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El juicio a cinco exparamilitares guatemaltecos por violencia sexual contra 36 mujeres indígenas mayas en los años ochenta durante la guerra (1960-1996) inició este miércoles luego de retrasos en un tribunal de la capital.
Los procesados son exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), quienes asistieron por medio de videoconferencia desde la cárcel Mariscal Zavala, donde están recluidos. Los hechos habrían ocurrido entre 1981 y 1985 en el municipio de Rabinal, al norte de la capital guatemalteca. Los acusados son Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino.
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La demanda comenzó hace una década cuando 11 mujeres denunciaron el abuso ante la justicia. Luego se sumaron otras víctimas para un total de 36 demandantes, dijo a periodistas la abogada Lucía Xiloj, que apoya su causa.
La jueza guatemalteca Jazmín Barrios denegó al inicio del debate una solicitud por parte de la defensa de tres de los acusados, que argumentó que los delitos en cuestión ya prescribieron. La jueza, ampliamente galardonada en el extranjero por su desempeño en procesos judiciales anteriores, explicó que los delitos graves en contra de los derechos humanos no prescriben de acuerdo a las leyes locales y acuerdos internacionales.
Una de las mujeres víctimas de los patrulleros exigió el martes el castigo a los sindicados durante un pequeño plantón en las afueras del Organismo Judicial guatemalteco.
”Nosotras, las mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales dentro del conflicto armado, hemos sacado coraje de contar lo que nos sucedió para que en esta sociedad nunca más vuelvan a suceder estos actos inhumanos contra hombres y especialmente contra mujeres”, se lee en un comunicado divulgado por la organización Impunity Watch Guatemala. ”La vergüenza es para los que lo hicieron”, añadió.
En el debate oral y público los peritos expusieron la estrategia contrainsurgente usada por los paramilitares y soldados durante el conflicto armado para demostrar el abuso que sufrió la población maya. Xiloj calificó de aberrantes los hechos debido a que muchas mujeres “fueron violentadas después de la desaparición (forzada) de sus esposos” por parte los exparamilitares y soldados.
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Para representantes de la Asociación Bufete Jurídico de Rabinal, acompañante del caso, la apertura del juicio da esperanza a la lucha de estas mujeres y de otras víctimas de la guerra civil que ensangrentó este país durante 36 años.
La premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, que asistió el martes, dijo que este caso es un desafío para el Estado porque “no cumplió con su obligación de defender a estas hermanas que fueron violadas, torturadas, humilladas y que fueron sometidas a la esclavitud (sexual) durante tantos años del conflicto armado”.
Rabinal fue una de las poblaciones más golpeadas durante la guerra y allí se ubicó una tumba colectiva con más de 3.000 víctimas. Una Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó los crímenes de guerra en Guatemala, documentó 669 masacres y aseguró que el 93 % de las violaciones fueron cometidas por aparatos del Estado.
Las PAC y la figura del comisionado militar que fueron instrumentos de represión durante la guerra quedaron disueltas con la firma de los acuerdos en 1996, lo que puso fin al conflicto que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos.