La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció este viernes la detención de un conocido expresentador de CNN, Don Lemon, que interrumpió junto a activistas un servicio religioso cerca de Mineápolis, donde está prevista una manifestación para exigir el fin de las redadas contra inmigrantes.
El presidente Donald Trump volvió a endurecer el tono al calificar de “agitador” a Alex Pretti, enfermero de un hospital de veteranos abatido a tiros por agentes federales en Mineápolis.
Su muerte y la de una activista madre de tres hijos, Renee Good, conmocionó a la ciudad.
Bondi dijo en una publicación en X que Lemon y varias otras personas habían sido arrestados bajo cargos federales no especificados por lo que calificó de “ataque coordinado” contra la iglesia Cities Church en St. Paul, la ciudad gemela de Mineápolis, hace dos semanas.
Lemon, ahora periodista independiente, estaba entre los reporteros que penetraron junto a activistas en una iglesia donde un funcionario de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es pastor.
El abogado de Lemon refirió que fue detenido en Los Ángeles durante la noche, y agregó que su trabajo en la cobertura de la protesta “no fue distinto de lo que siempre ha hecho”.
Un juez en Minesota se negó la semana pasada a imputar a Lemon.
El Comité para la protección de Periodistas (CPJ) condenó el “ataque flagrante” contra la prensa, mientras que el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, fuerte crítico de la administración Trump, escribió en X: “Putin estaría orgulloso”, en referencia al presidente ruso.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió la liberación inmediata del periodista.
“Un agitador”
Trump recurrió a Truth Social para describir a Pretti, el enfermero de 37 años abatido el 25 de enero, como un “agitador y, tal vez, insurrecto”.
“El valor de Alex Pretti ha caído en picado con el video recién difundido en el que se le ve gritando y escupiendo en la cara de un agente de ICE muy tranquilo y bajo control”, escribió el presidente.
Imágenes compartidas en línea esta semana supuestamente muestran a Pretti en un forcejeo con agentes federales 11 días antes de que lo mataran a tiros.
La AFP no pudo verificar de inmediato las imágenes, en las que se ve a un hombre que se dice es Pretti pateando y rompiendo la luz trasera del auto de los agentes antes de que salgan y lo reduzcan al suelo.
Durante el forcejeo con los agentes se puede ver lo que parece ser un arma enfundada, en la espalda del manifestante.
El vicefiscal general, Todd Blanche, dijo a la prensa el viernes que el Departamento de Justicia abrió una investigación en materia de derechos civiles sobre la muerte de Pretti.
Cierre del gobierno
Trump había cambiado de estrategia rápidamente tras la muerte de Pretti, que provocó la indignación y una renovada movilización de activistas en la ciudad.
Afirmó que quería una “desescalada” y nombró a un nuevo responsable en Mineápolis, el zar fronterizo Tom Homan, quien dijo el jueves que algunos agentes federales podrían retirarse de la ciudad.
Homan, un veterano de la lucha contra la inmigración irregular, condecorado por el presidente demócrata Barack Obama, pidió a las autoridades del estado de Minesota que permitan a los agentes federales detener a los indocumentados que salen de las cárceles tras cumplir condena por delitos.
Su tono cambió respecto de su predecesor sobre el terreno, el combativo comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino.
Homan señaló que su equipo estaba “trabajando en un plan de reducción” para algunos de los más de 3.000 agentes federales que han estado participando en la “Operación Metro Surge”.
Los dos agentes involucrados en el tiroteo de Pretti han sido suspendidos, y Homan dijo que cualquier agente federal que infrinja las normas de conducta “será sancionado”.
La reacción por las muertes de Pretti y Good ha llegado al Congreso, y el Senado se acercaba el viernes a una votación para limitar los efectos de un cierre del gobierno que comenzaría a la medianoche.
Los demócratas han trazado una línea roja en torno a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo que se retire y se renegocie para imponer nuevas restricciones a las agencias de aplicación de las leyes migratorias.
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