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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), contrario a lo que el tribunal internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.
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La Corte IDH declaró el desacato “debido a que (el Estado) ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto ‘por razones humanitarias’ otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla”.
Fujimori cumplía una pena de 25 años por las masacres en Barrios Altos y La Cantuta, por las que fue hallado culpable de crímenes de Estado y lesa humanidad. Fue el primer jefe de Estado de América Latina en ser extraditado a su propio país y en ser condenado por un tribunal nacional por violaciones a los derechos humanos.
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La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú concluyó en la sentencia que el grupo paramilitar Colina, que era un grupo operativo del Servicio de Inteligencia del Ejército, autor directo de los crímenes, actuaba como el brazo ejecutor de un plan de Fujimori. Las masacres ocurrieron durante la lucha contra grupos subversivos, como Sendero Luminoso.
Este miércoles, Dina Boluarte, la presidenta de Perú, descartó que el país fuera a abandonar la Corte IDH y aseguró que no tienen “ninguna motivación” para hacerlo. Según ella, la orden de liberación de Fujimori fue un “mandato del Tribunal Constitucional” y “calza en este respeto a la autonomía de las instituciones del país”.
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“A nosotros como ejecutivo nos corresponde cumplir con las normas internas”, aclaró. Además, Boluarte pidió a la Corte IDH que fuera “célere” para emitir una decisión sobre el caso.
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