Congresista de EE. UU. le pide a Biden revisar los asesinatos de líderes sociales en Colombia
El representante demócrata Jim McGovern lamentó “la falta de voluntad de Iván Duque para detener los asesinatos de líderes sociales” y le pidió al presidente Joe Biden que ponga este problema en su agenda.
El representante a la Cámara Jim McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, habló en el Congreso de Estados Unidos en apoyo a los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia que están siendo amenazados y asesinados con impunidad.
McGovern citó el informe de Human Rights Watch (HRW) publicado el 10 de febrero en el que se denuncia cómo el Estado colombiano ha dejado indefensas a innumerables comunidades vulnerables y cómo, a raíz de ese abandono, los asesinatos de defensores de derechos humanos han ido en aumento.
“En las últimas dos décadas he viajado a Colombia en más de una docena de ocasiones y en esos viajes he tenido el privilegio de conocer defensores de derechos humanos y líderes sociales en pueblos y zonas rurales remotas. Estos hombres, mujeres y jóvenes han enfrentado la violencia durante toda su vida… Estos líderes literalmente apostaron sus vidas al Acuerdo de Paz, pero el gobierno colombiano los ha abandonado, así como lo ha hecho a lo largo de la historia”, dijo McGovern.
El informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, de (HRW) expuso una cruda radiografía de la vulnerabilidad de los líderes sociales y de sus comunidades, sobre todo en zonas apartadas, y reclama que el gobierno de Iván Duque actúe interinstitucionalmente para poner fin a este ciclo de violencia.
Le recomendamos: El crudo informe de HRW sobre crímenes de líderes sociales
En 2020 se registraron 421 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. De estos, 130 corresponden a líderes comunales, 67 a líderes comunitarios, 69 a líderes indígenas, 33 a líderes campesinos, 18 a líderes afrocolombianos, sumados a 12 casos de sindicalistas y 10 de defensores de víctimas, entre otros. La violencia se ha notado en 28 de los 32 departamentos del país y en casi el 20 % de los municipios.
Con fallas que limitan los esfuerzos para contrarrestar a los grupos armados, la falta de implementación del Acuerdo de Paz se evidencia. Por ello HRW citó al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz —encargado de verificar los avances de la implementación—, que en 2020 concluyó que solo se cumplieron 33 de los 88 objetivos propuestos para 2019.
“Duque ha tratado de oscurecer el número de líderes sociales asesinados. La falta de voluntad política para prevenir estos asesinatos está desangrando a Colombia”, reprochó el representante McGovern.
Le recomendamos: Entrevista con congresista James McGovern
En este panorama, las organizaciones sociales toman la palabra, se involucran con las comunidades, realizan tareas de protección que les corresponderían a las autoridades y, con ello, aumenta su visibilidad y su riesgo.
“El Estado no ha logrado poner en marcha el modelo individual y comunitario de protecciones exigido por el Acuerdo de Paz. No se ha logrado desmantelar las redes criminales que amenazan diariamente la vida de los líderes sociales. Y ha fallado en enjuiciar a quienes financian las ganancias y ordenan los asesinatos y la violencia contra los líderes sociales. Peor aún, el estado colombiano ha elegido permanecer ausente de gran parte del país para prestar servicios básicos”, dijo McGovern.
El representante demócrata de Massachusetts, y presidente del Comité de Reglas de la Cámara, le pidió al presidente Joe Biden que haga de la protección de líderes sociales de Colombia una de las prioridades de las relaciones bilaterales entre los dos países.
“La administración Biden y el Congreso deberían revisar el informe de HRW y determinar cómo la política y la ayuda estadounidense pueden promover la implementación del Acuerdo de Paz, apoyar sus mecanismos de justicia y ayudar a cumplir las promesas de desarrollo económico. Le pido a mis colegas que defiendan la paz y que pidan poner fin a la violencia contra los valientes líderes sociales en Colombia”, dijo McGovern.
El representante a la Cámara Jim McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, habló en el Congreso de Estados Unidos en apoyo a los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia que están siendo amenazados y asesinados con impunidad.
McGovern citó el informe de Human Rights Watch (HRW) publicado el 10 de febrero en el que se denuncia cómo el Estado colombiano ha dejado indefensas a innumerables comunidades vulnerables y cómo, a raíz de ese abandono, los asesinatos de defensores de derechos humanos han ido en aumento.
“En las últimas dos décadas he viajado a Colombia en más de una docena de ocasiones y en esos viajes he tenido el privilegio de conocer defensores de derechos humanos y líderes sociales en pueblos y zonas rurales remotas. Estos hombres, mujeres y jóvenes han enfrentado la violencia durante toda su vida… Estos líderes literalmente apostaron sus vidas al Acuerdo de Paz, pero el gobierno colombiano los ha abandonado, así como lo ha hecho a lo largo de la historia”, dijo McGovern.
El informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, de (HRW) expuso una cruda radiografía de la vulnerabilidad de los líderes sociales y de sus comunidades, sobre todo en zonas apartadas, y reclama que el gobierno de Iván Duque actúe interinstitucionalmente para poner fin a este ciclo de violencia.
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En 2020 se registraron 421 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. De estos, 130 corresponden a líderes comunales, 67 a líderes comunitarios, 69 a líderes indígenas, 33 a líderes campesinos, 18 a líderes afrocolombianos, sumados a 12 casos de sindicalistas y 10 de defensores de víctimas, entre otros. La violencia se ha notado en 28 de los 32 departamentos del país y en casi el 20 % de los municipios.
Con fallas que limitan los esfuerzos para contrarrestar a los grupos armados, la falta de implementación del Acuerdo de Paz se evidencia. Por ello HRW citó al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz —encargado de verificar los avances de la implementación—, que en 2020 concluyó que solo se cumplieron 33 de los 88 objetivos propuestos para 2019.
“Duque ha tratado de oscurecer el número de líderes sociales asesinados. La falta de voluntad política para prevenir estos asesinatos está desangrando a Colombia”, reprochó el representante McGovern.
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En este panorama, las organizaciones sociales toman la palabra, se involucran con las comunidades, realizan tareas de protección que les corresponderían a las autoridades y, con ello, aumenta su visibilidad y su riesgo.
“El Estado no ha logrado poner en marcha el modelo individual y comunitario de protecciones exigido por el Acuerdo de Paz. No se ha logrado desmantelar las redes criminales que amenazan diariamente la vida de los líderes sociales. Y ha fallado en enjuiciar a quienes financian las ganancias y ordenan los asesinatos y la violencia contra los líderes sociales. Peor aún, el estado colombiano ha elegido permanecer ausente de gran parte del país para prestar servicios básicos”, dijo McGovern.
El representante demócrata de Massachusetts, y presidente del Comité de Reglas de la Cámara, le pidió al presidente Joe Biden que haga de la protección de líderes sociales de Colombia una de las prioridades de las relaciones bilaterales entre los dos países.
“La administración Biden y el Congreso deberían revisar el informe de HRW y determinar cómo la política y la ayuda estadounidense pueden promover la implementación del Acuerdo de Paz, apoyar sus mecanismos de justicia y ayudar a cumplir las promesas de desarrollo económico. Le pido a mis colegas que defiendan la paz y que pidan poner fin a la violencia contra los valientes líderes sociales en Colombia”, dijo McGovern.