El 25 de octubre de este año un grupo de periodistas y organizaciones de apoyo a la libertad de prensa y de expresión de Ecuador enviaron una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del diario de Guayaquil El Universo. Los periodistas, entre quienes se encontraban Carlos, César y Nicolás Pérez, la plana directiva del periódico, buscaban apoyo internacional para hacer frente a lo que observaban como una desbandada del gobierno en su contra.
El problema para el periódico comenzó el 6 de febrero de este año, cuando el columnista Emilio Palacio escribió un texto refiriéndose a los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando la legitimidad del presidente estuvo en riesgo por una rebelión policial. Correa sigue afirmando que los policías lo tuvieron secuestrado en el hospital del Regimiento Quito, antes de que el ejército acudiera a su rescate.
Palacio escribió: “El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”. Y esta fue la chispa que encendió el combustible acumulado de tantas críticas mutuas, porque son conocidas las ocasiones en las que Correa aparecía en los medios oficiales para desmentir/atacar (según como se le mire) las publicaciones que considera mentirosas.
En esta oportunidad, la columna de Palacio no fue calificada de mentirosa, sino de “injuriosa y calumniosa”, y el juez Juan Paredes condenó a tres años de prisión a los hermanos Pérez y a Palacio, así como al pago de US$ 40 millones, que para El Universo sería como ponerse una lápida en el cuello. Correa lo describió como “un hito histórico, se derrumbó el mito de la prensa omnipotente que se cree con patente de corso para hacer lo que le da la gana”.
El litigio espera por la resolución de la Corte Nacional, la última instancia. El caso está vigente y lo mismo sucede con Jaime Mantilla, director del Diario Hoy, hallado culpable de injuria por publicar denuncias contra Pedro Delgado, actual presidente del Banco Central y primo de Rafael Correa. Estos casos, a los que se suman otros tres más vigentes en Ecuador en contra de periodistas, son estudiados y documentados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que resulta llamativo que en la última reunión del llamado Grupo de Trabajo para el “funcionamiento de la CIDH y el fortalecimiento del sistema interamericano”, el gobierno de Quito haya propuesto tres reformas para, dicen los críticos, debilitar la Relatoría Especial.
Son tres propuestas puntuales que se analizarán el próximo 15 de enero en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que apuntan a incluir todos los informes de las seis relatorías de la CIDH en un solo capítulo del informe anual (lo que reduciría considerable el tamaño del documento de la Relatoría Especial, que usualmente supera las 300 páginas); asignar recursos equilibrados a todas las relatorías como las encargadas de los derechos de las mujeres o los trabajadores (una medida que debilitaría seriamente los recursos de los que dispone la libertad de expresión, cuyo presupuesto anual se aproxima a US$1 millón, mientras que otras se ubican entre los US$100.000 y los US$300.000), y el establecimiento de un código de conducta para ellas, lo que podría comprometer su independencia.
Los tres puntos serán debatidos en poco más de dos semanas, pero desde ya se escuchan las voces de quienes ven una mordaza oculta detrás de las propuestas. César Ricaurte, director de Fundamedios, una asociación ecuatoriana en pro de la libertad de expresión, es uno de los críticos más fuertes de esta propuesta y uno de los participantes de la queja que el 25 de octubre llegó a la Comisión, aseguró en diálogo con este diario que: “La Relatoría para la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa es más importante en estos casos, porque a través de ella se pueden supervisar el resto de derechos, ver si un Estado está cometiendo violaciones para que los casos se conozcan en el país y en el extranjero. Es claro que algunos de nuestros mandatarios no les gusta que se denuncie, porque se sienten atacados”.
El 15 de enero se conocerá la postura del Gobierno de Colombia frente a estas propuestas y se abrirá el debate y se conocerán, dice Ricaurte, los mandatarios con espíritu democrático.
Por Redacción Internacional
