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La administración de Donald Trump está atacando a los dreamers, como se conoce a los jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que se han acogido al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en el gobierno de Barack Obama con la idea de darles permisos renovables de permanencia y protegerlos de ser deportados. Ahora, bajo el liderazgo republicano, se están dando unos cambios y retrasos que están dejando en situación de vulnerabilidad a medio millón de personas, incluidos miles de colombianos.
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En su primer mandato, Trump mostró voluntad de acabar con el programa, pero el Tribunal Supremo lo impidió. Ahora, tras su regreso a la Casa Blanca, ha eliminado el acceso a la cobertura médica de sus beneficiarios y también las ayudas para el acceso a la educación. Además, debido a los retrasos en el proceso de renovación por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, muchos han perdido sus permisos de trabajo y, en consecuencia, sus empleos.
Según datos de septiembre de 2025, citados por el Instituto de Política Migratoria, 2.810 colombianos eran beneficiarios activos del DACA. Para finales de marzo de ese mismo año, las cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos apuntaban a que 2.960 connacionales estaban registrados en el programa. Se cree que en los últimos años, entre 3.000 y 3.500 jóvenes colombianos han estado amparados bajo esa sombrilla.
Si bien los números son mayores para países como México, Honduras, El Salvador y Guatemala, todos los inscritos en DACA están siendo presionados por el Gobierno estadounidense con el endurecimiento en sus condiciones de vida para, eventualmente, ser forzados a salir del país.
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Una de las señales más claras para eso es, quizá, la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, adscrita al Departamento de Justicia, con la cual se determinó que un juez migratorio cometió un error al invocar el estatus de DACA de Catalina Santiago como razón suficiente para cerrar su proceso de deportación. Es decir, el programa por sí solo ya no es un argumento válido para impedir una expulsión, y eso se convirtió en un precedente que preocupa a muchos.
Santiago, cuando era una niña, llegó con su familia de origen mexicano a Estados Unidos y lleva 20 años formando una vida allí. Activista en favor de los migrantes y casada con un ciudadano estadounidense, fue detenida el año pasado en Texas cuando aún estaba vigente su DACA. Su detención ocurrió cuando se dirigía a un viaje de trabajo para la organización sin fines de lucro La Mujer Obrera.
Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aseguró en una carta revisada por el medio británico The Guardian que, entre enero y septiembre de 2025, Washington deportó a 174 personas que estaban renovando su protección contra la deportación en virtud del DACA. La misiva también confirmó que 270 beneficiarios del programa fueron arrestados durante ese mismo período.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional informó que, entre finales de septiembre y mediados de noviembre de 2025, 73 beneficiarios adicionales del programa DACA fueron arrestados por ICE, lo que elevó a 343 el número total de beneficiarios detenidos a lo largo de casi todo el año pasado.
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