Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El 31 de marzo, un petrolero de bandera rusa con cerca de 730.000 barriles de petróleo atracó en Cuba. Se trató del primer envío de combustible que llegó a la isla desde que Estados Unidos impuso, hace aproximadamente tres meses, un bloqueo energético total. La portavoz de la Casa Blanca presentó la autorización de ese cargamento como un gesto humanitario.
Sin embargo, el episodio deja en evidencia una limitación de fondo, y es que Estados Unidos podría tener hoy menos capacidad para hacer valer el nuevo corolario a la Doctrina Monroe proclamado por el presidente, al mismo tiempo que sostiene un compromiso militar de gran escala en el golfo Pérsico.
A pesar de las amplias proclamas del Corolario Trump, Estados Unidos podría tener hoy menos capacidad para sostener su preeminencia en el hemisferio occidental, lo que abre espacio para una mayor presencia de actores externos como Rusia y China.
La lógica histórica de la Doctrina Monroe suponía una obligación recíproca, en la que la diferencia hemisférica se correspondía con un escudo de seguridad. Sin embargo, ese pacto parece estar diluyéndose de manera silenciosa. En la medida en que Estados Unidos se sobreextiende militarmente, América Latina empieza a absorber los costos de la presidencia imperial de Trump, pero ya no cuenta con la protección que esa doctrina alguna vez prometió. Esa pérdida de capacidad no solo tiene implicaciones estratégicas en el hemisferio, sino que también se traduce en efectos materiales concretos para América Latina, que comienzan a sentirse a través de varios canales.
El primer canal de transmisión es la energía. Desde la escalada de las hostilidades con Irán, los precios internacionales del petróleo han aumentado de forma drástica y, según algunas estimaciones, han llegado a situarse hasta un 40 % por encima de los niveles previos a la guerra.
Para las economías importadoras de energía, esto no representa una simple fluctuación del mercado, sino una alteración directa de su planificación fiscal. Muchos gobiernos de la región elaboran sus presupuestos a partir de ciertos supuestos sobre el precio del barril, y cuando ese valor supera ampliamente las proyecciones oficiales, la diferencia termina trasladándose a mayores presiones inflacionarias.
En el caso colombiano, aunque su condición de exportador de crudo podría sugerir una compensación parcial, la realidad es más compleja, ya que el país sigue siendo importador neto de productos derivados del petróleo. A ello se suma el esquema de subsidios internos a los combustibles, que hace que el aumento de los precios internacionales se convierta en una carga fiscal cada vez mayor. En consecuencia, buena parte de los ingresos extraordinarios por exportación de crudo termina absorbida por el costo de subsidiar la importación de derivados. El resultado final no es alivio, sino una presión económica adicional.
El aumento de los costos energéticos se extiende rápidamente al conjunto de la economía. El encarecimiento del transporte y el aumento en los costos de generación eléctrica terminan acumulándose y, en pocas semanas, el choque global se refleja en tarifas de transporte más altas y en un incremento del precio de los alimentos y otros bienes básicos. Frente a esta perturbación, los gobiernos disponen de un margen de maniobra limitado.
Subsidiar los combustibles profundiza la presión sobre balances fiscales ya frágiles, mientras que trasladar el aumento de los precios energéticos a los consumidores erosiona el poder adquisitivo y eleva la presión política. A esto se suma que un endurecimiento de la política monetaria mediante el aumento de las tasas de interés puede contener parte de la inflación, pero también tiende a frenar el crecimiento económico.
El segundo canal de transmisión opera a través de las finanzas globales. Los conflictos geopolíticos y los escenarios de alta incertidumbre suelen fortalecer al dólar estadounidense, impulsado por la búsqueda de activos refugio. Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias y el endurecimiento de la política monetaria, especialmente por parte de la Reserva Federal, tienden a restringir aún más la liquidez internacional. Para las economías latinoamericanas con deuda denominada en dólares, esto implica un aumento en los costos de endeudamiento. A la vez, una mayor preferencia por los activos estadounidenses reduce los flujos de inversión hacia los mercados emergentes. El resultado es un deterioro de las condiciones fiscales y monetarias en un momento en que los gobiernos de la región ya enfrentan crecientes presiones internas.
El tercer canal de transmisión es estructural y potencialmente duradero. El choque energético está acelerando la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento y de reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. Para muchos países de la región, las energías renovables han dejado de ser únicamente una meta de política climática y empiezan a perfilarse también como una exigencia de seguridad energética. Sin embargo, no existen soluciones inmediatas. Por ahora, América Latina sigue dependiendo de combustibles y petroquímicos importados, y uno de los puntos más sensibles es el suministro de fertilizantes.
Las perturbaciones asociadas al bloqueo del estrecho de Ormuz afectan los mercados globales de insumos, lo que a su vez golpea la producción agrícola y debilita las exportaciones de materias primas que siguen siendo fundamentales para la estabilidad fiscal de varios países. A largo plazo, las alternativas pasan por la incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, las restricciones presupuestarias actuales hacen que estas salidas sigan siendo, en el mejor de los casos, opciones de más largo aliento.
Los choques económicos asociados al aumento de los precios de la energía también generan efectos de segundo orden que resultan más difíciles de revertir. Cuando las oportunidades dentro de la economía formal se reducen, las economías informales e ilícitas tienden a expandirse. Las organizaciones criminales suelen adaptarse con mayor rapidez que los Estados y operan sin las restricciones que impone la regulación. Por eso logran absorber mano de obra desplazada, ofrecer ingresos allí donde la economía formal deja de hacerlo y ampliar su control territorial en los espacios que el Estado no alcanza a cubrir. En el contexto actual, el aumento de los precios y la caída de los ingresos crean condiciones propicias para la expansión del crimen organizado, especialmente en países como Colombia, donde estas redes ya disputan al Estado parcelas de autoridad. Esta tendencia se ve agravada por la creciente incertidumbre en torno al compromiso de seguridad de Estados Unidos. Durante más de dos décadas, programas como el Plan Colombia ofrecieron un respaldo sostenido que contribuyó a fortalecer capacidades estatales en áreas estratégicas. Sin embargo, ese marco hoy resulta mucho menos estable.
La incertidumbre presupuestaria, el cambio de prioridades y las exigencias de otros frentes han reducido la previsibilidad del involucramiento estadounidense, sobre todo a medida que la administración Trump recorta los presupuestos de asistencia exterior y de los organismos de apoyo. El resultado es una brecha cada vez mayor entre los desafíos de seguridad sobre el terreno y los recursos disponibles para hacerles frente.
La migración aparece como el efecto más visible de esta cadena de presiones. La secuencia es conocida. Los precios aumentan más rápido que los salarios, las oportunidades de empleo se contraen y la inseguridad crece a medida que se expanden las economías ilícitas. En ese contexto, algunos hogares llegan a la conclusión de que irse implica menos riesgo que quedarse. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, hasta 45 millones de personas adicionales podrían caer en inseguridad alimentaria aguda si el conflicto se prolonga hasta el verano.
Todo ello pone de relieve una contradicción estructural en la política de la era Trump hacia América Latina. La forma más efectiva de reducir la presión migratoria pasa por una inversión sostenida en estabilidad económica y seguridad en los países de origen. Sin embargo, son precisamente esas áreas las que hoy ven restringidos su atención y sus recursos por cuenta de puntos ciegos ideológicos y compromisos externos. El resultado es un círculo vicioso en el que las condiciones que impulsan la migración se ven reforzadas por la reasignación del enfoque estratégico estadounidense hacia otros escenarios.
Al mismo tiempo, el entorno estratégico está cambiando de maneras que tienen implicaciones directas para la soberanía latinoamericana. La sobreextensión, por sí sola, no crea un vacío, pero sí reduce la capacidad de Estados Unidos para moldear los resultados. Ese espacio comienza a ser ocupado por otros actores. El papel de Rusia al facilitar flujos energéticos hacia Cuba constituye una demostración de bajo costo de la presencia y capacidad de Moscú. China, por su parte, avanza de manera más gradual a través del comercio, la inversión y la infraestructura, sin necesidad de una confrontación abierta.
La competencia estratégica en el hemisferio occidental exige constancia y compromiso sostenido, y Washington parece cada vez menos capaz de ofrecer ambas cosas. Sin embargo, el riesgo más inmediato para la soberanía regional podría provenir del propio Washington. La misma lógica de la Coalición de los Dispuestos, utilizada para justificar la acción militar unilateral en el golfo Pérsico, parte de la idea de que los imperativos de seguridad pueden imponerse sobre los límites del consenso multilateral. Esa lógica también está disponible como marco justificativo más cerca de América Latina. El Corolario Trump ya presenta a ciertos Estados latinoamericanos como amenazas a la seguridad, en lugar de tratarlos como socios soberanos. Venezuela es el caso más evidente, pero esa lógica no se limita a un solo país ni a un solo espacio. Un Estados Unidos que ha mostrado disposición para actuar por fuera de las normas del derecho internacional en un escenario puede trasladar ese precedente a otros. Para una región que ya está absorbiendo los costos económicos de una guerra que no eligió, la posibilidad de convertirse en el próximo escenario de aplicación de esa doctrina no luce remota, sino como un riesgo estructural inscrito en la dirección actual de la política exterior estadounidense.
En los últimos años, América Latina se ha beneficiado de cierto margen de flexibilidad estratégica, entendido como la posibilidad de relacionarse con múltiples socios externos y obtener concesiones a partir de la competencia entre ellos. No obstante, esa flexibilidad depende de que las grandes potencias mantengan una atención sostenida sobre la región. Cuando esa atención disminuye, también se reduce el margen de maniobra. En consecuencia, los países latinoamericanos quedan más expuestos a aceptar términos definidos desde fuera, en lugar de participar activamente en su configuración.
Los efectos del compromiso militar de Estados Unidos en el golfo Pérsico ya comienzan a hacerse visibles en la región. Entre ellos se cuentan el aumento de las cargas de deuda, las presiones inflacionarias, la expansión de las economías informales, el debilitamiento de las asociaciones de seguridad y el incremento de los flujos migratorios.
La sobreextensión imperial de Trump ya está dejando ver las grietas en la capacidad de Estados Unidos para sostener su dominio hemisférico. Mientras tanto, América Latina absorbe los choques económicos de una guerra que no inició, enfrenta presiones de seguridad con un apoyo cada vez menos predecible y se mueve en un entorno geopolítico más complejo con un margen de maniobra cada vez más reducido. Ningún gobierno de la región tuvo voz en la decisión que condujo al conflicto actual y ninguno desempeña un papel significativo en la definición de su curso. Aun así, los costos ya comienzan a distribuirse por toda América Latina, mientras el escudo que alguna vez se ofreció a cambio de la deferencia hemisférica no aparece por ninguna parte.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com
Por Dorian Kantor*
