Controlar las redes sociales e internet en Venezuela, la nueva apuesta del chavismo
Los diputados chavistas, que ocupan el 92 % de los asientos en la Asamblea Nacional, pretenden promover una nueva reforma legal para “regular el uso de las redes sociales”.
Redacción Internacional y Efe
“¿Qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”, dijo Nicolás Maduro en noviembre del año pasado, en el contexto de la campaña por las parlamentarias, según informó El País de España. Con una Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, en unos comicios muy cuestionados por la comunidad internacional, y controlada por el chavismo, se presentó un primer paquete de medidas, dentro del cual pretenden regular las redes en el país.
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“Los falsos diputados que usurpan el Palacio Federal pretenden reformar la Ley Resorte (que de paso es inconstitucional y vulnera la libertad de expresión), para agregar un capítulo y regular el uso de las redes sociales, y meter preso a quien se exprese en contra del régimen”, escribió el exdiputado Jony Rahal en su cuenta de Twitter.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) fue aprobada en 2004 y permite que el Gobierno regule el contenido de los medios de comunicación estableciendo que la programación no puede contener “violencia” ni “terrorismo”. Rahal envió su alerta al Departamento de Estado de EE.UU. y a la Unión Europea “de este nuevo atentado contra la libertad de expresión en Venezuela que busca acallar con cárcel al ciudadano de a pie que se expresa en contra de la dictadura”.
“Ley de reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, y Medios electrónicos. Interesantísimo este debate. Aquí se va a agregar un capítulo sobre las redes sociales, y la responsabilidad social de las redes sociales en territorio venezolano”, dijo Maduro en la reunión, de acuerdo con el diario El Nacional.
Ataques contra la prensa
No es la primera vez que Maduro arremete contra los portales digitales y la prensa. Según los registros del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), a través de su sistema de monitoreo y alertas, “se contabilizaron al menos 374 incidencias entre enero y diciembre de 2020, que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas″. La organización además registró dos asesinatos y un intento de homicidio contra la vida de los comunicadores sociales en el país.
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“En total se contabilizaron restricciones contra 122 medios privados, 36 independientes, 24 extranjeros, 12 estatales, y cinco medios comunitarios. Estas limitaciones se concentraron en los espacios de noticias en línea, debido a que fueron 85 los medios digitales que resultaron afectados por estos hechos de censura”, se lee en en informe emitido por la organización.
Espacio Público, una asociación civil sin fines de lucro, advirtió que “el 2020 acumuló la mayor cantidad de casos contra la libertad de expresión registrados en 19 años de monitoreo; un total de 390 casos”. Incluso, el gobierno de Maduro encarceló a tuiteros, amparándose en la Ley contra el Odio, sancionada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo con El País de España.
“¿Qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”, dijo Nicolás Maduro en noviembre del año pasado, en el contexto de la campaña por las parlamentarias, según informó El País de España. Con una Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, en unos comicios muy cuestionados por la comunidad internacional, y controlada por el chavismo, se presentó un primer paquete de medidas, dentro del cual pretenden regular las redes en el país.
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“Los falsos diputados que usurpan el Palacio Federal pretenden reformar la Ley Resorte (que de paso es inconstitucional y vulnera la libertad de expresión), para agregar un capítulo y regular el uso de las redes sociales, y meter preso a quien se exprese en contra del régimen”, escribió el exdiputado Jony Rahal en su cuenta de Twitter.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) fue aprobada en 2004 y permite que el Gobierno regule el contenido de los medios de comunicación estableciendo que la programación no puede contener “violencia” ni “terrorismo”. Rahal envió su alerta al Departamento de Estado de EE.UU. y a la Unión Europea “de este nuevo atentado contra la libertad de expresión en Venezuela que busca acallar con cárcel al ciudadano de a pie que se expresa en contra de la dictadura”.
“Ley de reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, y Medios electrónicos. Interesantísimo este debate. Aquí se va a agregar un capítulo sobre las redes sociales, y la responsabilidad social de las redes sociales en territorio venezolano”, dijo Maduro en la reunión, de acuerdo con el diario El Nacional.
Ataques contra la prensa
No es la primera vez que Maduro arremete contra los portales digitales y la prensa. Según los registros del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), a través de su sistema de monitoreo y alertas, “se contabilizaron al menos 374 incidencias entre enero y diciembre de 2020, que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas″. La organización además registró dos asesinatos y un intento de homicidio contra la vida de los comunicadores sociales en el país.
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“En total se contabilizaron restricciones contra 122 medios privados, 36 independientes, 24 extranjeros, 12 estatales, y cinco medios comunitarios. Estas limitaciones se concentraron en los espacios de noticias en línea, debido a que fueron 85 los medios digitales que resultaron afectados por estos hechos de censura”, se lee en en informe emitido por la organización.
Espacio Público, una asociación civil sin fines de lucro, advirtió que “el 2020 acumuló la mayor cantidad de casos contra la libertad de expresión registrados en 19 años de monitoreo; un total de 390 casos”. Incluso, el gobierno de Maduro encarceló a tuiteros, amparándose en la Ley contra el Odio, sancionada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo con El País de España.