Varios fueron los motivos que enumeró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar el miércoles la revocatoria de las licencias petroleras en Venezuela, otorgadas por el gobierno de su antecesor, Joe Biden. Primero, eso: el “acuerdo de transacción petrolera” al que se refiere el republicano fue sellado por la administración del “corrupto Joe Biden”, como le llamó a su máximo antagonista político.
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La de Biden fue una medida adoptada en noviembre de 2022 y que revertía las sanciones impuestas por el primer gobierno de Trump en el marco de su estrategia de máxima presión contra Nicolás Maduro. El demócrata lo decidió así una vez el régimen y la oposición reanudaron los diálogos políticos el mismo mes de ese año. La licencia, a favor de la operación de la firma estadounidense Chevron, le permitía a esta reanudar limitadamente sus actividades de exploración y explotación en el país caribeño.
Las sanciones durante la administración pasada se movieron al son de dicho diálogo político: el Acuerdo de Barbados, que planteaba las condiciones para unas elecciones libres en Venezuela, profundizó los alivios. Pero luego el incumplimiento de los compromisos por parte del régimen de Maduro, cuyo colofón fue su autoproclamación como presidente tras las elecciones del 28 de julio pasado, hizo que la Casa Blanca reculara, aunque también con limitaciones, para no afectar sus propios intereses económicos, como han advertido distintos analistas.
Luego, Trump se quejó de que Venezuela “no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país (los buenos viejos Estados Unidos) de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado”, una estigmatizante referencia a los migrantes venezolanos irregulares deportados desde el país norteamericano. El mandatario parece “desconcertado por la poca capacidad de Venezuela para recibir a los deportados”, observa Antonio De Lisio, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Según cifras citadas por él, Caracas debería haber recibido a unos 2.000 expulsados en el marco del acuerdo suscrito con la Casa Blanca, pero la cifra no superaría, a hoy, los 400.
De Lisio, al igual que otros expertos, no obstante, es cauteloso con el anuncio de Trump: hay que esperar a ver cómo queda concretado en una medida oficial. “Tenemos que esperar lo que dice la OFAC”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que debe pronunciarse antes del 1.° de marzo, le dijo Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, Texas, a la AFP. Según él, la de Trump puede ser una estrategia “para que Maduro ceda en lo que él quiere”. De Lisio, por su parte, no descarta que Maduro trate de “ganar tiempo” por medio del “lobby” con Washington.
Hubo, asimismo, una razón política: Trump explicó que su decisión “tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro”. Sin embargo, no mencionó explícitamente a Edmundo González, a quien en el pasado había llamado “presidente electo” de Venezuela.
En definitiva, el anuncio de este miércoles se suma a las “señales un tanto confusas y contradictorias” por parte de Trump, en palabras de Txomin Las Heras, presidente de la asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Más aún, para el analista es evidente que en la Casa Blanca cohabitan “dos almas”: “Una pragmática, que busca llegar a un acuerdo con Maduro. Detrás de ella podría estar el ‘lobby’ petrolero, al que le puede interesar hacer negocios. Y otra alma, representada por el secretario de Estado, Marco Rubio, donde se tiene una posición más dura desde lo político”.
“Rechazamos categóricamente este tipo de acciones solicitadas públicamente por la oposición extremista y fracasada del país”, dijo la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, en un comunicado.
El enigma que desde la elección de Trump representó la cuestión de Venezuela, evidentemente, parece lejos de esclarecerse.
¿Qué impacto económico tendría la medida?
Los analistas coinciden en que el impacto se sentirá principalmente en los ingresos del gobierno y, por desgracia, en el bolsillo de los ciudadanos, inmersos ya en una grave crisis humanitaria.
De Lisio explica que perder la operación de Chevron se traduce en restar unos 200.000 barriles diarios a la producción de crudo venezolano, lo que es entre un cuarto y un quinto de la producción total. Añade que eso no significa necesariamente que dicha producción cesará, sino que habría que buscar nuevos socios: “Otros países interesados, como India, podrían estar interesados (…). Habría que ver si estarían en condiciones, porque quizás entrarían en conflicto con la administración de Estados Unidos”.
Tanto De Lisio como Las Heras señalan que es, en todo caso, un escenario que Maduro seguramente ya contempla y al que se ha tenido que enfrentar en el pasado. Tras el alivio de sanciones de Biden, Venezuela pudo “vender su petróleo en mejores condiciones que antes, porque antes se hacía en el mercado negro (lo que implica venderlo con un descuento)”, explica Las Heras. Volver a esas condiciones significaría menores ingresos, pero es una experiencia que Miraflores ya tiene, insiste el investigador.
“Hablamos de una pérdida de casi US$4.000 millones en ingresos de flujo petrolero, que son ingresos para el país, que tiene una incidencia directa en el flujo de divisas, por ejemplo, para vender en el mercado cambiario, y eso por supuesto presiona aún más la devaluación y la inflación”, expuso el socio director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, para el medio venezolano “Efecto Cocuyo”.
De Lisio resume la situación en que el costo de vida de las personas estaría “muy comprometido”, lo que no es ajeno a Colombia, pues una situación más crítica podría impulsar nuevos flujos migratorios hacia este país, en un panorama internacional (encabezado por Washington) ya muy hostil con la movilidad humana.
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