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Un tribunal de Venezuela ordenó la detención de 35 personas, capturadas por las Fuerzas Armadas, por presuntamente formar parte de las “agrupaciones de terroristas armados narcotraficantes colombianos”, denominados como “tancol”, que operarían en el estado fronterizo de Apure, informó este domingo el Tribunal Supremo de Justicia.
Tribunal especial segundo de terrorismo privó a grupo de ciudadanos y ciudadanas por vinculación a grupo irregular Tancol en Apure https://t.co/rI0GoYhp6U pic.twitter.com/PV4nkzjABm
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) February 6, 2022
El Supremo indicó en un comunicado que en dos audiencias distintas, las 35 personas recibieron la orden de detención por los presuntos delitos de terrorismo y asociación para delinquir, previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Asimismo, dijo que a 12 personas se les sumó el delito de tráfico ilícito de armas, a cuatro por porte ilícito de armas y a dos por el delito de contrabando agravado. El TSJ explicó que este grupo de personas están involucradas presuntamente con los “Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO)” que a su vez forman parte de los llamados “tancol”.
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El pasado 30 de enero, el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, Domingo Hernández, aseguró que el cuerpo castrense mantendrá las operaciones en la zona fronteriza del país para la erradicación de estos grupos, durante “el tiempo que sea necesario”.
Estas operaciones fueron anunciadas el pasado octubre por el presidente Nicolás Maduro, cuando informó que ordenó a los 560 jefes militares de las unidades tácticas de las Fuerzas Armadas ajustar los planes para liberar al país de grupos “terroristas, armados, narcotraficantes de Colombia”. Antes, el 30 de septiembre, el mandatario denunció, sin mostrar evidencia, que estos grupos tancol (acrónimo inventado por el Gobierno) se están infiltrando en el territorio venezolano para amenazar “la paz y seguridad” de Venezuela.
Detenciones arbitrarias
Desde los enfrentamientos en Apure en marzo del año pasado, que resultaron en un desplazamiento masivo de al menos 2.800 venezolanos que huyeron de sus hogares para escapar de los combates en la región, varias organizaciones denunciaron capturas arbitrarias por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, tras los enfrentamientos actuales entre el ELN y el frente 10, analistas aseguran que, nuevamente, la población civil es la más afectada.
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“Tanto la guerrilla como funcionarios militares venezolanos ubican a todo el que tiene relación con el bando contrario, lo detienen o asesinan”, comentó la experta en la fuente castrense de Venezuela Sebastiana Barráez a Infobae.
“El 26 de enero, la organización Fundaredes, cuyo director Javier Tarazona está injustamente detenido desde hace siete meses, reveló que ha recibido unas 95 denuncias sobre personas detenidas de manera arbitraria en el estado Apure, señalados de actuar con los grupos irregulares colombiano”, agregó Barráez, que explica que muchos jóvenes, mujeres e incluso niños son forzados a prestarle servicio a los grupos armados. “Ahora las disidencias de la Farc atacan a quienes le han servido al ELN, mientras el ELN hace lo mismo con quienes han prestado servicios a las Farc”, comentó.