La primera vez que Marco Rakower sufrió abusos por parte de un cura fue cuando tenía diez años. Fue en la iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, mientras se preparaba para la primera comunión, cuando un sacerdote se acercó a él y lo besó en los labios. Después, en otra sesión, tocó sus partes íntimas. Pero eso no quedó ahí: a sus doce años dijo que un padre del Colegio Mayor de San Bartolomé abusó de él y que en la arquidiócesis de Bogotá sufrió lo peor a manos de un diácono, quien incluso, según lo relató frente a El País, lo hizo participar en un trío con otro cura del seminario.
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Su historia, atravesada por lo que él definió como una serie de actos que le “quitaron la oportunidad de conocer el amor y el afecto físico cuando era niño”, porque en lugar de eso “solo hubo abusos y violaciones”, es una de las que componen un dosier con acusaciones contra 24 clérigos y laicos en ocho países de América. Este documento fue entregado por el diario español al Vaticano con la idea de que la Santa Sede investigue y dé una respuesta a las víctimas, pues en muchas ocasiones no ha habido tal. La mitad de los casos se sitúan en Colombia y los demás en Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela.
En el país, esto viene existiendo, en medio del silencio, desde hace años, pues hay registros en las décadas del 60 y el 80 de abusos cometidos en la Catedral de Bogotá, en casas curales, en colegios parroquiales, e incluso en territorios como Sopó (Cundinamarca), Bello y Medellín (Antioquia), Pamplona (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño). Esto se ha extendido incluso hasta hace relativamente poco, entre los años 2013 y 2014. Hernán Olano, doctor en derecho canónico y profesor de doctorado en la Universidad Javeriana, cree que en eso confluyen varios elementos: una histórica cultura del silencio, una autoridad moral de la Iglesia que en algunas diócesis no se ha cuestionado y en otras sí, como lo hizo la Corte Constitucional frente a las de Medellín y Villavicencio, y la falta de canonistas y penalistas en las comisiones del cuidado contra la pederastia.
De acuerdo con el informe de El País, hay un problema más: varias historias no han llegado a Roma, pese a que desde 2001 es obligatorio informar sobre ellas. En muy pocos casos las víctimas han recibido la atención adecuada o una compensación económica. Al contrario, se les ha ignorado. Entonces, según Olano, la presión social ejercida a partir de las publicaciones de prensa y de algunos libros sí ha surtido algo de efecto frente al Vaticano y las diócesis del mundo, pero en lo que respecta a Colombia eso ha sido gradual y se ha mostrado de una forma menos contundente con respecto a los procesos en otros países. En Perú, por ejemplo, el papa Francisco disolvió el Sodalicio, la organización religiosa que fue investigada durante años por denuncias de presuntos abusos sexuales y psicológicos por parte de su fundador y otros responsables. Allí, el sistema de fidelidad se construyó a partir de la violencia, las agresiones y los abusos sexuales que sufrieron decenas de jóvenes.
Ahora, en el nuevo pontificado de León XIV, “el desafío central no es normativo, sino de operabilidad de las denuncias y de contundencia en la acción”, aseguró Olano: “Eso es una condición necesaria para cualquier proceso de justicia”. Al nuevo jerarca de la Iglesia católica se le escuchó decir el año pasado, desde Asís y ante los miembros de la Conferencia Episcopal Italiana, que se debe desarrollar una “cultura de prevención” frente al abuso sexual contra menores. Fue criticado por eso por Rete l’Abuso, la principal asociación de víctimas en Italia, que lamentó que el jerarca no promoviera una política de “tolerancia cero”. Él, en declaraciones a la agencia AFP, agregó: “En Italia no hay nada que celebrar, y ellos (el Vaticano) lo saben perfectamente”.
El primer caso de pederastia que le estalló como sumo pontífice fue el que involucra a Rafael Zornoza, obispo emérito de Cádiz y Ceuta, que, de hecho, fue recientemente archivado. Sobre la acusación por presunta agresión sexual continuada a un menor en los años noventa, cuando era sacerdote en Getafe, el Tribunal de la Rota recomendó abrir un proceso penal. Sin embargo, el Dicasterio de Doctrina de la Fe se aferró a un tecnicismo para archivar la denuncia: no estaría claro si el denunciante era menor en el momento de los hechos, aunque en su escrito afirmó que tenía 14 años. Él, que ya no puede presentar ningún recurso y que no puede acudir a los tribunales ordinarios porque el caso está prescrito, relató ante El País: “No estoy cabreado, porque no espero nada de la Iglesia católica. Estoy decepcionado. La Iglesia podía hacer un proceso de sanación”.
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