“Defienden los derechos de los delincuentes, no de la gente honrada”: Bukele a ONG

Las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vuelven a causar controversia. Tras un encuentro con el gabinete de seguridad en la Casa Presidencial, el mandatario señaló que, a su parecer, las organizaciones sociales y las mismas entidades del Estado están más preocupadas por los derechos humanos de los delincuentes que por los de la “gente honrada”.

“Si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, algo que no se ha hecho, que ningún procurador ha hecho antes, es haber defendido los derechos humanos de la gente honrada. Todo el enfoque de Derechos Humanos Internacional o de las ONG incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes. Pero por qué el enfoque está siempre en los derechos de los delincuentes y a nadie le importan los derechos de la gran mayoría de la gente honrada”, dijo Bukele.

“Llevamos 30 años viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos”, resaltó Bukele.

Las posturas de Bukele y sus estrategias para combatir el crimen organizado siempre han sido escandalosas. El presidente es conocido por su “mano firme” con la delincuencia, a veces a costa de los derechos humanos.

En 2019, el mandatario lanzó el Plan Control Territorial (PCT) para cortar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por dichas bandas, en su mayoría barrios y colonias populosas. Sin embargo, la población en general desconoce un documento oficial que detalle el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas y las organizaciones sociales denuncian violaciones a los derechos humanos durante este periodo.

En marzo de este año, tras una ola de violencia que cobró la vida de más de 80 personas, el Gobierno le pidió a la Asamblea Legislativa aprobar un régimen de excepción con la suspensión de ciertas garantías constitucionales que le han permitido a las autoridades detener personas sin orden judicial.

“Son más de 55.000 capturas de supuestos pandilleros. Esta guerra la estamos ganando y vamos a seguir día con día desplegando miles de policías y personal del ejército para seguir capturando a esos terroristas”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Pero las capturas, y todo el marco que las ha permitido, han sido cuestionadas por organismos humanitarios al no tener en cuenta los derechos de las personas.

“Los derechos humanos no están siendo correctamente garantizados y respetados y eso es un problema. El ejercicio autoritario del poder, sin tener en cuenta las mismas limitantes que pone la Constitución, es un problema para los derechos humanos”, dijo Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).

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El Idhuca es el principal ente de derechos humanos en El Salvador, creado en 1985 para “contribuir a que se garantice el respeto a los derechos humanos, a través del uso de las instituciones estatales por parte de las personas y los grupos que buscan soluciones justas a sus problemas”. En los últimos años, el Idhuca ha señalado una serie de violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado en el marco de la guerra contra las pandillas.

“Los órganos del Estado no están trabajando para la protección de derechos humanos ni tener el origen y el fin de la persona humana como lo señala la Constitución. Si no tenemos un ente que realmente proteja los derechos a través de la formulación de leyes y en última instancia no tenemos a un órgano que proteja en caso de que se hayan vulnerado, en realidad y ese es problema actual, no hay garantías para ejercer derechos humanos en El Salvador”, dijo Santos.

Para la directora del Idhuca, existe una “manipulación del discurso” para justificar el régimen de excepción que actualmente se implementa en el país porque, a su juicio, “se nos hace creer que el régimen de excepción es algo bueno y estamos hablando de suspensión de derechos humanos, o sea actualmente tenemos derechos suspendidos y eso no es bueno en ningún sentido, ni es algo que debamos aplaudir”.

“¿Qué es lo que nos hacen creer?, que el régimen de excepción es necesario para mantener controlada una situación, pero para eso están, en teoría, todas las políticas públicas y en nuestro caso el Plan del Control Territorial”, dijo.

En medio de este plan del Gobierno, también se han perdido las garantías para vigilar la corrupción del gobierno, que, según investigaciones periodísticas, han sido constantes.

“Los derechos humanos no son obstáculo, es una garantía de respeto para todos, de convivencia y frente al Estado es un blindaje que tenemos y si no tenemos eso realmente estamos en una situación muy grave”, enfatizó Santos.

Bukele ha dicho que le “abrirá las puertas” de los operativos y de los centros penales a la recién nombrada procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, para que haya una evaluación “independiente” del plan de seguridad del gobierno. La funcionaria, que ya había ejercido este cargo en 2016, fue multada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por supuesto nepotismo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La oposición no está feliz con su nombramiento y desconfía de que pueda proporcionar un informe veraz y transparente.

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*Con información de EFE.

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Las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vuelven a causar controversia. Tras un encuentro con el gabinete de seguridad en la Casa Presidencial, el mandatario señaló que, a su parecer, las organizaciones sociales y las mismas entidades del Estado están más preocupadas por los derechos humanos de los delincuentes que por los de la “gente honrada”.

“Si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, algo que no se ha hecho, que ningún procurador ha hecho antes, es haber defendido los derechos humanos de la gente honrada. Todo el enfoque de Derechos Humanos Internacional o de las ONG incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes. Pero por qué el enfoque está siempre en los derechos de los delincuentes y a nadie le importan los derechos de la gran mayoría de la gente honrada”, dijo Bukele.

“Llevamos 30 años viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos”, resaltó Bukele.

Las posturas de Bukele y sus estrategias para combatir el crimen organizado siempre han sido escandalosas. El presidente es conocido por su “mano firme” con la delincuencia, a veces a costa de los derechos humanos.

En 2019, el mandatario lanzó el Plan Control Territorial (PCT) para cortar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por dichas bandas, en su mayoría barrios y colonias populosas. Sin embargo, la población en general desconoce un documento oficial que detalle el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas y las organizaciones sociales denuncian violaciones a los derechos humanos durante este periodo.

En marzo de este año, tras una ola de violencia que cobró la vida de más de 80 personas, el Gobierno le pidió a la Asamblea Legislativa aprobar un régimen de excepción con la suspensión de ciertas garantías constitucionales que le han permitido a las autoridades detener personas sin orden judicial.

“Son más de 55.000 capturas de supuestos pandilleros. Esta guerra la estamos ganando y vamos a seguir día con día desplegando miles de policías y personal del ejército para seguir capturando a esos terroristas”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Pero las capturas, y todo el marco que las ha permitido, han sido cuestionadas por organismos humanitarios al no tener en cuenta los derechos de las personas.

“Los derechos humanos no están siendo correctamente garantizados y respetados y eso es un problema. El ejercicio autoritario del poder, sin tener en cuenta las mismas limitantes que pone la Constitución, es un problema para los derechos humanos”, dijo Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).

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El Idhuca es el principal ente de derechos humanos en El Salvador, creado en 1985 para “contribuir a que se garantice el respeto a los derechos humanos, a través del uso de las instituciones estatales por parte de las personas y los grupos que buscan soluciones justas a sus problemas”. En los últimos años, el Idhuca ha señalado una serie de violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado en el marco de la guerra contra las pandillas.

“Los órganos del Estado no están trabajando para la protección de derechos humanos ni tener el origen y el fin de la persona humana como lo señala la Constitución. Si no tenemos un ente que realmente proteja los derechos a través de la formulación de leyes y en última instancia no tenemos a un órgano que proteja en caso de que se hayan vulnerado, en realidad y ese es problema actual, no hay garantías para ejercer derechos humanos en El Salvador”, dijo Santos.

Para la directora del Idhuca, existe una “manipulación del discurso” para justificar el régimen de excepción que actualmente se implementa en el país porque, a su juicio, “se nos hace creer que el régimen de excepción es algo bueno y estamos hablando de suspensión de derechos humanos, o sea actualmente tenemos derechos suspendidos y eso no es bueno en ningún sentido, ni es algo que debamos aplaudir”.

“¿Qué es lo que nos hacen creer?, que el régimen de excepción es necesario para mantener controlada una situación, pero para eso están, en teoría, todas las políticas públicas y en nuestro caso el Plan del Control Territorial”, dijo.

En medio de este plan del Gobierno, también se han perdido las garantías para vigilar la corrupción del gobierno, que, según investigaciones periodísticas, han sido constantes.

“Los derechos humanos no son obstáculo, es una garantía de respeto para todos, de convivencia y frente al Estado es un blindaje que tenemos y si no tenemos eso realmente estamos en una situación muy grave”, enfatizó Santos.

Bukele ha dicho que le “abrirá las puertas” de los operativos y de los centros penales a la recién nombrada procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, para que haya una evaluación “independiente” del plan de seguridad del gobierno. La funcionaria, que ya había ejercido este cargo en 2016, fue multada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por supuesto nepotismo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La oposición no está feliz con su nombramiento y desconfía de que pueda proporcionar un informe veraz y transparente.

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*Con información de EFE.

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