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El Gobierno de Nicaragua expulsó al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Thomas Ess, sin que hasta ahora se conozcan las razones, informó este jueves un portavoz de la organización humanitaria.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa”, informó a Efe el portavoz.
Thomas Ess era el segundo jefe de misión del CICR en Nicaragua desde marzo de 2019, cuando la organización estableció una oficina en el país para dar seguimiento a los “presos políticos”.
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La expulsión de Ess ocurrió menos de dos semanas después de que el mismo Gobierno nicaragüense otorgó al jefe regional del CICR, Jordi Raich, la orden “José de Marcoleta” en grado de “Gran Cruz”, el máximo reconocimiento que otorga Nicaragua a un extranjero, por su “colaboración respetuosa” y su “visión de acompañamiento a las prioridades del Gobierno”.
“Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, indicó el portavoz, en su declaración.
La labor del CICR en Nicaragua consiste en inspeccionar las condiciones de los “presos políticos” en las cárceles del país. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay al menos 179 “presos políticos”, quienes sufren “torturas y malos tratos” en prisión. El CICR tiene por principio no divulgar las condiciones en las que se encuentra cada uno de los reos que inspecciona.
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El año pasado fueron detenidos más de 40 críticos al gobierno, incluidos siete potenciales rivales electorales de Ortega, quien ganó las presidenciales de noviembre para un cuarto mandato consecutivo. Los detenidos, la mayoría en una cárcel policial de Managua conocida como El Chipote, están acusados de “menoscabar la soberanía nacional”.
Las expulsiones de misiones internacionales de forma repentina por parte del Gobierno de Nicaragua no son nuevas. A inicios de marzo se conoció que el entonces nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag también fue expulsado de Nicaragua, decisión que el Vaticano recibió con “sorpresa y dolor”.
En 2018, el Gobierno nicaragüense también expulsó a una misión de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), otra de la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). El Gobierno nicaragüense, que no suele dar explicaciones sobre las expulsiones, tiene una política de no tolerancia a las acciones que identifica como “injerencia en asuntos internos”.
Preocupa expulsión
Familiares de los opositores presos habían denunciado recientemente que el gobierno negó el ingreso en prisión del CICR para constatar su estado de salud, en calidad de organismo humanitario. La Asociación de Familiares de Presos Políticos condenó la expulsión de Ess y valoró el apoyo de la institución que lideró, la que “ha tenido un papel importante” para los presos y sus familiares, “haciendo coordinaciones” para “constatar la situación de salud dentro de las cárceles”.
La ONG señaló, que ante la falta de información de las autoridades sobre sus parientes detenidos, era a través del CICR que tenían “noticias específicas” sobre sus necesidades médicas. Para la presidenta del independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, es “preocupante” la medida del gobierno contra el delegado del CICR.
Uno de los detenidos, el exguerrillero Hugo Torres, murió en un hospital tras pasar varios meses en prisión. “Esperamos que el CICR supere esa situación, reponga a su funcionario y siga sus funciones de vigilancia, transmitiéndole al gobierno situaciones graves dentro de la cárcel”, planteó Núñez.
Para Juan Pappier, investigador para las Américas de la ONG Human Rights Watch, la expulsión del representante de la Cruz Roja es “una demostración irrefutable de que el régimen tiene cero tolerancia con cualquier escrutinio internacional en materia de derechos humanos”.
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“El CICR siempre ha trabajado muy cerca con nosotros, haciendo todos los intentos posibles para atender y corroborar nuestros llamados sobre la salud de nuestros familiares presos”, dijo a la AFP Olama Hurtado, sobrina del exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, condenado a 13 años de prisión.
Daniel Ortega, un exguerrillero de 76 años en el poder desde 2007, acusa a sus opositores de querer derrocarlo con apoyo de Washington. Para la comunidad internacional, la detención de sus críticos respondió a una maniobra para perpetrarse en el poder.
Por AFP y EFE
