Costa Rica, Panamá y Jamaica, tres aliados
En estos 10 meses que han transcurrido desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el fallo (19 de noviembre de 2012) con el que dirimió el diferendo limítrofe con Nicaragua, a Colombia le han surgido aliados regionales que en conjunto han manifestado su rechazo a lo que el presidente Juan Manuel Santos llamó los “intereses expansionistas de Nicaragua”.
Redacción Internacional
El rechazo se hizo decididamente más fuerte desde el 23 de junio de este año, cuando el gobierno de Managua presentó un documento a la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas, con el que argumentaba que su plataforma debería ser extendida a un total de 350 millas náuticas, luego de que la CIJ les concediera derechos sobre unos 75.000 kilómetros cuadrados de mar que anteriormente correspondían a Colombia.
La pretensión nicaragüense resultó excesiva para algunos de sus vecinos, que al llevar la proyección de dichos intereses a un estado real, verían cómo porciones de agua sobre las que hoy tienen derechos se verían reducidas a costa del crecimiento de Nicaragua. Tal fue el caso de Costa Rica, Jamaica y Panamá, y en una menor proporción, República Dominicana y Haití.
Este hecho abrió la puerta a una eventual alineación de las posturas frente al caso por parte de los mandatarios que consideran afectados sus intereses soberanos, quienes en la segunda mitad de este mes acudirán, encabezados por el presidente Santos, a la Asamblea General de las Naciones Unidas para entregarle al secretario general, Ban Ki-moon, una carta de rechazo.
Después de que el presidente expusiera la estrategia que aplicará el gobierno de Bogotá frente al fallo de la CIJ, la mandataria costarricense, Laura Chinchilla, ratificó la disposición conjunta a través de su cuenta en Twitter, citando al presidente colombiano: “Junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas —como son Panamá, Costa Rica y Jamaica—, suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes... personalmente, al secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, cuando intervenga en su Asamblea General”.
La construcción de esta suerte de alianza estuvo acompañada de la visita de la canciller María Ángela Holguín, quien en una entrevista pasada con la revista Semana aseguró que “la pretensión de la plataforma continental extendida de Nicaragua no es solamente contra Colombia. También es contra Jamaica, contra Costa Rica, contra Panamá. No estamos solos en esto y en eso estamos trabajando”.
En el escenario de la CIJ, Managua tiene plazo hasta el 30 de noviembre —cuando se cumple un año de la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá, con el que reconocía la jurisdicción del Tribunal— para presentar una demanda que obligue a los magistrados a analizar el tema de la plataforma continental extendida.
Tras el anuncio de la estrategia de Santos, el discurso del gobierno ha hecho referencia a la apertura de un diálogo con Nicaragua que desemboque en un tratado internacional sobre los límites de los dos países.
El rechazo se hizo decididamente más fuerte desde el 23 de junio de este año, cuando el gobierno de Managua presentó un documento a la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas, con el que argumentaba que su plataforma debería ser extendida a un total de 350 millas náuticas, luego de que la CIJ les concediera derechos sobre unos 75.000 kilómetros cuadrados de mar que anteriormente correspondían a Colombia.
La pretensión nicaragüense resultó excesiva para algunos de sus vecinos, que al llevar la proyección de dichos intereses a un estado real, verían cómo porciones de agua sobre las que hoy tienen derechos se verían reducidas a costa del crecimiento de Nicaragua. Tal fue el caso de Costa Rica, Jamaica y Panamá, y en una menor proporción, República Dominicana y Haití.
Este hecho abrió la puerta a una eventual alineación de las posturas frente al caso por parte de los mandatarios que consideran afectados sus intereses soberanos, quienes en la segunda mitad de este mes acudirán, encabezados por el presidente Santos, a la Asamblea General de las Naciones Unidas para entregarle al secretario general, Ban Ki-moon, una carta de rechazo.
Después de que el presidente expusiera la estrategia que aplicará el gobierno de Bogotá frente al fallo de la CIJ, la mandataria costarricense, Laura Chinchilla, ratificó la disposición conjunta a través de su cuenta en Twitter, citando al presidente colombiano: “Junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas —como son Panamá, Costa Rica y Jamaica—, suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes... personalmente, al secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, cuando intervenga en su Asamblea General”.
La construcción de esta suerte de alianza estuvo acompañada de la visita de la canciller María Ángela Holguín, quien en una entrevista pasada con la revista Semana aseguró que “la pretensión de la plataforma continental extendida de Nicaragua no es solamente contra Colombia. También es contra Jamaica, contra Costa Rica, contra Panamá. No estamos solos en esto y en eso estamos trabajando”.
En el escenario de la CIJ, Managua tiene plazo hasta el 30 de noviembre —cuando se cumple un año de la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá, con el que reconocía la jurisdicción del Tribunal— para presentar una demanda que obligue a los magistrados a analizar el tema de la plataforma continental extendida.
Tras el anuncio de la estrategia de Santos, el discurso del gobierno ha hecho referencia a la apertura de un diálogo con Nicaragua que desemboque en un tratado internacional sobre los límites de los dos países.