"Clínicas de deshomosexualización" en Ecuador

Las "clínicas de deshomosexualización" son una realidad solapada en Ecuador, tanto por los responsables de estos centros como las autoridades, pese a las denuncias de ONG ante organismos internacionales de una total impunidad sobre la materia.

Torturas físicas y psicológicas, humillaciones, mala alimentación, privación de sueño, descargas eléctricas y "violaciones correctivas", son prácticas llevadas a cabo en estos centros repartidos por todo el país, donde internan a la fuerza a jóvenes para corregir su orientación sexual, según las denuncias.

En enero del año pasado, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación "por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en centros privados en los que se practican las llamadas 'terapias de reorientación sexual o deshomosexualización".

El Comité observó que ninguno de los procesos iniciados por la Fiscalía ecuatoriana "hayan concluido en condena".

En Ecuador se han elaborado varios informes e investigaciones periodísticas con casos documentados y testimonios de afectados por los abusos sufridos en las clínicas, supuestamente de desintoxicación o centros eclesiales.

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Uno de los casos emblemáticos es el de Jonathan Vasconez, internado contra su voluntad en mayo de 2010 por mediación de su familia, que buscaba así cambiar su orientación.

A los 23 años fue secuestrado por el director y dos "adictos" del centro "La Estancia", en Patate, provincia de Tungurahua.

"Me dijeron que eran de antinarcóticos y que me suba al vehículo. Luego me taparon la cabeza y cuando llegué allá me explicaron que era por un tema de adicción", asegura a Efe Vasconez.

En el tiempo en que estuvo internado y que se prolongó durante más de un año, logró escapar en dos ocasiones, pero siempre lo volvían a capturar.

"Había maltrato, nos ponían sobre las tablas de la cama, nos pegaban, esposaban, me introdujeron la cabeza en un tanque de agua, nos botaban la basura encima, nos sacaban de noche a hacer ejercicio, nos mojaban con la manguera de agua", relata sobre algunas de las torturas que recuerda haber sufrido.

La clínica fue intervenida por las autoridades por hacinamiento y porque también había menores. Su caso llegó a una corte pero finalmente quedó sobreseído.

Ver más: Ser gay en América Latina es una pesadilla

Otro que despertó enorme revuelo social fue el de Paola Concha Zirith en 2008, secuestrada de su casa y conducida a una clínica cerca de Quito, donde sufrió entre otras agresiones "violación correctiva" por ser lesbiana, aunque nunca llegó a denunciar.

De las decenas de casos registrados en los últimos años, solo uno, el de Zulema Constante, de 2013, concluyó con una sentencia que fue irrisoria, como el pago de 6 dólares y diez días de prisión para el responsable, que condenado por un delito de plagio.

Cayetana Salao, coordinadora de proyectos del Taller de Comunicación Mujer una de las ONG que trabaja en este campo, señala que solo en área de Quito tienen contabilizados 65 en los últimos doce años, a los que se sumarían otros adicionales en Manabí, Cuenca, Ibarra o Guayaquil.

"Es muy complejo tener un número exacto porque ninguno de estos casos ha llegado a un feliz término en cuanto a sanciones o medidas ejemplares para que dejen de suceder", afirma.

En total han registrado seis casos judicializados, pero las solicitudes a las autoridades judiciales suelen toparse con dificultades para obtener de información, en buena medida por la cláusula de confidencialidad que rodea los casos sobre personas de identidad de género diversa, medida que cuestionan las organizaciones.

Ver más: Comunidad LGTBI, un nicho de mercado

Los colectivos LGTBI denuncian además que la justicia no ha llegado a considerar estos casos con la dimensión que merecen, como delitos de odio por razón de orientación sexual, como contempla el Código Orgánico Integral Penal.

Carlos Flores, autor del trabajo periodístico "Impunidad que tortura", considera que en Ecuador "hay una clara evidencia de impunidad sobre estos casos y las reformas de carácter normativo no son suficientes para evitarlos".

Indica que hay clínicas que siguen funcionando pese a figurar en informes oficiales y de estar bajo la lupa del Comité Contra la Tortura, y propone campañas de sensibilización y mayor prevención por parte del Estado, "para que no tengamos que esperar a conocer el próximo caso emblemático".

Efe ha tratado sin éxito de obtener un pronunciamiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador sobre la cuestión. 
 

Las "clínicas de deshomosexualización" son una realidad solapada en Ecuador, tanto por los responsables de estos centros como las autoridades, pese a las denuncias de ONG ante organismos internacionales de una total impunidad sobre la materia.

Torturas físicas y psicológicas, humillaciones, mala alimentación, privación de sueño, descargas eléctricas y "violaciones correctivas", son prácticas llevadas a cabo en estos centros repartidos por todo el país, donde internan a la fuerza a jóvenes para corregir su orientación sexual, según las denuncias.

En enero del año pasado, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación "por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en centros privados en los que se practican las llamadas 'terapias de reorientación sexual o deshomosexualización".

El Comité observó que ninguno de los procesos iniciados por la Fiscalía ecuatoriana "hayan concluido en condena".

En Ecuador se han elaborado varios informes e investigaciones periodísticas con casos documentados y testimonios de afectados por los abusos sufridos en las clínicas, supuestamente de desintoxicación o centros eclesiales.

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Uno de los casos emblemáticos es el de Jonathan Vasconez, internado contra su voluntad en mayo de 2010 por mediación de su familia, que buscaba así cambiar su orientación.

A los 23 años fue secuestrado por el director y dos "adictos" del centro "La Estancia", en Patate, provincia de Tungurahua.

"Me dijeron que eran de antinarcóticos y que me suba al vehículo. Luego me taparon la cabeza y cuando llegué allá me explicaron que era por un tema de adicción", asegura a Efe Vasconez.

En el tiempo en que estuvo internado y que se prolongó durante más de un año, logró escapar en dos ocasiones, pero siempre lo volvían a capturar.

"Había maltrato, nos ponían sobre las tablas de la cama, nos pegaban, esposaban, me introdujeron la cabeza en un tanque de agua, nos botaban la basura encima, nos sacaban de noche a hacer ejercicio, nos mojaban con la manguera de agua", relata sobre algunas de las torturas que recuerda haber sufrido.

La clínica fue intervenida por las autoridades por hacinamiento y porque también había menores. Su caso llegó a una corte pero finalmente quedó sobreseído.

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Otro que despertó enorme revuelo social fue el de Paola Concha Zirith en 2008, secuestrada de su casa y conducida a una clínica cerca de Quito, donde sufrió entre otras agresiones "violación correctiva" por ser lesbiana, aunque nunca llegó a denunciar.

De las decenas de casos registrados en los últimos años, solo uno, el de Zulema Constante, de 2013, concluyó con una sentencia que fue irrisoria, como el pago de 6 dólares y diez días de prisión para el responsable, que condenado por un delito de plagio.

Cayetana Salao, coordinadora de proyectos del Taller de Comunicación Mujer una de las ONG que trabaja en este campo, señala que solo en área de Quito tienen contabilizados 65 en los últimos doce años, a los que se sumarían otros adicionales en Manabí, Cuenca, Ibarra o Guayaquil.

"Es muy complejo tener un número exacto porque ninguno de estos casos ha llegado a un feliz término en cuanto a sanciones o medidas ejemplares para que dejen de suceder", afirma.

En total han registrado seis casos judicializados, pero las solicitudes a las autoridades judiciales suelen toparse con dificultades para obtener de información, en buena medida por la cláusula de confidencialidad que rodea los casos sobre personas de identidad de género diversa, medida que cuestionan las organizaciones.

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Los colectivos LGTBI denuncian además que la justicia no ha llegado a considerar estos casos con la dimensión que merecen, como delitos de odio por razón de orientación sexual, como contempla el Código Orgánico Integral Penal.

Carlos Flores, autor del trabajo periodístico "Impunidad que tortura", considera que en Ecuador "hay una clara evidencia de impunidad sobre estos casos y las reformas de carácter normativo no son suficientes para evitarlos".

Indica que hay clínicas que siguen funcionando pese a figurar en informes oficiales y de estar bajo la lupa del Comité Contra la Tortura, y propone campañas de sensibilización y mayor prevención por parte del Estado, "para que no tengamos que esperar a conocer el próximo caso emblemático".

Efe ha tratado sin éxito de obtener un pronunciamiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador sobre la cuestión.