Con su anuncio de “colombianos primero”, el presidente Abelardo de la Espriella comienza a transformar más de una década de política migratoria en Colombia, marcada por su condición de país receptor y por un historial de regularización de esta población que se remonta, al menos, a los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. El presidente ordenó la deportación de migrantes irregulares al pedir a las autoridades migratorias del país “localizar a los inmigrantes ilegales”. Conviene empezar esta discusión bajo una premisa clara: ninguna persona pierde sus derechos humanos ni se convierte en delincuente por estar en un país sin los permisos requeridos.
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No es una opinión. El propio organismo de las Naciones Unidas para las migraciones rechaza esta categoría y cataloga este tipo de situaciones como “migrantes irregulares” o “migrantes indocumentados”. Por ende, es, cuando menos, problemático que el presidente De la Espriella catalogue como ilegales a los más de 847.000 venezolanos en situación migratoria irregular, cifra que da Migración Colombia. Se trata de una cifra que representa casi una tercera parte del total de migrantes venezolanos en el país (2,8 millones).
Una vez clara esta premisa, el anuncio parece sencillo en lo político y en el discurso. El presidente lo pone “en término de la distancia”, pero jurídicamente y operativamente es mucho más complejo. De entrada, hay que decir que Colombia sí tiene el derecho y la soberanía para determinar quién puede permanecer en su territorio. Pero ese poder está sometido a la Constitución, la ley y las obligaciones internacionales del Estado. Sin embargo, como explica Fabián Cárdenas, experto en derecho internacional y docente de la Universidad Javeriana, Colombia no debería escoger entre soberanía y derechos humanos.
“El Estado puede tener una política migratoria firme. Puede perseguir la irregularidad. Puede deportar cuando la ley lo permita. Puede priorizar a quienes representen riesgos para la seguridad pública. Pero la mano dura también tiene reglas. La fortaleza de un Estado no se demuestra únicamente por su capacidad de expulsar a quien incumple las normas. También se demuestra por su capacidad de hacer cumplir esas normas sin abandonar las garantías que distinguen a un Estado de Derecho”, afirma.
Y es que, en el discurso, De la Espriella catalogó en la misma bolsa de “ilegales” tanto a migrantes irregulares como a aquellos que hayan cometido un delito en nuestro país. Sin embargo, el primer grupo compete a un ámbito administrativo y de trámite, mientras que el segundo entra en el ámbito penal. Ambos pueden coexistir sin que signifiquen lo mismo. Vale la pena preguntarse si los planes de De la Espriella, al mejor estilo de la administración Trump en Estados Unidos, incluyen operativos masivos como los de ICE. Sobre todo porque la legislación colombiana no permite que un operativo masivo de identificación se convierta automáticamente en una deportación colectiva.
“Las deportaciones son acciones individuales, con un debido proceso y notificaciones formales; las personas pueden apelar. Sin embargo, lo que hemos visto, no en Colombia sino en otros países, es que se utiliza una figura de expulsión masiva para poder saltarse todos esos pasos y generar expulsiones en tiempo récord de varias personas, sin hacer un estudio muy claro de a quiénes están deportando. Esperemos que esa no sea la intención de Colombia”, explica María Clara Robayo, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. La investigadora también advierte que, de llevarse a cabo respetando los derechos humanos de los migrantes, son procesos que pueden ser todavía más lentos de lo que desea el presidente. Sobre todo porque la rapidez no puede eliminar las garantías del procedimiento.
De la Espriella dejó sentados dos grupos: migrantes irregulares y migrantes que hayan cometido un delito. Sin embargo, en estas dos categorías caben muchos más filtros que hacen que cada caso sea particular. Hay diferentes vías por las que un migrante venezolano puede estar en Colombia: PPT, salvoconducto, solicitud de asilo, niños, niñas y adolescentes, familias binacionales, personas con procesos de regularización en marcha, entre otras posibilidades. Robayo advierte, en especial sobre este último caso, de la cantidad de menores que nacieron en Colombia, cuya situación es regular, pero la de sus padres no.
“Muchos de ellos han sido nacionalizados en Colombia con el programa Primero la Niñez. Entonces, esto genera muchas preguntas: ¿qué pasará con esos padres que están en condiciones de pobreza y que tienen hijos colombianos?”, dice. Ahí entraría incluso a participar el ICBF, lo que hace todavía más grande el aparato logístico. Dicho claramente: 848.000 irregulares no pueden ser traducidos automáticamente en 848.000 personas deportables. Colombia es el mayor país receptor del mundo de migrantes venezolanos y comparte con Venezuela una frontera de más de 2.000 kilómetros.
Cárdenas recuerda que, bajo principios internacionales, Colombia no puede retornar a una persona a un país del que salió si “pueda enfrentar determinados riesgos graves, especialmente persecución o tortura”. Muchos de los migrantes venezolanos que están hoy en Colombia llegaron en condición de perseguidos políticos del régimen de Nicolás Maduro, hoy en una cárcel en Estados Unidos. Hoy, el gobierno de Delcy Rodríguez tendría que ser, sí o sí, un interlocutor para coordinar las expulsiones, más aún si, como planea De la Espriella, serán tantas. La política exterior entre ambos países pasaría por Washington como interlocutor y, teniendo ambos una buena relación con el gobierno de Trump, no debería ser un problema, pese a que se trate de una gestión triangulada.
Además, recuerda Robayo, Estados Unidos ha sido el principal contribuyente internacional en términos migratorios. Desde que volvió Trump, esto cambió, pero, con la nueva relación entre los gobiernos, es probable que cuenten con su apoyo. Pero el problema no es solamente jurídico. También es de capacidad y de eficacia. Natalia Durán, gerente sénior de políticas de Innovations for Poverty Action, advierte que, con la información disponible hasta ahora, no parece existir la infraestructura necesaria para procesar una operación de esa magnitud. No hay, dice, centros de detención transitoria en esa escala ni personal suficiente para procesar simultáneamente a cientos de miles de personas, y tampoco está claro de dónde saldrían los recursos para hacerlo.
Pero Durán plantea, además, una discusión de fondo: Colombia ya tiene evidencia sobre los beneficios de la regularización. Según estudios en los que ha participado Innovations for Poverty Action, regularizar permite que los migrantes aumenten sus ingresos y su consumo, reduce costos fiscales y favorece su integración económica. Para la investigadora, incluso puede ser una política que aporta a la seguridad: al regularizar, el Estado obtiene mayor visibilidad sobre quién está en el país y puede concentrar sus recursos en identificar y judicializar a quienes realmente delinquen, independientemente de su nacionalidad.
Es por esto que las organizaciones de derechos humanos han insistido en que una de las vías de solución puede ser reabrir el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), creado durante el gobierno de Duque y actualmente solo abierto para niños, niñas y adolescentes que estén vinculados al sistema educativo nacional o a programas del ICBF.
Así, el anuncio de De la Espriella no solo plantea la pregunta de cuántas personas puede deportar Colombia. También pone en discusión qué política migratoria quiere adoptar el país: una basada principalmente en la deportación de quienes están en situación irregular o una que busque regularizarlos para aumentar la capacidad del Estado de identificar a quienes sí representan un riesgo. La soberanía migratoria no está en discusión. Lo que está por demostrarse es si una política de deportaciones a gran escala puede ser ejecutada de manera individualizada, eficaz y jurídicamente sostenible y, sobre todo, si resulta más efectiva para Colombia que la regularización de quienes no representan un riesgo.
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Por Hugo Santiago Caro
