Abelardo de la Espriella ha anunciado los primeros pasos de su agenda diplomática a poco más de diez días del arranque de su gobierno con el inminente cierre de las embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. A esto se suma la suspensión de la apertura de la embajada de Colombia en Palestina y la fusión de las embajadas ante Francia y la Unesco, así como las de Italia y la FAO. La reorganización, según De la Espriella, tiene el fin de optimizar la política diplomática colombiana, haciéndola “moderna y eficiente”. “Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, afirmó el mandatario electo durante una transmisión en vivo el domingo.
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Sin embargo, la noticia apenas comenzó a circular cuando ya surgieron cuestionamientos sobre el impacto fiscal que tendría esta medida, al menos en términos de costos. En redes sociales se viralizó rápidamente la información publicada anualmente por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, según la cual el presupuesto de relaciones exteriores representa apenas el 0,35 % del Presupuesto General de la Nación, lo que ha llevado a cuestionar el ahorro que realmente pueda generar la medida. En concreto, según los datos del observatorio, de un presupuesto de COP 547 billones, solo 1,9 billones están destinados a este fin, con la precisión de que cerrar embajadas no significa eliminar todo el presupuesto de la Cancillería. Ese rubro también financia consulados, el funcionamiento del ministerio, la atención a colombianos en el exterior, la participación en organismos internacionales y otros gastos.
“Lo de la austeridad es una tontería. El cierre de una embajada supone un ahorro que, creo, tiene tantos ceros a la izquierda que ni siquiera caben en una calculadora normal. Es decir, es insignificante frente a la cantidad de problemas prácticos y diplomáticos que genera. Esto último es más difícil de medir, pero, evidentemente, la relación con los países donde se cierran las embajadas queda afectada, y de eso ya tenemos experiencias del pasado”, explicó a El Espectador un funcionario diplomático colombiano bajo reserva de identidad. Claro está que las decisiones que está tomando De la Espriella son plenamente legales y están dentro de sus facultades como presidente. En palabras de Fabián Cárdenas, doctor en Derecho Internacional y docente de la Universidad Javeriana, “hay cosas que, independientemente de que el gasto sea alto o bajo en comparación con el presupuesto, sí pueden recortarse cuando se afronta una crisis fiscal. Lo que puede hacer un presidente es eliminar aquello que no está aportando ningún beneficio”.
Pero, entonces, ¿se puede medir la efectividad de una embajada en términos de costo-beneficio? Las funciones de una misión diplomática van desde la representación política, la negociación, la promoción comercial y la cooperación hasta la atención a connacionales. En ese sentido, como bien decía el diplomático consultado para este análisis, en esas cuentas también hay que tener en cuenta cómo queda golpeada la relación con el otro país. Si bien De la Espriella afirmó que esto no implica romper relaciones diplomáticas con ninguno de los países mencionados, con excepción de Cuba y Nicaragua, el funcionario resalta que, solo con revisar la lista, es evidente que varios diplomáticos de carrera deberán ser reubicados tras estos cierres. Eso, paradójicamente, también le genera costos a la Cancillería.
Tanto Cárdenas como el funcionario diplomático consultado coinciden en un punto: el análisis debe hacerse caso por caso. Entre los que generan mayores interrogantes están las embajadas en Ghana y Azerbaiyán, que hacen parte del esquema de embajadas compartidas de la Alianza del Pacífico, una iniciativa mediante la cual los países del bloque comparten infraestructura y recursos para reducir costos y ampliar su presencia diplomática. En Ghana la sede es utilizada por Chile, Colombia, México y Perú, mientras que la misión en Azerbaiyán es compartida por Colombia, Chile y México. El eventual cierre de estas sedes no solo tendría un impacto limitado sobre el gasto, al tratarse de representaciones con costos compartidos, sino que también obligaría a revisar los acuerdos de cooperación existentes con los demás miembros de la Alianza del Pacífico. Aunque el derecho internacional permite mantener relaciones diplomáticas mediante embajadas concurrentes acreditadas desde terceros países, modificar este tipo de esquemas supone renegociar compromisos y redefinir la forma en que Colombia ejerce su representación diplomática en esos Estados.
Otros casos, como Sudáfrica y Argelia, sospecha el diplomático, podrían tener más que ver con “la forma en que esos países se han posicionado frente al conflicto en Gaza”. Más aún si se tiene en cuenta el explícito acercamiento de De la Espriella con Israel. También alerta sobre lo mucho que costó mantener las relaciones con Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse a manos de militares colombianos en retiro, para ahora cerrar la embajada. Cárdenas, por su parte, hace un llamado claro sobre el caso de Nicaragua. Para el presidente electo, este país, junto con Cuba, queda fuera de cualquier conversación por la naturaleza de sus gobiernos. Pero, para el docente, “De la Espriella no ha tenido en cuenta que Colombia aún tiene pendiente la implementación de sus fallos internacionales más importantes con Nicaragua, en los que están en juego intereses económicos de enorme magnitud. Allí están los intereses de Colombia en el mar Caribe y también los derechos humanos de los pescadores de San Andrés y Providencia”.
De la Espriella aseguró que, desde otros puntos cercanos, el servicio diplomático seguirá prestando atención a los colombianos en estos países. Sin embargo, para el funcionario consultado, “evidentemente hay un daño para los colombianos que están en todos esos países. En unos habrá 100, en otros habrá 10.000 y en otros habrá 40, pero igual van a quedar afectados”. Lo que todavía no ha explicado el gobierno electo es con qué criterios se sustenta la selección de las 14 embajadas. Tanto quienes defienden como quienes cuestionan la medida coinciden en un punto: el impacto depende menos del número de sedes que se cierren que de si esas decisiones responden a un análisis de los intereses estratégicos, comerciales y políticos de Colombia en cada país.
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Por Hugo Santiago Caro
