Hablar de que Perú votó para destituir a un presidente ha perdido gradualmente el estatus de noticia de impacto en la última década. Este martes cayó, después de solo cuatro meses en el cargo José Jerí, el presidente interino que, como jefe del Congreso, reemplazó a Dina Boluarte después de ser destituida por vacancia moral en octubre último.
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Jerí cayó después de un proceso relativamente breve: en poco más de cuatro horas el pleno del Congreso peruano votó sobre siete mociones de censura presentadas contra su permanencia como presidente del Parlamento. Debatidas al tiempo, se fundamentaron en el denominado caso del “Chifagate” y determinaron su destitución con 75 votos a favor contra 24 en contra. Con dicho nombre se conoció la serie de revelaciones sobre reuniones no registradas del presidente con empresarios chinos vinculados a contratos con el Estado. La controversia surgió cuando se supo que esos encuentros no figuraban en la agenda oficial ni en los registros de transparencia, lo que desató sospechas de posible tráfico de influencias, “lobby” irregular y falta de rendición de cuentas.
Este es el punto en el que vale la pena hacer una distinción: los procesos de Boluarte y de Jerí fueron completamente diferentes. La primera salió por un proceso constitucional de vacancia moral, legislativamente más complicado, por lo que las mayorías requeridas eran más altas. En cambio, contra el saliente mandatario pesó una moción de censura simple, pues se le destituyó del cargo como jefe de Congreso y no como jefe de Estado. La mayoría era simple: la mitad más uno.
“Lo que hemos tenido desde 2016 es una inestabilidad conocida, en el sentido de que rápidamente el sistema se reponía. Claro que sigue siendo un problema serio de la democracia: la fragilidad de la Presidencia de la República. Pero en este caso estamos frente a un presidente designado por el Parlamento. Entonces, demostraría que esta inestabilidad desconocida tiene que ver con el hecho de que el Congreso no le puede proponer a Perú una presidencia sensata, con cierta capacidad de convocatoria”, explica sobre el momento que vive Perú Juan de la Puente, abogado, politólogo y director del portal Pata Amarilla.
De la Puente va más allá y expone cómo, desde la caída de Pedro Castillo tras su autogolpe de Estado fallido, el poder en Perú dejó de recaer sobre la figura de un presidente y se concentró completamente en el Parlamento. “Parlamentarismo de facto”, lo resume, y describe cómo fue el Congreso el que sostuvo a Boluarte aun cuando no fue elegida constitucionalmente. Durante gran parte de su mandato (casi tres años) su popularidad estuvo por debajo del 4 %.
Ahora es el mismo órgano el que dejó que hoy Perú amanezca sin un presidente y en meses claves para el país, pues el período constitucional que abarcó las presidencias de Castillo, Boluarte y Jerí termina este año. Para abril están planteadas elecciones presidenciales. Eduardo Dargent, doctor en ciencia política y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, plantea que este combo es bastante complicado para la figura presidencial: el nuevo presidente o presidenta que escoja el Congreso, sin legitimidad popular, será la persona encargada de garantizar los comicios.
“Es un grave error porque lo que te está diciendo es que el presidente encargado de las elecciones está sujeto a la voluntad de los partidos que compiten en esas elecciones. No tiene sentido. La figura presidencial, sea por encargo o como sea, debería estar bastante más protegida, con un sentido mínimo de realismo político, pero el Congreso ha avanzado en estas interpretaciones que cada vez se otorga más poder”, explica Dargent.
“Es absurdo todo. El Congreso vaca la presidencia anterior, que era un desastre; pone a otros sabiendo que era un desastre, y ahora lo saca”
, afirma Dargent.
En menos de 60 días Perú tendrá elecciones y, según De la Puente, las encuestas apuntan a que entre un 40 y 45 % de los electores habilitados se estarían “resistiendo” a participar ante el descrédito de una carrera presidencial. “Las encuestadoras le llaman a esto ‘indecisos’; diría que son más bien resistentes. De hecho, lo que tenemos hoy en día es un país electoral que está haciendo campaña en medio de la crisis política, y un país antielectoral, que es bastante resistente a escuchar mensajes electorales. No sabemos cuándo se producirá el desembalse”, complementa.
Cortar tan seguido los procesos del Ejecutivo, añade Dargent, tiene consecuencias poco mencionadas cuando se debate la continuidad política en Perú: no hay una implementación de una agenda o “programas técnicos”. Se convierte, más bien, en una parábola: el Congreso sostiene a presidentes a su antojo y entre alianzas políticas terminan siendo designados los mismos ministros de cada gobierno. Se diluye la idea, explica, de captar personal cualificado para los cargos y se entrega a “corruptelas”.
Este miércoles, el pleno se reunirá de nuevo, a las 6:00 p. m., para definir quién quedará de cara al país como presidente por los últimos meses, antes de las elecciones presidenciales. Allí no solo se renovará la presidencia, sino también el pleno del Congreso. Es decir, puede ser una alternativa de renovar el foco central del poder. El problema será si, cuando esto pase, los nuevos (o viejos, renovados) actores continúan con las mismas prácticas y la institucionalidad sigue en función del pulso político del Parlamento.
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Por Hugo Santiago Caro
