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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este jueves a Nicaragua que libere a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y a 13 presos más, como parte de una ampliación de medidas provisionales en favor de opositores al Gobierno de Daniel Ortega que han sido detenidos en los últimos meses.
“El Tribunal considera necesario, debido a las circunstancias excepcionales del presente asunto, ordenar la liberación inmediata de Cristiana María Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco, Pedro Salvador Vásquez, Arturo José Cruz Sequeira, Luis Alberto Rivas Anduray, Miguel de los Ángeles Mora Barberena, Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca y José Bernard Pallais Arana”, indica la CorteIDH.
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Esta es la tercera resolución de medidas provisionales que emite la Corte Interamericana desde junio pasado para ordenar la liberación de opositores presos y la protección de su integridad.
La persecución contra opositores
Cristiana Chamorro, periodista y aspirante independiente a la Presidencia, hija de la exmandataria Barrios de Chamorro y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978), era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones, según las encuestas.
Sin embargo, fue en cuestión de horas que la justicia en Nicaragua la inhabilitó, emitió una orden de captura en su contra y allanó su vivienda. Los hechos ocurrieron el 2 de junio de este año, y vaticinaban una ola de capturas y persecución que alarmaron a la comunidad internacional; todo ad portas de las elecciones presidenciales en el país.
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En el caso de Chamorro, la Fiscalía empezó una investigación en su contra luego de que el Ministerio de Gobernación la señaló sorpresivamente por supuestas irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre (FVBCH), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión. De ahí en adelante, el Gobierno de Daniel Ortega buscó cualquier pretexto para encarcelar a los opositores.
La Corte Interamericana explicó que lo sucedido a las 14 personas incluidas en la resolución de este jueves se enmarca “en un contexto de hostigamiento a quienes se manifiestan en oposición a las políticas del actual gobierno de Nicaragua, sus colaboradores más cercanos y trabajadores, el cual se ha visto exacerbado este año ante la inminencia de las elecciones generales que tendrán lugar en los próximos días”.
El tribunal agrega que las detenciones de estas personas “son la muestra más extrema del proceso de hostigamiento y persecución en su contra”.
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“Las detenciones de estas personas han estado precedidas de actos de estigmatización y amedrentamiento, siendo la detención en sí misma la muestra más extrema de este proceso de hostigamiento y persecución. A esto se suma el hecho de que habrían tenido lugar ciertos actos procesales en los que no habría podido participar su abogado de confianza y para los cuales no se habría podido preparar adecuadamente la defensa”, señala la resolución.
En la lista de 14 beneficiarios de estas medidas también se encuentra el aspirante presidencial Miguel Mora, periodista que estuvo por primera vez en prisión en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018. Él es fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100 % Noticias, que fue clausurado por las autoridades.
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Sin embargo, no solo se trata de detenciones y allanamientos. El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó en diciembre de 2020 (y en tiempo récord) una polémica ley que cierra el espacio de competencia electoral para el 2021 a quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega
La ley, compuesta por dos artículos, establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, no podrán optar a cargos de elección popular.