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Colombia “tiene la disposición” de aplicar el convenio bilateral con Ecuador sobre repatriación de personas condenadas. Así se lo habrían hecho saber las autoridades colombianas a sus contrapartes ecuatorianas este miércoles durante una reunión informada por la Cancillería.
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Según la cartera, “delegaciones de alto nivel de Colombia y Ecuador se reunieron en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para abordar la aplicación de los mecanismos de colaboración y cooperación judicial entre ambos países en el marco del Convenio de Esmeraldas en lo relacionado con la repatriación de personas sentenciadas”.
Dicha reunión tuvo lugar en el marco de la visita de la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y su comitiva. Sommerfeld se reunió esta mañana con el canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo.
Para lo relacionado a los connacionales privados de la libertad en el vecino país, la delegación de Colombia estuvo presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, y el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa., Camilo Umaña.
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“Como entidad competente de Colombia para el traslado de personas condenadas, el viceministro Umaña, hizo una completa presentación del marco legal que rige la cooperación en esta materia entre los dos países. Resaltó que el Convenio y reglamentos existentes han venido funcionando de manera permanente desde hace 30 años”, informó la Cancillería.
Umaña habría manifestado la disposición de Colombia a aplicar los convenios teniendo en cuenta que Ecuador declaró la emergencia carcelaria el pasado 12 de febrero.
“Como resultado del encuentro, los dos gobiernos expresaron su disposición de seguir aplicando de manera eficiente y expedita los procedimientos previstos en los acuerdos bilaterales para facilitar las repatriaciones voluntarias de ciudadanos privados de libertad, de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, hacia sus respectivos países de origen con el fin de que cumplan sus condenas”.
Esta reunión se da luego de tensos intercambios entre el gobierno colombiano y el ecuatoriano, a raíz de las declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien aseguró que “sacaría” a cerca de 1.500 colombianos presos en cárceles del vecino país.
El lenguaje del mandatario causó confusión, pues no era claro si se refería a expulsiones o deportaciones, o a repatriaciones. Un expulsión, como en su momento explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, implicaría que, como ciudadanos colombianos, estarían en libertad de entrar y circular por el territorio nacional una vez crucen la frontera. Solo serían capturados en Colombia si tienen pendientes con la justicia de este país.
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No obstante, el presidente Noboa también en su momento también habló de “coordinación con la contraparte”, lo que indicaría que se refería a repatriaciones.
Según el convenio de 1990 firmado entre Colombia y Ecuador, este “es un proceso individual (no masivo), que responde a criterios objetivos (no a la simple voluntad de los Estados parte), y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”, explicaron el Minjusticia y la Cancillería colombiana en un comunicado.
Por eso se ha escuchado al ministro decir que los casos tendrían que estudiarse “uno por uno”.
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