El Gobierno que preside Daniel Ortega oficializó este viernes el cierre de la jesuita Universidad Centroamericana, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país centroamericano y fundado en 1960.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó en un comunicado "su preocupación con la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, que se concretó con un oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua del 15 de agosto del año en curso".
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"Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA que, bajo la administración de la Compañía de Jesús, es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua", agregó la Cancillería.
La UCA, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, ha tenido que traspasar por orden de la Justicia sus activos muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, después de haber sido acusada de delitos de terrorismo.
Según las autoridades, este centro de estudios se encontraba en "incumplimiento de sus obligaciones conforme la Ley", al no reportar sus estados financieros del período fiscal 2020, 2021 y 2022, y tener su junta directiva "vencida" desde el 18 de marzo de 2022.
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También acusó a la entidad de funcionar “como un centro de terrorismo, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas en el país”.
La Policía de Nicaragua también allanó la residencia en la que habitaban los sacerdotes que estaban a cargo de la UCA. “Todos los sacerdotes fueron expulsados, por lo que se vieron obligados a trasladarse a la comunidad San Ignacio, del Colegio Centroamérica, en Managua”, reseñó el medio Confidencial, que cita a fuentes cercanas a la Iglesia católica nicaragüense.
En la tarde de este sábado se conoció la respuesta oficial de Nicaragua ante los reclamos de Colombia. En una carta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país calificó el reclamo como una ”posición intervencionista” y añadió que está expresado con “insolencia e ignorancia vulgar sobre la corrección en el manejo de los asuntos entre los Estados”.
En la carta le pide a la Cancillería colombiana “mantener su mirada en sus propios problemas, que son enormes” y “ver la paja en el ojo propio”.
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