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El 19 de octubre, más de medio país se levantó sin luz. Comida pudriéndose en las neveras de miles de casas en la Habana y en decenas de ciudades, personas incomunicadas, negocios sin funcionar y hasta oficinas públicas, hospitales, hoteles y embajadas cerradas. Un colapso energético que se suma a la profunda crisis social, política y económica que vive el país desde hace varios años mientras que el gobierno de Díaz Canel pide confianza.
Confianza, dice, en un país que se muere de hambre y que solo ve la mano dura del Estado cuando alza la voz. Confianza en un gobierno que ni una vez desde el 1 de enero 1959 ha preguntado si confían en él.
Hace tres años, en pleno verano de 2021, una situación similar provocó el inicio de un momento histórico para ese país: tras varios días sin acceso a luz y a otros servicios públicos, manifestantes convocados por redes sociales salieron a la calle de San Antonio de los Baños a protestar. A ellas y ellos, se sumaron miles de personas en más de 30 ciudades y pueblos para pedir agua y luz. Los gritos y arengas evolucionaron hasta producir el famoso “Patria y vida”, todo un símbolo de la resistencia cubana actual. Las protestas de 11 de julio, conocidas como el 11J, se convirtieron en la esperanza de miles dentro y fuera de la Isla.
Esa esperanza fue brutalmente reprimida, y ante brotes de protestas ocurridos en los últimos días tanto en la Habana como en Santiago de Cuba, el propio presidente ya sentó su posición: “No vamos a aceptar (…) que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo”. Por su parte, el ministro de Energía se refirió a los manifestantes como gente “indecente”.
Un mensaje de guerra en televisión nacional que ya hemos visto antes: la respuesta a las protestas del 11J dejó casi 2.000 personas detenidas de manera arbitraria y 963 de ellas han sido sancionadas por tribunales en Cuba desde entonces, muchos a más de 10 años de prisión. Desde entonces, las autoridades siguen reprimiendo brutalmente todas las protestas desde entonces.
Ya antes de la crisis energética actual, más de medio millón de cubanos habían dejado el país desde julio 2021.
Esto no puede volver a suceder en Cuba. Pero el riesgo es que la crisis energética lleve a una crisis de derechos humanos aún mayor a la del 2021. Nada ha mejorado desde entonces y, por el contrario, el pueblo está cada vez más angustiado.
Los gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea y los organismos multilaterales no pueden permitir que la represión se tome de nuevo las calles de la Isla sin consecuencias.
La Unión Europea debe revisar por fin las cláusulas de derechos humanos en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que tiene con la Isla, y constatar que el acuerdo tiene cláusulas para usar si una parte del acuerdo viola los principios democráticos y de derechos humanos. Debe exigir elecciones libres ya.
Países como Colombia, Brasil y México deben condenar pública y verticalmente las violaciones de derechos humanos en Cuba, exigir que el gobierno libere a todas las personas presas políticas y garantice los derechos de la ciudadanía, incluido el derecho a elegir libremente a su propio gobierno.
El gobierno cubano no cuenta con el mandato democrático para gobernar el país y, además, ha demostrado ser incapaz de hacerlo. Es momento de que la región y el mundo se preocupe por el bienestar del pueblo cubano y exija que ellas y ellos elijan libremente a su próximo gobierno.
*Erik Jennische es director de América Latina en Civil Rights Defenders
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