Una reciente investigación en el Rancho Izaguirre, ubicado en una zona agrícola a dos horas de la ciudad de Guadalajara, en México, reveló que el lugar operaba como un “campo de concentración”, según múltiples medios. Era un lugar clandestino de asesinatos y reclutamiento del crimen organizado, presuntamente vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), algo que ha despertado las alertas en distintas organizaciones sociales, que, al tiempo, denuncian actos de omisión por parte de las autoridades ante los fenómenos de violencia y desaparición.
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Los primeros descubrimientos fueron realizados por los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y las Madres Buscadoras de Jalisco, tras recibir una serie de denuncias anónimas sobre la localización del rancho. Los grupos hallaron restos humanos calcinados, montones de ropa, zapatos, maletas, listas con apodos, cientos de cartuchos usados, chalecos antibalas y pistas de obstáculos con alambres de púa y llantas, indicando que también funcionaba como un lugar de entrenamiento.
Desde que las fotografías del lugar comenzaron a circular en los medios de comunicación, se está comparando al recinto con los campos de concentración judíos, como Auschwitz, en Polonia, donde también quedaron atrás objetos personales de las víctimas, después de que sus cuerpos fueron incinerados en hornos. El Rancho Izaguirre tiene aproximadamente 10.000 metros cuadrados, es rectangular y está delimitado por altos muros que no permiten ver su interior. No tiene ventanas, y la única entrada y salida es un portón ilustrado con dos caballos y su nombre.
Un comunicado de la Fundación para la Justicia, un organismo no gubernamental que dedica ayuda y atención a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en México, corroboró la información y aseguró que se trata de un centro de exterminio con hornos clandestinos en Teuchitlán, Jalisco, donde más de 200 personas pudieron haber sido incineradas.
“Dimos (con el lugar) porque teníamos varias llamadas anónimas (…). Nos encontramos con restos de cuerpos humanos calcinados en fosas”, aseguró a la agencia AFP Indira Navarro, vocera del colectivo Guerreros Buscadores. Ella busca desde 2015 a su hermano, Jesús Hernán Navarro, desaparecido en el estado de Sonora. Otra denunciante que se comunicó con esta vocera aseguró que al lugar llegaban cientos de jóvenes que eran sometidos a prácticas inhumanas, incluidas torturas y coerción para atacarse entre los propios “reclutados”, concluyó la información de la AFP.
Desde hace varios años, colectivos de buscadores y organizaciones de derechos humanos han denunciado que jóvenes son atraídos con ofertas de empleo engañosas, con sueldos atractivos, y que las víctimas terminan en sitios como el Rancho Izaguirre. “En estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz y otros se han visto también ese tipo de lugares utilizados por el crimen organizado como centros de entrenamiento, así como de ejecución y desaparición de personas, incluyendo la cremación de cuerpos”, dice Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia de México.
Las autoridades ya habían detectado el rancho desde septiembre de 2024, cuando realizaron un operativo con detenciones y rescate de personas secuestradas, pero los hallazgos más contundentes fueron revelados hasta este marzo por activistas de los grupos buscadores, quienes fueron directamente a la zona e investigaron en profundidad con sus propios recursos.
Cabaret explica que las propias autoridades no buscaron debidamente y dejaron sin levantar los sitios con evidencias esenciales para la investigación de los casos y la identificación de víctimas.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay más de 112.000 desaparecidos desde 1964 hasta marzo de 2025. De este total, alrededor de 16.500 casos corresponden al estado de Jalisco, uno de los más afectados por esta problemática, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los colectivos de familiares y amigos son quienes están “buscando a su hija desaparecida, a su mamá desaparecida, a su amiga que no contestó, al amigo que salió a buscar trabajo y nunca llegó”, dice Mariana Bermúdez, directora general del Centro Vitoria, organización especializada en la defensa y promoción de los derechos humanos en México, que acompaña principalmente a juventudes y víctimas de la violencia. “Las desapariciones masivas no solo están incrementando en número, sino que además se están dando a conocer estos lugares donde no solo ocultan a las víctimas, sino que se usan para sostener el trabajo del crimen organizado, mientras las autoridades permanecen omisas y ciegas ante esta violencia”.
Existe otra variante cuando se descubren sitios como este por medio de los esfuerzos civiles: “Los colectivos de familiares se han convertido en actores esenciales para la búsqueda de desaparecidos con pruebas de ADN. Sin embargo, no reciben la protección necesaria del Estado. Muchos de ellos también han sido víctimas de asesinatos y desapariciones por la labor que realizan”, agrega Cabaret.
Ante estos hechos hay un interrogante clave: ¿cómo pudo operar un centro clandestino como este en un país altamente militarizado? Bermúdez cree que ese ha sido uno de los grandes retrocesos en términos de derechos humanos en el país: “Andrés Manuel López Obrador colocó muchos efectivos de la Guardia Nacional, y a nosotros nos parece que colocar más armas de las que ya hay en nuestros territorios no es una opción”.
La posible corrupción entre el crimen organizado y los organismos de seguridad del país, “a lo mejor no es una complicidad con todo el aparato estatal, pero sí con agentes clave que pueden ayudar a atorar o desatorar estas situaciones”, dice Bermúdez, quien agrega que “las autoridades han sido simplemente omisas en la búsqueda y en llevar a cabo investigaciones por la cantidad de cuerpos que han sido encontrados y que no han podido ser identificados”. Según ella, hay una crisis forense, porque el Estado no ha podido generar mecanismos efectivos para atender a la gran cantidad de personas no localizadas, no identificadas y a aquellas que aún podrían seguir con vida.
“Si bien hay una militarización creciente y varios cuerpos policiacos y militares en todo el territorio, no hay unos asignados a la búsqueda en sí. Intervienen de forma puntual en el marco de las investigaciones, pero cuando los sitios están localizados”, agrega Cabaret, quien también menciona que las comisiones de búsqueda “no cuentan con fuerza armada, ni con facultades de investigación o judiciales en sí. Tampoco con apoyo suficiente de los fiscales, de tal modo que tienen poco alcance frente a los fenómenos criminales que existen aquí”.
La Fundación para la Justicia estima que Jalisco es uno de los estados mexicanos particularmente afectados por la violencia criminal, la ejecución y la desaparición de personas, pero está lejos de ser el único. La directora de la organización concluye que, a lo largo del territorio, “esas dinámicas han sido posibles por la tolerancia o colusión del Estado con grupos delictivos, falta de prevención e intervención oportuna. La política de ‘abrazos no balazos’ del expresidente López Obrador ha favorecido la permanencia de la violencia y de prácticas tan escalofriantes como las de las llamadas ‘cocinas’”.
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Por Alana Barguil
