Recuerde qué fue lo primero que hizo antes de salir de casa en las últimas elecciones presidenciales: alistar su documento de identidad. Cuando un colombiano, ecuatoriano, inglés, alemán... o básicamente cualquier persona en el planeta se presenta ante los jurados electorales para votar, lo más lógico para nosotros es que le pidan un dcumento que lo identifique para ejercer su derecho al voto. Pero las cosas no funcionan así en Estados Unidos.
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Cada estado decide, y en varios de ellos ni siquiera hace falta mostrar un documento, basta con decir su nombre y firmar. Esto tiene una lógica de fondo: millones, no miles, sino millones de estadounidenses carecen de un documento que los identifique o uno con datos actualizados. El Departamento de Estado calcula que cerca del 53 % de la población actual no tiene un pasaporte, mientras que el centro VoteRiders encontró que más de 34,5 millones de estadounidenses no tienen licencia o identificación estatal vigente, o tienen una que no refleja su nombre o dirección actual.
El Brennan Center for Justice calcula que más de 21 millones de estadounidenses en edad de votar no tienen acceso inmediato a ningún documento que pruebe su ciudadanía. Muy loco, ¿no? Esto se pone peor para afroamericanos, quienes tienen casi cuatro veces más probabilidad de no tener una identificación vigente que los ciudadanos blancos, y las mujeres, quienes suelen cambiarse su apellido cuando se casan. Esto último hace que no tengan un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal vigente, lo que las dejaría sin poder usarlo como prueba de ciudadanía.
De esta manera, la licencia de conducción ha surgido como un documento salvador para quienes buscan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, como se mencionaba, casi 28,6 millones de personas tienen una licencia de conducir vigente, pero que no coincide con su nombre o dirección actual.
Sin la infraestructura para que cada estadounidense puede tramitar con facilidad su documento de identificación, la alternativa de ejercer su derecho al voto apenas declarando su nombre en la mesa y firmando –lo que pone un sello de garantía- ha facilitado que millones de personas puedan participar de la “democracia más sólida del mundo”. ¿Esto es seguro? ¿Cómo garantizan en los estados donde esto ocurre que un voto de verdad corresponda al de un votante y que nadie más vote en su nombre? Las penas de hasta cinco años de prisión, que varían según el estado, por cometer un fraude electoral de este tipo han logrado persuadir lo suficiente a la ciudadanía.
Un estudio del profesor Justin Levitt, de Loyola Law School, que revisó todas las elecciones en EE. UU. entre 2000 y 2014, encontró apenas entre 31 y 35 casos creíbles de fraude por suplantación de votante, sobre más de 800 a 1.000 millones de votos emitidos. La suplantación de otro votante es “prácticamente inexistente”, según el Brennan Center.
Aun con esta información en la mesa, el presidente Donald Trump quiere que se cambien las reglas de juego a menos de cuatro meses de las cruciales elecciones de medio término y que se exijan documentos de identidad para votar. Su narrativa es buena: hay que tener unas elecciones más seguras. Todos pueden coincidir en que eso es positivo. El problema es que lo hace sin ofrecer ninguna alternativa que facilite que su ciudadanía adquiera antes un documento para votar.
Para respaldar la urgencia de aprobar su Ley Save America, con la que se aplicaría el cambio, Trump ofreció una conferencia el jueves en la noche, en la que insistió en la narrativa de amenaza de fraude electoral bajo tres pilares: que en Venezuela ocurrió fraude electoral cuando se intervinieron sus máquinas de votación, por lo que en Estados Unidos también podría ocurrir; que en la lista de votantes registrados aparecen nombres de personas que ya fallecieron, y finalmente que China tiene los datos de millones de estadounidenses con los que ha podido influir en las elecciones. Empecemos por esto último.
Según los documentos que el gobierno de Trump mostró para respaldar su discurso, China tiene un listado de millones de datos de votantes para injerir en las elecciones. Pero dichos datos no son producto de ningún hackeo: si usted accede a la página oficial del estado de Colorado, por ejemplo, podrá ver las listas de registro de votantes, porque todos estos datos son públicos.
La aparición de unos 400.000 nombres de personas en las listas de votantes de un total de 68 millones de registros revisados, que equivale a apenas medio por ciento del total, también tiene una explicación: cuando alguien muere, no hay un sistema que borre su nombre en tiempo real. eso depende de que las autoridades electorales crucen los registros contra las bases de datos de defunciones del Seguro Social, o incluso obituarios, y lo hacen de forma periódica, no instantánea.
Sobre el caso Venezuela, el propio documento que el gobierno estadounidense sacó a la luz dice lo contrario de lo que Trump insinuó: la comunidad de inteligencia determinó que Venezuela y la empresa Smartmatic no tenían la capacidad de manipular resultados electorales fuera del país caribeño. Además, hay una salvedad técnica.
Las máquinas donde la gente vota no están, ni pueden estar, conectadas a internet. No tienen wifi, ni bluetooth, ni ninguna tarjeta de red. El único cable que sale de muchas de ellas es el de la corriente. El sistema de conteo central funciona en una red aislada, separada físicamente de la red pública. Donde sí han existido vulnerabilidades reales, documentadas por expertos independientes, es en las computadoras donde se programa el diseño de la papeleta antes de la elección, un paso previo y distinto a “hackear una elección” en tiempo real.
Estos matices no quieren decir que no haya problemas. A principios de su gobierno, Trump desmanteló buena parte de la infraestructura creada específicamente para corregir fallas en el sistema. En febrero de 2025, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado entonces por Elon Musk, canceló un contrato del equipo de la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA), despidiendo a más de 100 personas dedicadas a hacer pruebas de penetración en sistemas críticos, incluidos los electorales. La plantilla total de la agencia cayó de unos 3.400 a 2.500 empleados en un año.
Ese mismo recorte se llevó por delante el Centro de Análisis e Intercambio de Información de Infraestructura Electoral (EI-ISAC), que asesoraba a funcionarios electorales y fabricantes de máquinas de votación sobre amenazas cibernéticas en tiempo real. La consecuencia es que los estados quedaron dependiendo de sus propias agencias de tecnología, sin el respaldo federal que antes existía para detectar intentos de intrusión como los que Trump denunció el jueves. El senador demócrata Mark Warner ha pedido explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional por la pérdida de ese apoyo, pero no hay respuesta.
Trump también ha despedido a funcionarios que califican las elecciones de seguras, terminó la cooperación con el Centro Multiestatal de Intercambio y Análisis de Información, que monitoreaba amenazas y vulnerabilidades de redes para gobiernos locales, y propuso en abril un recorte que cerraría todo el programa de seguridad electoral y suprimiría 860 cargos. La Ley SAVE no resolverá estos problemas, pero sí crearía otros adicionales. Por ahora, no tiene los votos suficientes, pero el gobierno considera introducirla como un “mico” en el proyecto de presupuesto.
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