.
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