“Colombia ha tenido una actitud pasiva”: Juan Ramón Martínez

Después de conocerse el decreto 1787, emitido el pasado 26 de mayo por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del cual se crearon y activaron las llamadas Zodimain, que incluyen áreas marítimas que hoy están en disputa con Colombia, han surgido muchos interrogantes acerca de lo que esto significa para el territorio colombiano. Por esto El Espectador habló con el internacionalista Juan Ramón Martínez, doctor en derecho y profesor de la Universidad del Rosario, sobre la historia de esta disputa, las razones de la misma y los efectos que tiene hoy para el territorio y la diplomacia colombiana.

¿Cuándo empezó esta discusión limítrofe con Venezuela?

Desde 1830 existe en la Constitución de los dos países una controversia sobre cuál es el territorio y espacio sobre el cual se ejerce la jurisdicción.

¿Por qué no quedaron bien delimitadas esas fronteras?

Porque España había establecido una forma de delimitación teniendo en cuenta que hacia el oriente funcionaba la Capitanía de Venezuela y hacia el occidente la Nueva Granada. Entonces, cuando se decidió hacer esta cesión, utilizando figuras como la del uti possidetis iuris que significa “así como has poseído poseerás”, se entendería que la delimitación iba a estar dada por las formas que España había establecido hasta el momento. A partir de entonces vino un rifirrafe entre los dos estados por establecer cuál podría ser la limitación que había establecido España.

¿Qué hemos hecho para solucionar esta diferencia limítrofe?

En el siglo XX hubo varios intentos de delimitación, pero a pesar de que ya estaba la limitación en tierra firme, no era fácil la discusión de la limitación en el mar. Utilizando la figura del uti possidetis iuris podemos encontrar que en el mar existía una delimitación que permitiría señalar a Colombia límites en una porción de lotes que se encuentran en el norte del territorio marítimo colombiano que son Los Monjes.

Si Los Monjes terminan delimitando el territorio colombiano, ¿por qué se sigue discutiendo?

Bajo la figura del uti possidetis iuris se encontrarían sujetos a jurisdicción colombiana, pero surgió una situación sobre la cual hay diferentes versiones. Una de ellas es que Colombia decidió contratar una entidad suiza para realizar la delimitación de Los Monjes y tuvo el infortunio de que esa compañía confundió Los Monjes con Los Frailes, que es otra cadena de islotes que queda más hacia el occidente. Entonces estableció una delimitación con Los Frailes, dejando a un lado Los Monjes.

¿Y qué más hemos hecho al respecto desde Colombia en los diferentes gobiernos?

Varias cosas han pasado, pero tal vez podemos referenciar, solamente hasta los años noventa, un esfuerzo muy amplio del presidente Virgilio Barco para tratar de establecer una delimitación con el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Se establecieron unas mesas de discusión importantes, pero no se logró ningún acuerdo.

¿Quién ejerce soberanía en esas aguas hoy?

Venezuela se encuentra ejerciendo soberanía de facto sobre ese territorio en disputa, aunque jurídicamente nosotros reclamemos derechos sobre el mismo. Y al ser un territorio en disputa se encuentra sujeto a un acuerdo a través de la negociación para establecer la delimitación.

¿Por qué es grave para Colombia el decreto 1787, emitido por el presidente Maduro?

Tenemos unos derechos que cobijan Los Monjes y una porción de mar, a través de ese acto administrativo, pero Venezuela lo desconoce por medio de una figura que también es compleja, porque el decreto plantea una zona militar, que implica la presencia activa de fuerzas armadas, y eso complica mucho más la situación. Lo que busca Venezuela es la legitimación de su actuación a través de un acto jurídico unilateral. Eso no sólo afecta los intereses de Colombia sino los de otros estados como Guyana, cuya afectación es mucho más relevante que la que se plantea para Colombia.

Económicamente, ¿a Colombia en qué la afecta la decisión unilateral de Venezuela?

Esta porción de mar que se encuentra en disputa es una región rica en hidrocarburos y en recursos hidrológicos para la pesca. Pero al final de todo, el control que los estados tienen sobre la tierra termina siendo fundamental.

La sensación que queda como ciudadanos es que no debe haber mayor preocupación…

El hecho de no preocuparnos, o de haber abandonado la discusión de nuestras fronteras, no es excusa para justificar la actitud pasiva que hemos tomado. Si miramos la decisión tomada en la disputa del territorio con Nicaragua, perder un kilómetro ahora termina siendo igual de complejo, y no sólo para la explotación de recursos de hidrocarburos, también para la navegación marítima en la región.

¿Colombia ha tomado una actitud pasiva en este caso?

Sí, hemos hecho esfuerzos, pero han sido débiles. Esta es una situación que merece especial atención. Debemos dejar de lado esa actitud reactiva en lo que tiene que ver con otros estados. Debemos dejar de esperar a que otros países realicen un acto unilateral o vayan a un tribunal internacional y entonces sí responder a través de una nota de protesta o esperar ir a un litigio.

¿Esta situación podría terminar con Venezuela en litigio, como fue el caso con Nicaragua?

No es posible por dos razones: primero, porque Colombia y Venezuela decidieron que el único mecanismo para solucionar este conflicto es la negociación, dejando de lado la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales o a la figura del arbitraje, y en segundo lugar porque Colombia decidió retirarse del Pacto de Bogotá.

¿Y qué tiene que ver haberse retirado del Pacto de Bogotá con este diferendo limítrofe?

Ese pacto nos hubiera permitido llevar la controversia con Venezuela a la Corte Internacional de Justicia, que habría sido el mejor escenario para dirimir este tema .

¿Habernos retirado del Pacto de Bogotá nos afecta para encontrar una solución con Venezuela?

Es uno de los tantos errores que se han cometido en la política exterior de nuestro país: decidimos satanizar una figura como esa convención para la resolución pacífica de controversias internacionales. Es uno de los mecanismos más importantes para garantizar la paz en el continente, y Colombia, en un afán mediático y electoral, decidió retirarse de este instrumento. Ahora carecemos de una figura que nos permita encontrar una solución de forma pacífica, incluido ir al Tribunal Internacional de Justicia.

¿Fue un error la decisión de retirarnos de ese pacto? En ese momento lo vimos como algo acertado…

Fue un error gigantesco. En próximas ocasiones, cuando tengamos otras controversias, no vamos a tener espacios o escenarios que nos permitan una solución directa.

¿Quiere decir que sólo queda la alternativa de negociar con Venezuela?

Sí, la alternativa es esa. Nos corresponde reactivar las mesas de diálogo en la Comisión Binacional de Fronteras entre Colombia y Venezuela y buscar un acuerdo para la delimitación de ese territorio. No sabemos si lo que hoy termina siendo un escenario que puede parecer aislado en una gaceta del gobierno venezolano pueda generar una situación que al final tengamos que lamentar si no se le pone real atención en este momento y no nos sentamos a negociar la limitación marítima limítrofe entre Colombia y Venezuela.

¿La emisión de este decreto por parte del gobierno venezolano es una cortina de humo para ocultar la crisis interna de ese país?

Creer eso es aminorar y bajarle el impacto a una situación muy compleja como la que se está presentando.

Entonces, ¿cuál sería la razón para que el presidente Maduro emitiera ese decreto ahora?

Hubo un detonante específico y fue la situación con Guyana, que a finales del año pasado permitió la apertura de un proceso licitatorio para la explotación de petróleo en territorio de disputa con Venezuela. Esto fue mal visto por Caracas y derivó en un acto administrativo que les permitiera establecer cuál es el mar que se encuentra sujeto a su jurisdicción.

¿Eso qué tiene que ver con Colombia?

Lo hicieron a través de una acción tan radical como la figura de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima Insular (Zodimain), que fue lo que se estableció en el decreto 1787. Ese decreto implica afectar derechos que no solamente tienen que ver con Guyana sino con el territorio en disputa con Colombia.

Si el decreto se emitió el 26 de mayo, ¿por qué Colombia tardó tanto tiempo en reaccionar?

Sería importante preguntarle a Cancillería, aunque debo decir que los tiempos en la diplomacia son lentos.

¿Hay que preocuparse?

Absolutamente. No preocuparnos y dejar que las cosas pasen termina derivando en situaciones tan oscuras y complejas como nos sucedió con Nicaragua.

¿Eso quiere decir que lo hemos venido manejando mal?

Yo creo que sí, porque lo que sucede en Colombia es que no existe una política estratégica en relación a la delimitación y el ejercicio soberano de nuestras fronteras. Estamos siempre a la espera de que algo suceda para tratar de apagarlo después, pero no se toman medidas de fondo que puedan dar una seguridad jurídica que impida que una situación termine en detrimento de los intereses generales.

Después de conocerse el decreto 1787, emitido el pasado 26 de mayo por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través del cual se crearon y activaron las llamadas Zodimain, que incluyen áreas marítimas que hoy están en disputa con Colombia, han surgido muchos interrogantes acerca de lo que esto significa para el territorio colombiano. Por esto El Espectador habló con el internacionalista Juan Ramón Martínez, doctor en derecho y profesor de la Universidad del Rosario, sobre la historia de esta disputa, las razones de la misma y los efectos que tiene hoy para el territorio y la diplomacia colombiana.

¿Cuándo empezó esta discusión limítrofe con Venezuela?

Desde 1830 existe en la Constitución de los dos países una controversia sobre cuál es el territorio y espacio sobre el cual se ejerce la jurisdicción.

¿Por qué no quedaron bien delimitadas esas fronteras?

Porque España había establecido una forma de delimitación teniendo en cuenta que hacia el oriente funcionaba la Capitanía de Venezuela y hacia el occidente la Nueva Granada. Entonces, cuando se decidió hacer esta cesión, utilizando figuras como la del uti possidetis iuris que significa “así como has poseído poseerás”, se entendería que la delimitación iba a estar dada por las formas que España había establecido hasta el momento. A partir de entonces vino un rifirrafe entre los dos estados por establecer cuál podría ser la limitación que había establecido España.

¿Qué hemos hecho para solucionar esta diferencia limítrofe?

En el siglo XX hubo varios intentos de delimitación, pero a pesar de que ya estaba la limitación en tierra firme, no era fácil la discusión de la limitación en el mar. Utilizando la figura del uti possidetis iuris podemos encontrar que en el mar existía una delimitación que permitiría señalar a Colombia límites en una porción de lotes que se encuentran en el norte del territorio marítimo colombiano que son Los Monjes.

Si Los Monjes terminan delimitando el territorio colombiano, ¿por qué se sigue discutiendo?

Bajo la figura del uti possidetis iuris se encontrarían sujetos a jurisdicción colombiana, pero surgió una situación sobre la cual hay diferentes versiones. Una de ellas es que Colombia decidió contratar una entidad suiza para realizar la delimitación de Los Monjes y tuvo el infortunio de que esa compañía confundió Los Monjes con Los Frailes, que es otra cadena de islotes que queda más hacia el occidente. Entonces estableció una delimitación con Los Frailes, dejando a un lado Los Monjes.

¿Y qué más hemos hecho al respecto desde Colombia en los diferentes gobiernos?

Varias cosas han pasado, pero tal vez podemos referenciar, solamente hasta los años noventa, un esfuerzo muy amplio del presidente Virgilio Barco para tratar de establecer una delimitación con el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Se establecieron unas mesas de discusión importantes, pero no se logró ningún acuerdo.

¿Quién ejerce soberanía en esas aguas hoy?

Venezuela se encuentra ejerciendo soberanía de facto sobre ese territorio en disputa, aunque jurídicamente nosotros reclamemos derechos sobre el mismo. Y al ser un territorio en disputa se encuentra sujeto a un acuerdo a través de la negociación para establecer la delimitación.

¿Por qué es grave para Colombia el decreto 1787, emitido por el presidente Maduro?

Tenemos unos derechos que cobijan Los Monjes y una porción de mar, a través de ese acto administrativo, pero Venezuela lo desconoce por medio de una figura que también es compleja, porque el decreto plantea una zona militar, que implica la presencia activa de fuerzas armadas, y eso complica mucho más la situación. Lo que busca Venezuela es la legitimación de su actuación a través de un acto jurídico unilateral. Eso no sólo afecta los intereses de Colombia sino los de otros estados como Guyana, cuya afectación es mucho más relevante que la que se plantea para Colombia.

Económicamente, ¿a Colombia en qué la afecta la decisión unilateral de Venezuela?

Esta porción de mar que se encuentra en disputa es una región rica en hidrocarburos y en recursos hidrológicos para la pesca. Pero al final de todo, el control que los estados tienen sobre la tierra termina siendo fundamental.

La sensación que queda como ciudadanos es que no debe haber mayor preocupación…

El hecho de no preocuparnos, o de haber abandonado la discusión de nuestras fronteras, no es excusa para justificar la actitud pasiva que hemos tomado. Si miramos la decisión tomada en la disputa del territorio con Nicaragua, perder un kilómetro ahora termina siendo igual de complejo, y no sólo para la explotación de recursos de hidrocarburos, también para la navegación marítima en la región.

¿Colombia ha tomado una actitud pasiva en este caso?

Sí, hemos hecho esfuerzos, pero han sido débiles. Esta es una situación que merece especial atención. Debemos dejar de lado esa actitud reactiva en lo que tiene que ver con otros estados. Debemos dejar de esperar a que otros países realicen un acto unilateral o vayan a un tribunal internacional y entonces sí responder a través de una nota de protesta o esperar ir a un litigio.

¿Esta situación podría terminar con Venezuela en litigio, como fue el caso con Nicaragua?

No es posible por dos razones: primero, porque Colombia y Venezuela decidieron que el único mecanismo para solucionar este conflicto es la negociación, dejando de lado la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales o a la figura del arbitraje, y en segundo lugar porque Colombia decidió retirarse del Pacto de Bogotá.

¿Y qué tiene que ver haberse retirado del Pacto de Bogotá con este diferendo limítrofe?

Ese pacto nos hubiera permitido llevar la controversia con Venezuela a la Corte Internacional de Justicia, que habría sido el mejor escenario para dirimir este tema .

¿Habernos retirado del Pacto de Bogotá nos afecta para encontrar una solución con Venezuela?

Es uno de los tantos errores que se han cometido en la política exterior de nuestro país: decidimos satanizar una figura como esa convención para la resolución pacífica de controversias internacionales. Es uno de los mecanismos más importantes para garantizar la paz en el continente, y Colombia, en un afán mediático y electoral, decidió retirarse de este instrumento. Ahora carecemos de una figura que nos permita encontrar una solución de forma pacífica, incluido ir al Tribunal Internacional de Justicia.

¿Fue un error la decisión de retirarnos de ese pacto? En ese momento lo vimos como algo acertado…

Fue un error gigantesco. En próximas ocasiones, cuando tengamos otras controversias, no vamos a tener espacios o escenarios que nos permitan una solución directa.

¿Quiere decir que sólo queda la alternativa de negociar con Venezuela?

Sí, la alternativa es esa. Nos corresponde reactivar las mesas de diálogo en la Comisión Binacional de Fronteras entre Colombia y Venezuela y buscar un acuerdo para la delimitación de ese territorio. No sabemos si lo que hoy termina siendo un escenario que puede parecer aislado en una gaceta del gobierno venezolano pueda generar una situación que al final tengamos que lamentar si no se le pone real atención en este momento y no nos sentamos a negociar la limitación marítima limítrofe entre Colombia y Venezuela.

¿La emisión de este decreto por parte del gobierno venezolano es una cortina de humo para ocultar la crisis interna de ese país?

Creer eso es aminorar y bajarle el impacto a una situación muy compleja como la que se está presentando.

Entonces, ¿cuál sería la razón para que el presidente Maduro emitiera ese decreto ahora?

Hubo un detonante específico y fue la situación con Guyana, que a finales del año pasado permitió la apertura de un proceso licitatorio para la explotación de petróleo en territorio de disputa con Venezuela. Esto fue mal visto por Caracas y derivó en un acto administrativo que les permitiera establecer cuál es el mar que se encuentra sujeto a su jurisdicción.

¿Eso qué tiene que ver con Colombia?

Lo hicieron a través de una acción tan radical como la figura de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima Insular (Zodimain), que fue lo que se estableció en el decreto 1787. Ese decreto implica afectar derechos que no solamente tienen que ver con Guyana sino con el territorio en disputa con Colombia.

Si el decreto se emitió el 26 de mayo, ¿por qué Colombia tardó tanto tiempo en reaccionar?

Sería importante preguntarle a Cancillería, aunque debo decir que los tiempos en la diplomacia son lentos.

¿Hay que preocuparse?

Absolutamente. No preocuparnos y dejar que las cosas pasen termina derivando en situaciones tan oscuras y complejas como nos sucedió con Nicaragua.

¿Eso quiere decir que lo hemos venido manejando mal?

Yo creo que sí, porque lo que sucede en Colombia es que no existe una política estratégica en relación a la delimitación y el ejercicio soberano de nuestras fronteras. Estamos siempre a la espera de que algo suceda para tratar de apagarlo después, pero no se toman medidas de fondo que puedan dar una seguridad jurídica que impida que una situación termine en detrimento de los intereses generales.