Desde que cruzaron la frontera de Estados Unidos, Édgar, su esposa Mónica y su hija Laura iniciaron una carrera contrarreloj para lograr que les otorguen asilo y no los deporten a Colombia, donde, aseguran, serían asesinados. “Las disidencias del grupo guerrillero de las FARC nos amenazaron con llevarse a mi hija y asesinarnos si no les colaborábamos”, dijo a Efe Édgar, quien se guardó su apellido por motivos de seguridad.
La familia llegó en junio pasado en busca de asilo sin saber que la mayoría de solicitudes de los colombianos (64 %) son negadas, según un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse entre 2001-2021.
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El caso de esta familia además encaja en el nuevo plan del Gobierno del presidente Joe Biden para acelerar los casos de asilo en las cortes de inmigración, dando a los jueces 300 días de plazo después de la audiencia inicial para tomar una decisión.
“Pensamos que íbamos a tener tiempo de organizarnos y presentar el caso, pero todo ha sido muy rápido, y no se ve bien”, refirió Mónica. Su mayor afán ha sido conseguir un abogado que los represente.
Los colombianos tocaron las puertas de varias organizaciones comunitarias en Los Ángeles y de abogados privados, pero en casi todos los lugares les han dicho que están saturados de casos o sencillamente que los jueces no están aprobando asilos. “Hubo un abogado privado que ni siquiera quiso mirar las pruebas que teníamos”, recalcó Mónica.
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La familia tiene una serie de documentos que supuestamente prueban el peligro que corren en Lejanías (Meta), zona rural donde la entonces guerrilla de las Farc por décadas tuvo el control y los disidentes se quedaron tras la firma del Acuerdo de Paz de Colombia en 2016.
Citan los recientes asesinatos de dos policías en el pueblo y el ataque con bomba a un batallón militar. También tienen la copia de las nuevas reglas del grupo en la región, y la denuncia a la Fiscalía de la amenaza que sufrieron.
La socióloga Leydy Diossa-Jiménez, de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA), explicó a Efe que las aprobaciones de solicitud de asilo en general son muy bajas, y la situación para los colombianos es “mucho más complicada” en los últimos 22 años.
La investigadora cita un gran obstáculo planteado durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que aseveró que en su país no había un conflicto armado interno y por ende el Gobierno estadounidense declaró para entonces que existen alternativas seguras dentro del mismo país para los colombianos amenazados.
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Esta declaración pone contra la pared a Édgar y su familia, que serían cuestionados sobre por qué no cambiaron su residencia dentro de Colombia. “Esa gente lo encuentra a uno en cualquier lugar. No vamos a exponer a nuestra hija”, explicó el padre. “El marco legal establecido por los dos países hace muy difícil que los colombianos perseguidos por la guerrilla o los paramilitares puedan tener un caso viable”, opinó Diossa-Jiménez.
Añade que los colombianos también enfrentan la falta de expertos en Estados Unidos que puedan respaldar en las cortes los argumentos de las víctimas de violencia.
Pero esto no ha detenido su ingreso. En junio pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 13.033 colombianos, para un total de 83.966 en el presente año fiscal. En 2021 solo fueron 9.426 y en 2020 2.712.
El primer día en la Corte
Con este desalentador panorama, Édgar, Mónica y Laura tuvieron su primera aparición ante el juez de inmigración Nathan N. Aina en Los Ángeles el pasado 12 de julio. Allí se encontraron con varias de las familias con las que estuvieron detenidos en la frontera de California. Todos compartían el mismo problema: no tenían abogado.
El juez Aina alivió un poco sus temores al explicarles que tendrán “un proceso justo” y otorgar a todas las familias que se presentaban por primera vez un mes más para conseguir representación legal, poniendo nuevamente a correr el reloj.
El magistrado dijo a Efe que le parece “razonable” el plazo de 300 días, aunque aclaró que los casos se tratan de forma individual y el límite se podría extender. No quiso opinar sobre las estrategias para manejar el atasco en las cortes de inmigración, de más de 1,8 millones de casos, según TRAC.
Para el 12 de julio, Aina tenía 58 casos. En menos de dos horas presidió las primeras audiencias de más de 15 familias y otros casos por teléfono. “Se ve que es un juez que escucha y es justo. Ahora el problema es encontrar alguien que pueda explicarle bien el caso, porque nosotros solos no podemos”, consideró Mónica.
La familia aguarda la respuesta de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), que escuchó el caso. “Madrugamos a las cuatro de la mañana y casi no alcanzamos. Llegaron cientos, la mayoría se quedaron por fuera”, cuenta desconsolada la madre, que concluye diciendo que si debe buscar asilo en otro país lo hará.
El jueves pasado, el Informe de la Comisión de La Verdad presentó el capítulo “La Colombia fuera de Colombia”, que recopiló testimonios de colombianos en el exilio e incluyó a personas que salieron tras la firma de los Acuerdos de Paz.
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Por Ana Milena Varón / EFE
