Chile realizó este jueves 16 de abril su primer vuelo oficial de deportación masiva de migrantes irregulares bajo el gobierno de José Antonio Kast, el cual transportó a 40 personas en total: 19 colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos. Este esquema, más conocido por haber sido ampliamente implementado en Estados Unidos, parece estar ganando popularidad en América Latina.
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“En América Latina, gobiernos de derecha han impulsado políticas migratorias más restrictivas, con expulsiones de migrantes, en parte influenciadas por el modelo de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump”, explicó Txomin Las Heras Leizaola, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
Kast llegó al poder con la promesa de deportar a más de 3.000 inmigrantes irregulares que residen en Chile, la mayoría de ellos de origen venezolano. Sin embargo, en este primer vuelo de expulsión no se incluyó a ningún ciudadano venezolano, una decisión atribuida a las tensiones diplomáticas existentes entre ambos países.
Lo que llamó la atención de este primer vuelo fue la alta presencia de colombianos entre los deportados, especialmente porque el gobierno chileno asegura que las personas expulsadas tienen antecedentes penales o han infringido la ley en algún momento de su estadía en el país. Sin embargo, hay escasas evidencias públicas que confirmen de forma clara y detallada que todos los casos cumplen realmente con esos criterios.
“Los informes señalan que todas las personas tenían órdenes de expulsión, pero no todas por delitos: algunos solo por migrar de forma irregular. Agruparlas en la misma categoría es problemático, porque puede llevar a criminalizar la migración, que es un derecho”, afirmó Catalina Arenas-Ortiz, directora de la consultora Equilibrium.
La Cancillería, por su parte, afirmó que este tipo de vuelos se está normalizando, no solo en Chile sino también en varios países de Sudamérica, y que corresponde a la discreción de cada gobierno, dado que suele ocurrir con relativa frecuencia.
Para enfrentar estos casos, la directora explica que el ecosistema de cooperación internacional —incluida la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)— ha estado acompañando activamente los procesos de deportación y trabajando de manera coordinada con la Cancillería para garantizar que las personas retornadas cuenten con unos mínimos de protección social a su llegada.
Destaca además la importancia que tiene fortalecer la integración en los lugares de acogida, de modo que las personas puedan acceder a rutas de retorno, servicios públicos, oportunidades laborales y afiliación al sistema de salud, facilitando así su reincorporación a la vida social y comunitaria. No obstante, señala que estos esfuerzos de contingencia operan en un contexto normativo desactualizado, lo que limita la efectividad de las respuestas institucionales.
Esta acción del gobierno de Kast ha sido hasta ahora y sin duda la más contundente frente a la migración que se ha tenido en Chile. Sin embargo, según Las Heras, desde hace tiempo en Chile se ha observado el reforzamiento militar de la frontera, así como la construcción de muros y fosas en zonas fronterizas, con el objetivo de dificultar el cruce irregular de personas. “Lo que parece es que esta situación podría intensificarse. De hecho, ya se están realizando acciones como redadas en barrios donde viven migrantes, con el fin de detenerlos y expulsarlos del país”, afirmó el experto.
Por su parte, Catalina Arenas-Ortiz advierte de los peligros que tienen estas duras medidas; Según ella, aunque la cifra de los 19 colombianos no es escandalosa ni demuestra la realidad de la cantidad de connacionales que se encuentran en el exterior, este tipo de acciones sí tienen una consecuencia simbólica sobre las violencias que pueden vivir los migrantes al ser constantemente perseguidos y estigmatizados dentro del país.
“Es importante abordar este tema con el cuidado necesario, ya que se pueden terminar promoviendo discursos de odio y criminalizando la migración. Esto no contribuye a la región ni a la lucha contra la desigualdad, ni al derecho de las personas a movilizarse y buscar un proyecto de vida en otros países”, aseguró Arenas-Ortiz.
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Por Laura Henao Arévalo
