La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) culpó al Estado argentino de “no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado” contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos, y de no haber investigado “con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”.
“Argentina (es) responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado” y “no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”, señaló la sentencia de la Corte IDH.
En la mañana del 18 de julio de 1994, un carro bomba estalló en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), dejando 85 muertos y 300 heridos.
A las 9:53 a. m. se produjo una explosión en el edificio y, en pocos segundos, la AMIA y varios edificios alrededor quedaron destruidos. La onda expansiva arrasó con toda la cuadra de Pasteur al 600/700 y afectó más de 100 viviendas y comercios cercanos.
Hoy, 30 años después del ataque, ninguno de los autores ni sospechosos ha sido juzgado. Solo existe una condena contra el exjuez Juan José Galeano por el presunto pago ilegal a Carlos Telleldín, un desarmador de carros, para que falsamente involucrara a policías en el atentado contra la AMIA.
Durante estos años, la investigación había tenido trabas, callejones sin salida e inclusive la presunta muerte de un fiscal, que hicieron prácticamente nulo cualquier fallo.
A los 10 años del atentado, la investigación acumulaba casi 100 mil páginas y más de 1500 carpetas con audios. El juicio, que comenzó en septiembre de 2001 y finalizó en 2004, concluyó que declaraba todo nulo.
El Estado argentino “conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, concluyó la Corte IDH.
Argentina “violó su obligación de prevención”, mencionó la sentencia, ya que hubo situaciones previas “que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA”. Dos años antes del atentado contra la AMIA, un camión cargado con explosivos se estrelló contra la Embajada de Israel. Dejó 29 muertos, solo 22 fueron identificados, y más de 200 heridos, convirtiéndose en el primer atentado terrorista internacional hecho contra Argentina.
“A [los] casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación”, indicaron en la sentencia de la Corte IDH.
Argentina ha acusado por el atentado a exdirigentes iraníes, pero nunca logró sentarlos en el banquillo. Se sospecha además que tuvieron una poderosa conexión local, que aún no fue identificada.
El 23 de abril, Argentina pidió la detención internacional del actual ministro de Interior de Irán, Ahmad Vahidi, quien al momento del atentado era el jefe de las Fuerzas Quds, el brazo paramilitar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
También de Moshen Rezai, jefe de la Guardia Revolucionaria iraní durante 16 años, periodo en el que se perpetró el ataque contra la AMIA; Alí Fallahijan, ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997; Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la Embajada de Irán en Buenos Aires; y, Moshen Rabbani, consejero cultural en la misma delegación diplomática.
En ese sentido, la oficina Central de Interpol emitió una circular roja para la detención de Vahidi a pedido de Argentina.
La justicia argentina también señaló al movimiento chiita Hezbolá como el perpetrador del atentado, declaró a Irán como un “Estado terrorista” y calificó el atentado a la AMIA como un “crimen de lesa humanidad”, según el documento citado por la prensa.
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