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El Congreso de Ecuador votó este jueves a favor de una reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía en el combate al crimen organizado, en medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico.
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La unicameral Asamblea Nacional, con 137 curules, aprobó con 125 votos la reforma parcial al artículo 158 de la Carta Magna, que encarga a los militares de defensa de la soberanía y la integridad territorial y a los policías del orden público interno. La modificación debe ser sometida a un referendo popular en un plazo de 45 días para entrar en efecto.
La reforma establece que el respaldo de los soldados se ceñirá a los delitos de tráfico de drogas, armas y personas, lavado de activos, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada, así como para mantener el orden en el sistema penitenciario, indicó el Legislativo en un comunicado.
Ecuador afronta desde hace varios años el embate de la violencia ligada al narcotráfico, que se disputa el poder a sangre y fuego en las calles y las prisiones. La guerra entre bandas deja más de 460 reclusos muertos en matanzas desde 2021, mientras que los homicidios se han cuadriplicado desde 2018, pasando de 6 a 26 por cada 100.000 habitantes entre 2021 y 2022. Para este año se espera una tasa de 40.
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El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien asumió en noviembre para un período de 18 meses tras elecciones generales anticipadas, impulsa una política de mano dura contra el narco, que ha permeado las instituciones del Estado. Él, de 36 años y autoproclamado de centroizquierda, cuenta con el apoyo del Parlamento gracias a una amplia coalición que abarca partidos de izquierda y derecha.
Para enfrentar el alto nivel de inseguridad y la crisis penitenciaria, su antecesor Guillermo Lasso debió declarar un estado de excepción, que permitió la movilización de militares a las calles y cárceles.
El impopular Lasso, que estuvo en el poder desde mayo de 2021, planteó que la participación de militares en la lucha contra el crimen organizado sea sometida a referendo, pero la Corte Constitucional estableció que debía ser tratada primero por el Congreso. Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador ha decomisado unas 700 toneladas de cocaína desde 2021.
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