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Chile vivió días convulsos en 2019, cuando una ola de protestas masivas, que estalló por el aumento del precio del pasaje del metro, se convirtió en un clamor por un cambio profundo. El estallido social solo se calmó tras la propuesta de redactar una nueva Constitución que reemplace la heredada del régimen de Augusto Pinochet que, para la mayoría de los chilenos, es la culpable de todos los males del país.
La posibilidad de escribir una nueva ley fundamental se materializó el pasado octubre, con la celebración de un histórico plebiscito que se aprobó por abrumadora mayoría (80 %). Pero el momento más importante en este camino para reformar el mapa político chileno se vive este fin de semana con las llamadas “megaelecciones”.
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Y es que Chile enfrenta este 15 y 16 de mayo cuatro elecciones simultáneas en las que participan 16.730 candidatos: alcaldes, concejales y gobernadores, y las constituyentes, en las que escogerán a los 155 constituyentes que redactarán la futura Carta Magna.
“Algunos consideran estas elecciones más importantes que el plebiscito que marcó el fin de la era Pinochet, por varias razones: es la primera ocasión en la que los ciudadanos podrán elegir a los gobernadores, que hasta hace poco eran nombrados por el presidente. Esta es una oportunidad para descentralizar el poder político del país; sin embargo, las competencias de un gobernador todavía se están tramitando en el Congreso, así que inicialmente este cargo estaría en el limbo”, explica Germán Campos-Herrera, Investigador asociado del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales.
La atención, sin embargo, se concentra en la elección de los 155 constituyentes, pues no sólo es un proceso inédito en el país el cambio de Constitución, sino que marca un hito mundial, al ser la primera asamblea con igualdad de hombres y mujeres. Más de 1.300 candidatos se postulan para hacer parte de este proceso histórico.
La convención paritaria
Varios analistas concluyen que lo más excepcional de estas elecciones es que el órgano constituyente, que tendrá la responsabilidad de sacar adelante la nueva Constitución chilena, será paritario. Una demanda que no sólo nació en las calles durante las protestas sociales en las que las mujeres tuvieron un rol protagónico, sino que también surgió del activismo de diferentes organizaciones sociales que insistieron en impulsar la representatividad de las mujeres en el sistema político chileno.
“Es un evento histórico no solo para la democracia chilena, sino también para la construcción de democracias más representativas en el mundo. Esta será la primera convención constitucional 100 % paritaria, y esperamos que sea una contribución para asegurar que en las decisiones se considere la diversidad con la cual está construida nuestra sociedad”, dijo Pía Mundaca, directora ejecutiva del centro de estudios Espacio Público en Chile, a este diario.
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La convención paritaria llega en un momento en el que la violencia hacia la mujer y los casos de femicidio son una tendencia que no sólo se observa en Chile, sino en todo el mundo. En 2019, y según cifras del Centro de Investigación Periodística (CIPER), 46 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Chile. “En los dos últimos años, uno de cada cuatro intentos de asesinato terminó en muerte de la mujer”, se lee en el documento publicado por el centro de investigación en 2020. El derecho a vivir libres de violencia, la igualdad salarial y política, y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, son algunos de los derechos por los que las mujeres de la convención podrían luchar.
“Probablemente los intereses de las mujeres que resulten electas en la Convención Constituyente no serán comunes, porque serán un grupo diverso y heterogéneo según su ideología o la de su partido, condicionado por alineamientos de clase, culturales, religiosos u otros. Pero pese a esa diversidad de intereses, posiblemente las convencionales constituyentes llevarán al debate constitucional sus propias experiencias de vida, que en algún punto dejarán de ser individuales y serán trayectorias compartidas de discriminación en el ámbito civil, social y político, por el mero hecho de ser mujeres”, escribió la abogada Miriam Henríquez en una publicación del (CIPER).
También tienen garantizada su participación los indígenas, para los que se reservaron 17 de los 155 escaños al órgano. Chile tiene una decena de pueblos originarios que representan el 12,8 % de la población nacional. “Este país es uno de los pocos en América Latina en donde la Constitución no reconoce a los indígenas”, señaló Campos Herrera. Unas megaelecciones, sin duda, que son apenas el punto de partida para el año electoral agitado que vivirá esta nación.
Para el mes de julio están programadas las primarias presidenciales y de candidatos al Congreso. En noviembre se realizará la elección de diputados, senadores y presidente y, en caso de haber una segunda vuelta presidencial, ésta se realizará el 19 de diciembre.
Un nuevo comienzo
Y aunque las elecciones son el punto de partida, el malestar ciudadano no se ha ido. El presidente Sebastián Piñera tiene apenas un 9 % de aprobación y muchos dicen que este fin de semana será un examen a su gestión. Piñera ha sido acusado de tener “un pésimo manejo de la emergencia sanitaria”, según los medios locales, aunque el proceso de vacunación haya sido exitoso. De acuerdo con cifras oficiales, Chile, con 19 millones de habitantes, es uno de los países que tienen mayor porcentaje de población vacunada: cerca del 50 % ya recibió por lo menos una dosis.
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A pesar de ese logro, el balance de la pandemia es un problema para el gobierno de Piñera: 1,3 millones de infectados y aproximadamente 27.000 muertos y mantiene aún a cerca del 90 % del país en cuarentena los fines de semana. Lo más grave fue la desigualdad que destapó el coronavirus.
Según escribió en Latinoamérica21 Javier Hernández, sociólogo y profesor asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco, “desde 1998, algunos estudios en Chile, principalmente desde el PNUD, identifican un malestar social asociado a que las promesas que trajo el retorno a la democracia habían sido defraudadas, al tiempo que las personas percibían que sus condiciones materiales mejoraban, pero no al ritmo de la élite. Este malestar parece haber explotado en octubre de 2019, advirtiendo que la distancia entre élite y sociedad había alcanzado una situación crítica”.
El poder político del país creía que el drama de la pobreza había logrado controlarse en sus años de bonanza económica, pero las manifestaciones de hace dos años mostraron la realidad, una que la pandemia agravó pues la economía chilena cayó 5,8 %, su peor registro en 40 años, y más de un millón de personas perdieron el empleo.
La proliferación de carpas en las calles, la instalación de cientos de ollas comunes –como no se veía desde la dictadura (1973-1990)– y el incremento en casi el doble del número de familias que viven en campamentos, retratan la forma en que la pobreza ha resurgido en Chile.
La gran incógnita es la participación electoral, que no ha superado más del 50 % desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, a excepción del plebiscito del pasado octubre (50,9 %). Los expertos indican que la complejidad de los comicios, la situación social y la amplia oferta electoral pueden jugar en contra y desincentivar el voto, aunque los electores no se demorarán más de cuatro minutos en sufragar, pese a la cantidad de papeletas –en el referéndum de octubre tardaron un minuto en promedio en votar–. Para promover el voto, se decidió hacer la elección en dos jornadas: sábado y domingo.
“Retomando las palabras del ministro del Interior, los resultados que se conocerán el lunes deberán ser tomados muy en serio por el gobierno, pues será una evaluación a la gestión de Chile Vamos, la coalición en el poder. Las distintas fuerzas hacen que esta megaelección sea un examen al gobierno de Piñera y proyecte lo que pasará en noviembre, cuando se elija presidente”, concluye Germán Campos Herrera.
Lo que pase este domingo en Chile redefinirá el rumbo del país: malestar ciudadano, desconexión entre políticos y ciudadanos y descrédito institucional o una sociedad incluyente que permita oportunidades para los más vulnerables y golpeados por la crisis mundial. Chile elige.