La crisis social en Bolivia no ha hecho más que agravarse. Tras más de un mes de protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, los ministros de Educación y Defensa presentaron su renuncia esta semana, mientras el presidente barajaba la posibilidad de enviar militares a que levanten los bloqueos en las vías que han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
“Yo que él agarro mi maleta y me voy. Como bolivianos nos están matando ya. Este maldito gobierno que no tiene corazón”, declaró a la AFP Elvira Laura Quispe, una de las ciudadanas que llegó al centro de La Paz para intentar comprar pollos.
Durante un acto en el que presentó a un nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario dijo que envió al Congreso un proyecto para reglamentar el estado de excepción, que se apresta a declarar ante la profundización de la crisis.
Dicho proyecto de ley buscará “fortalecer en este caso puntual a nuestras Fuerzas Armadas en su actuación”, señaló el gobernante, calificando la acción de “humanitaria”.
“El estado de excepción es peor, va a haber muertos, la gente va a renegar. Muchas cosas pueden pasar. Ahorita es hora de dialogar”, dijo por su parte el comerciante Agustín Calcinas, de 43 años.
Pero más allá de la crisis económica y el desabastecimiento crónico que sufre Bolivia, el estallido social ha dejado al descubierto la herida más antigua y profunda de su sociedad: un racismo que divide al país según el color de la piel y el lugar de origen.
En las laderas altas de La Paz y en la vecina ciudad de El Alto, a casi 4.000 metros de altura, se asienta la mayoría indígena y campesina que hoy mantiene cercadas las rutas. Quinientos metros más abajo, se concentran los barrios residenciales y comerciales de las élites de tez blanca, donde el desespero por la falta de gasolina y los precios exorbitantes ha mutado en un mayor resentimiento.
Según El País de España, las expresiones de odio contra los indígenas van en aumento con la aparición de arengas que avalan crímenes contra los manifestantes y exigen la salida del Ejército a las calles para ejercer control.
Según analistas y sociólogos locales, la virulencia de estos discursos actuales responde al quiebre estructural que vivió el país entre 2006 y 2025 bajo las administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS) y el liderazgo de Evo Morales. Durante casi dos décadas, sectores aimaras, quechuas y pequeños agricultores accedieron por primera vez a puestos de poder, universidades y acumularon capital económico.
El investigador Carlos Macusaya explica que el retorno de un gobierno de corte tradicional con Rodrigo Paz reactivó en las clases medias y altas la idea de que los sectores nativos están usurpando espacios que no les pertenecen.
“En Bolivia es normal que la gente no indígena dirija el país, pero la idea inversa causa repulsión”, explica en El País Macusaya, señalando que la rabia urbana busca devolver a las mayorías populares a su rol histórico de sumisión.
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La ola discriminatoria ya fue recogida en el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que identificó al “racismo estructural y sistémico” como uno de los principales combustibles que agravan la violencia en los más de 70 cortes de ruta del país.
La CIDH ha documentado siete fallecidos en el marco de las protestas, 23 heridos y un alarmante patrón de hostigamiento contra 15 periodistas, reflejando que los puentes de diálogo intercultural están completamente rotos.
Sin embargo, el fuego cruzado de intolerancia se ha movido en ambos sentidos del espectro social. Mientras los sectores acomodados tachan de “ignorantes de color cobrizo” a quienes se manifiestan, en los puntos de bloqueo el rechazo al presidente Paz se ha teñido de xenofobia.
Sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos campesinos, alineados con consignas impulsadas por el expresidente Morales desde el Chapare, han enfocado sus exigencias de renuncia hacia el presidente Paz apelando a un discurso de corte indianista, tildándolo de “invasor”, aprovechando que el mandatario nació en España.
El periodista Juan José Toro Montoya advierte que del otro lado el racismo está siendo instrumentalizado como un arma de agitación ideológica. Esta campaña contra Paz se ha visto reforzado con noticias falsas y audios alterados para movilizar a comunidades rurales enteras en Yapacaní bajo la premisa de defender sus identidades frente al poder central.
Las organizaciones indígenas sienten que las reformas agrarias de Paz y la inclusión de empresarios agroindustriales en su gabinete representan un retorno al periodo neoliberal, borrando el avance de representación civil que obtuvieron durante las casi dos décadas de gestión del MAS.
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Sociólogos como Álvaro García Linera recuerdan que en Bolivia las mayorías sociales ya no aceptan un rol de sumisión política, lo que vuelve el uso de la fuerza militar un recurso de altísimo riesgo que podría consolidar una fractura social de consecuencias impredecibles.
Mientras los intentos de diálogo fracasan, en las capitales, la cotidianidad se ha desmoronado. La Gobernación de La Paz decretó la emergencia sanitaria en sus centros médicos para racionar el escaso oxígeno medicinal y los fármacos disponibles. En los mercados se registraron tumultos diarios de cientos de personas que se agolpan para comprar carne de pollo distribuida de emergencia por las alcaldías, mientras los precios de los vegetales básicos se han duplicado.
Este gobierno es incapaz. Son 34 días de bloqueo que no da solución. El sector productivo va muriendo", dijo a la AFP Hugo Calvo, un productor de leche.
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